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OPP reverá criterio, para tener mayor control sobre inversiones en caminería rural departamental
Las nuevas autoridades del Área de Descentralización de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto no comparten que el mantenimiento de caminería rural solo deba recibir certificación de las intendencias, como quedó establecido desde 2021
El Congreso Nacional de Intendentes aprobó el cambio de criterio en 2021
A un mes de que las autoridades de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) asumieran sus cargos, los funcionarios de las distintas áreas del organismo están “abocados a hacer un diagnóstico” de sus respectivas divisiones. Una denuncia de la Asociación Nacional de Control y Participación Ciudadana, que presume irregularidades en la gestión de los fondos destinados a la caminería rural, incluye un reclamo sobre la falta de control por parte de la OPP en obras de mantenimiento en distintos departamentos.
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Si bien desde el área jurídica no se tiene “ningún conocimiento” sobre “una citación o vinculación relacionada a alguna denuncia con tratamiento en Fiscalía”, José Manuel Arenas, director de Descentralización de la OPP, comentó a Búsqueda que una de las constataciones “a estudiar” tiene que ver con el proyecto de mantenimiento de caminería rural, conocido como “999”, de línea de financiamiento doméstico. Según informó, hubo un “cambio de criterio” en el período anterior —en 2021—, con el que las transferencias destinadas a los gobiernos departamentales pasaron de ser certificadas por técnicos de OPP a solo necesitar de una certificación de la intendencia correspondiente. “El propio gobierno departamental que recibe la transferencia para el mantenimiento de la caminería rural hace su propia certificación de la obra y simplemente envía a la OPP un reporte de eso”, explicó Arenas.
Dentro de la División Infraestructura, perteneciente al Área de Descentralización, se administran tres grandes programas: uno es el Fondo de Desarrollo del Interior, con origen en el artículo 298, inciso 2° de la Constitución de la República, que destina a los gobiernos departamentales una alícuota de los impuestos recaudados en el interior. Otro es el Programa de Gestión Subnacional, financiado por una línea de préstamo negociada y gestionada con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El tercero es el Programa de Caminería Rural, que además del proyecto 999, con fondos de origen nacional, incluye el Programa de Caminos Rurales Productivos (PCRP) conocido como “994”, también con recursos provenientes del BID.
Cambio de criterio
Si bien para cada uno se aplican distintas metodologías de implementación y de ejecución, todos pasan por un proceso en el que “se envía un dinero a las intendencias para la realización de determinadas obras, y se liberan los fondos a medida que los técnicos van certificando que esas obras se vayan haciendo de la manera en que fueron establecidas”. El cambio de criterio para el proyecto 999 lo convirtió en el único que no pasa por la certificación de los técnicos de la OPP.
“Nosotros no compartimos ese criterio y vamos a intentar reeditar el criterio anterior para que haya un control mayor de la OPP de las partidas que se envían a los gobiernos departamentales vinculados al mantenimiento de la caminería, que es lo que se hace, además, con los demás programas de transferencias”, afirmó el director de Descentralización.
Desde el punto de vista formal, los montos que se destinan a los gobiernos departamentales para los programas deberán ser discutidos en el segundo semestre del año, cuando se delibere en el Parlamento el Presupuesto quinquenal. La Comisión Sectorial de Descentralización, que funciona en la órbita del Congreso Nacional de Intendentes, aprueba las alícuotas y define cómo se distribuyen estos fondos en cada uno de los departamentos. Es en esta instancia en la que también, explicó Arenas, se establecieron las pautas del mantenimiento de la caminería rural que implicaron el cambio de criterio de certificación para el proyecto 999.
“Haber cambiado el criterio no significa que haya habido una resolución expresa de alteración a un criterio anterior, sobre el cual tampoco había una resolución. Nosotros buscaremos la forma y el formato de que sea una metodología que tenga una previsión normativa más contundente, de forma que no se pueda alterar tan fácilmente”, puntualizó Arenas.
La Asociación Nacional de Control y Participación Ciudadana denuncia que, según pedidos de acceso a la información pública e investigaciones propias, existe falta de transparencia por parte de varias intendencias en cuanto al manejo del presupuesto para el mantenimiento de caminería rural, y también una presunta omisión de control por parte del Tribunal de Cuentas.
