Ministerio de Vivienda plantea topear cantidad de asesoramientos de institutos técnicos a cooperativas

El jueves 30 se reunió una de las mesas de diálogo que esta administración instaló para intercambiar en torno a los distintos temas del cooperativismo de vivienda. Según dijeron a Búsqueda algunos asistentes a la convocatoria, allí se intercambió sobre un “instructivo” que plantea la creación de un “Índice de Capacidad de Asesoramiento” (Inca) de los institutos de asistencia técnica, registrados en el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT). El documento había sido compartido unos días antes.

A juicio de uno de los representantes de ese instituto, el instructivo tiene la “clara intención” de “frenar” el desarrollo de la empresa.

“Esta administración está obsesionada con limitar y restringir al instituto” con una medida que es “ilegítima” porque obstaculiza el derecho al trabajo de los integrantes, socios y contratados del CET-PVS.

Esa empresa y el MVOT tienen juicios cruzados por problemas constructivos en dos cooperativas de vivienda del interior del país, y en 2019 el CET-PVS fue inhabilitado a firmar nuevos contratos hasta que haya rescindido o cumplido el 70% de los proyectos registrados en el ministerio.

Según un informante, cuando ese instituto está próximo a cumplir con dicha sanción, se propone “sin ninguna motivación o explicación” un cambio en el régimen vigente, que de aplicarse generaría un “perjuicio enorme” a CET-PVS. Advirtió que la instrumentación de los cambios metodológicos podría provocar “demandas” contra el MVOT, por lo que la intención regulatoria no sería “algo beneficioso para nadie”.

Ese instituto, fundado en 2011, tiene organizada su estructura profesional para cumplir con el régimen actual, en el que rige un coeficiente de capacidad de asesoramiento (CCA) de los IAT que es emitido por un registro de ejecutores externos de vivienda del ministerio, explicó una fuente.

El nuevo índice

Según surge del instructivo propuesto, al que accedió Búsqueda, el índice determinará el número total de cooperativas que cada instituto estaría en condiciones de incorporar para asesorar en un momento determinado, de forma de “asegurar” a las entidades que ya reciben asistencia y a las que la buscan una “adecuada disponibilidad de recursos profesionales y técnicos, para el correcto cumplimiento de las obligaciones legales, reglamentarias y contractuales de los IAT”.

El nuevo índice, que calcularía y actualizaría la Dirección Nacional de Vivienda (Dinavi) del MVOT, consideraría un conjunto de variables para construir varios coeficientes. Por ejemplo, se propone considerar la cantidad de cooperativas que un instituto esté asesorando, según la etapa del proyecto en que se encuentre (inscripción, presentación del anteproyecto, en obra, finalización de la construcción, etcétera), la cantidad de técnicos con los que cuenta el IAT en cada disciplina, la antigüedad en el mercado y la permanencia del staff.

Además, plantea tener en cuenta la existencia y tipo de sanciones impuestas por el MVOT a un instituto. Las sanciones pueden ir desde una observación-apercibimiento o multa (el antecedente caducaría entre los dos y tres años desde que se notificó la sanción) hasta la inhabilitación para suscribir nuevos contratos y la suspensión de la personería jurídica (en estos casos, el antecedente caería a los cinco años desde el cumplimiento de la sanción).

Otro coeficiente incluiría la evaluación del cumplimiento de los cometidos de asesoramiento de los institutos, que realiza la Agencia Nacional de Vivienda (ANV).

El tope “alevoso”

Más allá del resultado del índice, que se calcularía mediante la multiplicación de los coeficientes, el instructivo establece un límite o tope en relación con la cantidad de cooperativas que un instituto puede asesorar a la misma vez.

Plantea que “cada IAT podrá asesorar hasta un máximo de 50 cooperativas de vivienda en forma simultánea, cualquiera sea la etapa del proyecto” en la que se encuentre. Y agrega que “en ningún caso se podrá superar el máximo de 20 cooperativas de vivienda en etapa de obra” a la vez.

En el caso de que se superen esas cifras, plantea que los institutos vayan disminuyendo los asesoramientos “en la medida que vayan dando cumplimiento a sus cometidos” de forma paulatina hasta llegar al máximo previsto, indica el documento.

Para el CET-PVS, el tope propuesto es “lo más grave y alevoso” del instructivo. “Además de ser una limitación burda y grosera de la libertad de trabajo constitucionalmente protegida (...) confirma la única finalidad de atacar” al instituto, porque ninguna otra empresa del rubro llega actualmente a los límites propuestos, aseguró la fuente.