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    Standard & Poor’s ratifica calificación de Uruguay y desliza dudas sobre el plan fiscal del gobierno

    La agencia valora el “compromiso” con la consolidación fiscal, aunque marca que puede haber “presiones” para aumentar el gasto público y que hay posiciones divididas dentro del oficialismo frenteamplista

    Ponderando del gobierno de Yamandú Orsi su “compromiso con la prudencia fiscal” pero, al mismo tiempo, las posibles dificultades para alcanzar las metas debido a “presiones” que podrían “favorecer políticas expansivas de gasto”, la agencia Standard & Poor’s (S&P) ratificó este miércoles 26 la calificación “BBB+” de la deuda pública uruguaya y su perspectiva “estable”.

    Esa nota se sustenta en la estabilidad de la democracia y las instituciones políticas del país, un Producto Interno Bruto (PIB) per cápita alto en la región y un “sólido” perfil externo. “Sin embargo, Uruguay enfrenta restricciones presupuestarias y ha logrado avances limitados en la reducción de su déficit público, lo que se ha traducido en un crecimiento sostenido de la deuda”, acotó S&P en su comunicado.

    Además, la flexibilidad monetaria “se ve limitada por un alto nivel de dolarización. No obstante, los esfuerzos del Banco Central por anclar la inflación en torno a su meta muestran una “creciente credibilidad, lo que sienta las bases para la profundización del crédito en moneda nacional y los canales de transmisión monetaria”.

    “Diversidad de opiniones”

    El comunicado de la agencia hace un repaso del cambio político ocurrido este año. Los primeros meses de la nueva administración del Frente Amplio “apuntan a la continuidad de la orientación general de la política económica”, señala.

    La propuesta de añadir un ancla de deuda a la regla fiscal, incluida en el proyecto de Presupuesto, “amplía la visibilidad de la estrategia fiscal del gobierno más allá del período presupuestario de cinco años”, evalúa la calificadora. Advierte que “si bien existe consenso político sobre la importancia de políticas fiscales sostenibles, la diversidad de opiniones dentro de la coalición gobernante respecto al tamaño del sector público podría ralentizar la ejecución de la agenda económica. Considerando las limitaciones políticas para reducir el gasto, priorizar la corrección fiscal podría volverse más difícil si el crecimiento económico no alcanza las expectativas”.

    En ese sentido, S&P proyecta que, tras una expansión del 2,2% en 2025, el PIB desacelere su ritmo de crecimiento a “alrededor del 2% en el período 2026-2028, dadas las perspectivas de inversión más débiles”.

    Para la agencia, “mantener un crecimiento promedio en línea con el de los países soberanos con niveles similares de desarrollo podría resultar difícil en el mediano plazo si la inversión no se recupera”. Insiste en señalar que el marco fiscal propuesto “demuestra un compromiso con la prudencia fiscal”, si bien “alcanzar las metas propuestas podría ser difícil debido a presiones políticas que podrían favorecer políticas expansivas de gasto”.

    “Desafíos” y “contrato social”

    S&P proyecta que el déficit fiscal se ubicará en un 4% del PIB en 2026, un aumento de 0,8 puntos porcentuales con respecto a 2024, debido principalmente “a la sobreestimación de los ingresos en el presupuesto 2024-2025 y a las significativas presiones de gasto”. Añade que “el retroceso en la corrección fiscal pone de relieve la complejidad de abordar las restricciones presupuestarias de Uruguay”. Esto “refleja desafíos estructurales, como el envejecimiento de la población y la indexación” salarial de nóminas, pero también un “contrato social en el que el Estado de bienestar es un elemento clave de la cohesión social. Además, el presidente fue elegido con la expectativa de ampliar el gasto social”.

    Estima que, una vez que los cambios tributarios planteados en el Presupuesto se implementen plenamente en 2027, el déficit comenzará a disminuir y debería situarse cerca del 3% del Producto. La reforma fiscal propuesta “se ha diseñado para limitar su impacto en la competitividad, pero podría presentar riesgos de implementación, especialmente en lo que respecta a un nuevo impuesto mínimo global”, advierte.