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    Puerto: Lobraus recurrió rescisión de concesión y acusa a la ANP de actuar en “represalia”

    La empresa logística alegó en el Ministerio de Trabajo que no puede pagar el 100% de los despidos y pidió una nueva reunión en la que participe el ente portuario

    En una nueva reunión tripartita realizada en el Ministerio de Trabajo, este martes 27, para atender la situación de los trabajadores de Lobraus Puerto Libre, la empresa señaló que su situación económica empeoró luego de que la Administración Nacional de Puertos (ANP) anunciara la decisión de rescindirle la concesión en la terminal de Montevideo, a la vez que planteó que no tiene los recursos para pagar la totalidad de los despidos y solicitó a los mediadores que se cite al ente portuario para la próxima instancia en la Dirección Nacional de Trabajo.

    Además, la firma logística dejó una copia del recurso de revocación y anulación que presentó la semana pasada contra la resolución de rescisión de la ANP. Ese asunto todavía no quedó firme, pues se trata de un “acto complejo” en el que interviene el Tribunal de Cuentas, el Ministerio de Transporte y la Presidencia de la República.

    En ese recurso Lobraus se enfoca en la decisión expresa de la ANP de no notificar ni dar vista previa de la actuación, lo que, entiende, atenta contra el debido proceso. Agrega que lo resuelto es “inconstitucional y viola el derecho a la defensa” al arrogarse la administración “potestades que no tiene” e incurrir en “abuso de poder”.

    Sostiene que la sola filtración a la prensa de la decisión de rescindir la concesión a Lobraus “ha precipitado los efectos absolutamente negativos, graves e irreversibles” para la empresa, y agrega que le causan “daños económicos” que afectan a los trabajadores y clientes.

    Apunta, además, que en el marco de los litigios que interpuso contra las autoridades de la ANP, la realización de una sesión de directorio extraordinaria para resolver la rescisión de la concesión “evidencia una premura, que no responde al interés general, sino a una voluntad de represalia o de ‘hecho consumado’ ante la inminencia de las audiencias judiciales”.

    Concluye que la resolución impugnada no es el “resultado de un análisis técnico objetivo, sino de un acto administrativo teñido de subjetividad y viciado de posible desviación de poder”.

    El recurso, que Lobraus también envió a Presidencia y al Tribunal de Cuentas, solicita la suspensión de la aplicación del acto administrativo, por causar “daños graves”.