La discusión sobre el Impuesto Mínimo Complementario Doméstico produjo “movimiento” y “ruido” en el entorno de las zonas francas uruguayas, asegura Mario Maneyro, nuevo presidente de la cámara del sector. Mientras se definen detalles de ese tributo que gravará a grandes empresas multinacionales para evaluar su impacto, reclama: se precisa “volver a generar estabilidad y confianza” respecto a un régimen de enclaves que perduró en gobiernos de distinto color político y pronto cumplirá 40 años.
Sobre esa y otras preocupaciones de la Cámara de Zonas Francas, Maneyro, un ejecutivo de Pepsicola Manufacturing Company of Uruguay —compañía que opera en la Zona Franca de Colonia—, conversó con Búsqueda.
—Como nueva directiva, que en realidad es una continuación de lo que ya veníamos haciendo, la prioridad es enfocarnos en la seguridad jurídica, la competitividad y la promoción.
Uruguay decidió implementar el impuesto mínimo complementario doméstico, lo está terminando de hacer —hace muy poquitos días se publicó un nuevo decreto— y todo eso genera un movimiento en lo que era nuestra seguridad jurídica como pilar fundamental que teníamos como política de Estado desde 1987. Es un enfoque distinto al que había tenido Uruguay en los últimos años. Hubo movimiento, hubo ruido, entonces lo que necesitamos es volver a generar estabilidad y confianza respecto a eso.
—Entiendo que dice que hubo ruido cuando se planteó el impuesto. Ahora, que el impuesto ya está prácticamente en aplicación, ¿cómo lo analizan desde la cámara?
—Hubo que repensar un poco, escuchar cómo se iba a adaptar, qué iba a impactar, a eso me referí como movimiento. Es muy reciente la regulación, entonces hay que seguir estudiando y ver cómo impacta a cada empresa. Y hay un aspecto que todavía es un pendiente respecto de los créditos rembolsables permitidos, que son parte de la estrategia y no está claro si Uruguay podrá hacer algo o no al respecto. Entonces, hay muchas cosas que tienen que suceder antes de que se pueda implementar. Son pasos que tienen que ir ocurriendo; nuestra expectativa era que ocurrieran el año pasado, pero, bueno, no se llegó, y hay que seguirlo trabajando.
—Todavía está difuso ese punto sobre los créditos rembolsables, ¿pero alguna empresa que opera en las zonas francas puede llegar a replantear su presencia en el país a partir de este impuesto o frenar inversiones?
—Eso es a nivel de cada empresa y no tenemos información de que alguien se esté replanteando eso. Nosotros hablamos sobre el régimen en general, que posiblemente sea menos atractivo, y por eso el tema de los créditos y de redefinir la propuesta de valor de Uruguay es fundamental. Porque si tenemos el riesgo de que Uruguay sea menos atractivo a la hora de radicar nuevas inversiones o nuevas empresas en el régimen de zona franca, que es uno de los grandes atractivos de inversiones que tiene Uruguay...
—¿Dice que Uruguay sería menos atractivo a raíz de esta modificación impositiva?
—A raíz de que se modificó algo que usualmente no se modifica... Teníamos una política de Estado desde 1987, que era un punto muy fuerte para atraer nuevas empresas, es decir que el régimen de alguna forma garantizaba que los impuestos creados y por crearse no iban a aplicar. Bueno, Uruguay, en el marco del impuesto global, tuvo que hacer adaptaciones, y entonces esa seguridad cambió.
—En su opinión, ¿hubiera sido una mejor decisión para Uruguay no adoptar el impuesto? Es de los pocos países en la región que lo está implementando...
—En su momento, como cámara, expresamos que tal vez era mejor esperar, no ir tan rápido, para permitir que la experiencia de otros países nos fuera ayudando en la implementación. No fue la decisión que tomó Uruguay; y es una decisión totalmente soberana.
Ahora lo que nos interesa es que la implementación sea buena y que sea para definir esa propuesta de valor de Uruguay.
—¿Cuál es la preocupación de la cámara respecto de la competitividad?
—Lo que hay que atacar, porque de repente la solidez del régimen, los beneficios que el régimen daba, en algunos casos, podrían pasar por alto algunas asimetrías o ineficiencias que Uruguay tiene. Entonces, por eso es que creemos que ahora es el momento de acelerar muchísimo en cuanto a competitividad, y ahí estamos hablando de todo lo que conceptualmente está en la (iniciativa de la) ley de competitividad en el sentido de eliminar burocracia, de digitalizar. Todos esos aspectos son importantes en el sentido de ser más ágiles, más rápidos y más baratos. Sabemos que Uruguay no va a ser competitivo en base a decisiones macroeconómicas, en base a bajar el costo y el nivel de vida de nuestros trabajadores, entonces creemos que tenemos que ser más eficientes.
—¿Alcanza con lo que incluye ese proyecto de ley de competitividad?
—Hay bastante coincidencia a nivel empresarial en que es un paso en la dirección correcta. En el caso particular de las zonas francas hay mucho que se puede hacer —y no requieren ley— y estamos trabajando con la Dirección Nacional de Iniciativa de Inversiones, sobre todo en digitalizar y eliminar algunas asimetrías con otras actividades o requisitos.
—En Uruguay hay 14 zonas francas activas, hay otras en trámite, y ahora se habla de una nueva para la megainversión en parques de centros de datos de Solaria. ¿Es positivo que haya cada vez más zonas y usuarios, o es un indicador de que producir sin ventajas fiscales es caro?
—El caso que menciona es absolutamente positivo y confirma lo que siempre hemos dicho en cuanto a las ventajas del régimen.
Después, las empresas que están en zonas francas no compiten con el territorio no franco, sino que apuntan a dar servicio o productos a otros mercados. O sea que es algo que es 100% beneficio para Uruguay.
—Más allá del atributo de la estabilidad que se le atribuye al país, ¿Uruguay es atractivo si no da incentivos fiscales?
—En el mundo hay 7.000 zonas francas. O sea, de alguna forma hay 7.000 competidores que están buscando dónde captar esas inversiones, compitiendo por los mismos capitales que las zonas francas de Uruguay. Esas son las reglas de juego para competir; además de ser un país estable, además de todas las ventajas que tiene Uruguay, debe ser competitivo en la propuesta impositiva para atraer ese tipo de negocios.
En Uruguay las zonas francas generan 70.000 empleos entre directos e indirectos y también de los salarios más altos; todo eso muestra su impacto muy grande, que no es algo separado del país, sino que está totalmente integrado. Y el número que más nos gusta dar, que es un estudio con el Ceres, es que por cada dólar que Uruguay invierte como exoneración fiscal, al país le vuelven ocho.
—Hay una discusión en torno al gasto tributario y las exoneraciones, e incluso el Ministerio de Economía considera reverlo. ¿Usted dice que esa relación de ocho a uno indica que el sacrificio fiscal asociado a las zonas francas es eficiente?
—No nos corresponde juzgarlo a nosotros. Pero creo que hay un rigor académico atrás de esos números y, lo más importante, si a cualquier persona en Uruguay le dicen que va a invertir uno y le van a devolver ocho, definitivamente es una muy buena inversión, es un muy buen negocio.