La resolución llegará por la “decisión política” unánime del Directorio de la ANP, que tardó en definir su postura, ante el “incumplimiento” de un requisito de parte del consorcio y del análisis jurídico realizado por los servicios del ente, que recomendaron desechar la oferta, por lo que el proceso podría haberse frustrado, dijeron a Búsqueda varias fuentes del organismo.
El director en representación de la oposición en la ANP, Jorge Gandini, dijo a Búsqueda que la decisión que se prevé tomar cuenta con un “blindaje jurídico”, porque no habría un tercero o “reclamante legitimado” para accionar ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y también con un “blindaje político” porque se toma de manera consensuada entre los integrantes del directorio. Consideró que se trata de un “mecanismo de excepción” que propuso, dada la necesidad de “pragmatismo y sentido común”, sobre la falta de un dique en el puerto y que “no se aparta de la legalidad”.
El consorcio Christophersen-Rimader es el que se encamina a ser concesionario por 30 años de un área terrestre de 13.862 metros cuadrados y de un espejo de agua para la instalación del dique flotante (nuevo o usado) y polo de reparaciones navales en la zona de la terminal pesquera Capurro, en el Puerto de Montevideo.
Las fuentes aseguraron que está previsto que el área se entregue en su actual estado de conservación, como señala el pliego licitatorio, con su cota y pavimentos existentes, y con el suministro de electricidad y agua potable.
El oferente se obliga a pagar un canon mensual de US$ 1,655 por metro cuadrado (serían unos US$ 23.000). Ese canon es mayor al que estaba previsto en el pliego licitatorio (US$ 1,10 por metro cuadrado). Además, estará obligado a abonar a la ANP el 1,5% de la facturación mensual por los servicios que preste.
A la vez, los informantes indicaron que el consorcio declara una inversión de US$ 18 millones, sin discriminar entre costos propios, de traslado e instalación del dique, que lo tendrían ubicado en China.
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El antiguo dique Tsakos se terminó de desguazar el año pasado, y ese espejo de agua ahora se destinará para la instalación del próximo
El oferente indica, agregaron, que la estructura metálica sumergible a instalar tendría aproximadamente el 50% de la capacidad de izaje del antiguo dique Tsakos. Apuntaron que para su llegada a puerto e ingreso en el espacio previsto en el puerto pesquero es preciso dragar, lo que estaría entre las tareas que asumiría el consorcio.
De por sí, el Puerto Capurro requiere de una inversión en dragado que está pendiente para que puedan operar los buques de pesca de bandera extranjera, entre otras inversiones que se evalúan para mejorar las condiciones de operación actual.
El interés de la ANP es que el “polo de reparaciones navales” sea de nivel internacional, luego de más de dos años de que el dique Tsakos dejara de funcionar y los pesqueros, en especial extranjeros, tuvieran que derivar tareas de mantenimiento a astilleros de la región, España o Sudáfrica, incluso.
Para realizar las reparaciones, que se planifican con antelación, los barcos son elevados en estas plataformas flotantes para izarlos y poder trabajar “en seco” y así inspeccionar el casco, limpiarlo, repararlo, pintarlo, etcétera.
Hasta ahora, los barcos de la pesca nacional, un sector que hace años atraviesa meses de paralización y conflictividad durante la zafra, realizan su mantenimiento en el dique de la Armada Nacional y en un varadero privado en el Cerro.
La oferta “es conveniente”
El director Gandini afirmó que la oferta de Christophersen-Rimader es “conveniente”, porque —entre otras cosas— proviene de dos firmas que reúnen experiencia, conocimiento y trayectoria en los asuntos de operativa portuaria.
Explicó que el “incumplimiento” constatado luego de recepcionada la propuesta del consorcio refiere a que la garantía de mantenimiento de oferta no se presentó a nombre del consorcio, sino de una de las empresas que lo integra. Eso, aclaró, no se le hizo conocer al oferente en el momento de la apertura licitatoria, pero luego fue el motivo por el que la comisión de adjudicaciones de la ANP propuso “desechar” la oferta, con el informe “coincidente” de los servicios jurídicos de la ANP porque el requisito exigido en el pliego vinculado a la garantía estaba dentro de los de carácter “esencial”. Si hubiere sido un requisito “formal”, la empresa podría haberlo corregido en determinado plazo, explicó.
Pero Gandini fundamentó que cabe hacer una “excepción” y adjudicar la concesión porque cuando eso ocurra “aquel incumplimiento deja de ser tal, porque la garantía debe ser sustituida por un cumplimiento del contrato” con la ANP, la que se le reintegrará al consorcio una vez que culmine con la instalación del dique.
Por tanto, para Gandini, “no parecería ser inconveniente para la administración” la adjudicación. Además, sostuvo la conveniencia y oportunidad de aceptar la propuesta del consorcio porque —alegó— “no hay diques disponibles en Mercado Libre, demora mucho tiempo en construirse uno o en obtenerlo, hacerlo navegar, traerlo hasta aquí, dragar la fosa, instalarlo”, etcétera.
El director blanco señaló que el puerto hace más de dos años que no tiene un polo de reparaciones navales, por lo que se está perdiendo trabajo y oportunidad de tareas de mantenimiento, ya que muchos barcos deben realizarlo en otros puertos de la región y del mundo. Indicó que si la licitación se desechara y se repitiera el llamado, es posible que se pierda buena parte de esta administración, sin tener la certeza —además— de que se presente algún interesado en una nueva instancia.
“Todo eso sería muy gravoso para la administración y para el país”, evaluó. Y agregó que “basado en la necesidad, en la urgencia y en que este fue el único oferente, que no habría nadie perjudicado y que el incumplimiento tiene características formales (...), parece razonable y de sentido común” que quienes tienen la “obligación de administrar bien los servicios públicos lo hagan”, más allá de que la decisión no coincida con los informes jurídicos del ente, “que miran estrictamente lo que dice la letra”.
Para Gandini, es necesario “mirar el interés general, el contexto”, y aseguró que la decisión política no se apartaría de la legalidad. A propósito de ello, dijo que se asesoró con el área jurídica de la ANP respecto a que los informes recibidos de parte de los servicios técnicos y jurídicos “no son vinculantes al directorio”.
