Puerto: Lobraus amenaza con demandar a la ANP por US$ 50 millones ante “pérdida de la inversión”

De no encontrar una solución, en la acción judicial Lobraus anuncia que reclamará a la administración US$ 50 millones por la “pérdida de la inversión realizada”, “perjuicios económicos directos” y lucro cesante debido a la “pérdida de las ganancias proyectadas hasta el fin de la concesión (año 2046), frustradas por las acciones arbitrarias” de la ANP, según el escrito al que accedió Búsqueda, presentado el lunes 8 en el Juzgado de Conciliación.

Citación y apercibimiento

La demanda por US$ 50 millones que Lobraus anuncia contra la ANP en el escrito entregado esta semana a la Justicia, si no se logra un acuerdo, se presentaría formalmente ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, indica el documento redactado por la abogada de la empresa, Silvia Etchebarne, quien además es su gerenta.

Para la audiencia de conciliación, que se fijó para marzo de 2026, la firma solicitó citar a todos los miembros del Directorio de la ANP.

Entre los fundamentos expresados en el escrito, enumera una serie de acciones administrativas con las que, afirma, el ente portuario resuelve de manera arbitraria y con “mala intención”. Entre ellas, menciona intimaciones para que Lobraus cumpla con obras comprometidas y pagos. Además, refiere a “contradicciones” de jerarcas de la ANP entre la exigencia de que la empresa construya la torre de 22 pisos que había proyectado, bajo amenaza de multas y el deseo que no se realice ese edificio, “creando una situación paradojal y de completa inseguridad para la inversión”.

También alude a “omisiones administrativas” y a la “afectación de la ecuación económico-financiera” del concesionario al otorgar a Terminal Cuenca del Plata el “monopolio de facto de la operativa de contenedores” en 2021, lo que —indica el escrito— “redujo la operativa de otros operadores en un 80%, incidiendo drásticamente en los ingresos de Lobraus”.

A su vez, manifiesta una “caída abrupta de la facturación” por la disminución de los trasbordos, que significan el “80% de la operativa” para el depósito logístico.

Lobraus

Entre los fundamentos, el concesionario alega una conducta “discriminatoria” y la “violación” del tratado bilateral de promoción y protección recíproca de inversiones con Estados Unidos, algo por lo que el accionista principal de Lobraus —Renato Ferreira— había solicitado en noviembre que la embajada de ese país le gestionara una reunión urgente con la titular del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), Lucía Etcheverry.

El escrito también refiere a un “agravio a la seguridad jurídica por cambios en las reglas de juego” que terminan “desestimulando la inversión y atacando derechos adquiridos”. En esa línea, señala el otorgamiento de permisos de manera “indiscriminada” y la pretensión de expropiar 332 metros cuadrados del área de la concesión.

Otro jugador portuario

En paralelo a todo esto, hace unas dos semanas Etcheverry recibió a representantes de PTP Group, un holding argentino que estuvo interesado, primero, en adquirir el negocio de Lobraus y, luego, en obtener de parte de la ANP la cesión de la concesión, presentándose junto con los acreedores de Lobraus que financiaron la construcción del depósito en el puerto capitalino con la inversión en una emisión privada de obligaciones negociables. Así lo señaló la semana pasada en una audiencia judicial Carlos Perera, que testificó en representación de su sociedad de bolsa De Baeremaecker y Perera (D&P) en una causa iniciada por Lobraus contra PTP Group por violar un acuerdo de confidencialidad sellado en diciembre de 2023 entre ambas firmas.

En esa fecha, el conglomerado argentino había estado interesado en comprar el negocio de Lobraus y había iniciado un proceso de intercambio de información bajo cláusulas de confidencialidad.

En la audiencia, Perera indicó que conoció a PTP Group cuando comenzó a buscar compradores para Lobraus y que fue el entonces presidente de la ANP, Juan Curbelo, quien los puso en contacto.

Alegó que el interés de Curbelo era buscar una salida para el diferendo con Lobraus porque lo consideraba una “bomba de tiempo”, ya que nunca en la historia de la ANP se había dado la rescisión de una concesión.

El corredor de bolsa declaró que entonces, tras reunirse con PTP Group, no se logró avanzar porque Lobraus no aceptó la oferta que le hicieron los argentinos por el negocio.

Perera agregó que Lobraus tiene “desde 2022 patrimonio negativo” y que existe una “presión” de la asamblea de tenedores de sus obligaciones negociables, que quieren cobrar. Los acreedores son 25 inversores representados por D&P que financiaron a través de la emisión de deuda por Lobraus la construcción del depósito logístico.

PTP

Dado el incumplimiento de pago del capital prestado, D&P inició acciones civiles para cobrar la deuda, ejecutando un contrato de prenda de acciones de Lobraus en garantía. Además, buscó interesados en comprar el negocio de Lobraus a través de la “cesión condicionada de la concesión”, que también constituía una garantía de repago de las obligaciones negociables.

El año pasado, luego de que trascendiera públicamente el interés del grupo argentino de hacerse de la concesión de Lobraus, el entonces senador frenteamplista Charles Carrera realizó un pedido de informes al MTOP. Ese legislador y el periodista Eduardo Preve, de M24, señalaron que PTP Group estaba siendo investigado “por crimen organizado y lavado de activos en Argentina y Paraguay”.

Finalmente, la ANP no hizo lugar al pedido de la cesión de la licitación a PTP Group y dejó en suspenso —a resolver por las autoridades que asumieran en el nuevo gobierno— una resolución en la que el ente planteaba la rescisión de la concesión de forma unilateral, por varias razones, como el “incumplimiento de las obligaciones impuestas” en el contrato de concesión, entre otras.

En esta gestión, Lobraus solicitó refinanciar la deuda del canon y otros conceptos, pero el trámite terminó con un utlimátum de pago que fue recurrido por el operador y que aún no se resuelve.

En torno a los incumplimientos de la firma concesionaria se dio una polémica por los dichos del director de la oposición, Jorge Gandini, que también enfrenta denuncias de Lobraus en la Justicia.