El caso Cardama

No vamos analizar el contrato ni los dos contratos de garantía, porque no los leímos. Lo que vamos a hacer es analizar las consecuencias estratégicas negativas o positivas, en las que se verá el Estado uruguayo en caso de rescisión de contrato.

3. Que la Armada Nacional se quede sin OPV por los próximos 10 años, y que los narcotraficantes y ladrones de pescados hagan una fiesta en nuestra plataforma marítima.

4. Que en cualquier contrato nacional o internacional se colocan cláusulas de denuncia o intimaciones entre partes, que son normales de uso (usando los TCC o email). Pero en este caso el asesor jurídico del presidente demostró tener poco conocimiento de derecho administrativo o internacional.

5. Los contratos firmados fueron por lo menos tres (uno de desarrollo constructivo y dos de garantías, de carácter semisecreto), de valores mucho menores e impugnables estos últimos, pero solucionables en una charla entre partes (MDN-ME y Cardama) y controlados por el gobierno anterior y varios abogados del MDN y ME.

6. Que se deberá contratar por lo menos tres bufetes de abogados aquí y en Inglaterra y España, con costos realmente astronómicos y no calculables.

7. Que en caso de perderse el juicio o los juicios nacionales e internacionales, pasarán varios años y acá el único que gana es el astillero. Porque este astillero puede vender los OPV a otros países, que lo necesitan hoy, tanto como nosotros, y, además, cobrar la indemnización correspondiente.

8. Pero mencionemos lo económico: este gobierno ya pagó dos hitos o partes (reconociendo el contrato sin problemas, hasta el 11/10, visita del Sr. Cardama al MDN). Completando los pagos por 30 millones de euros. Inversión ya completada. En caso de rescisión el gobierno, este o el que venga después, deberá pagar 52 millones de euros más abogados (ver punto 4) más tiempo cesante de trabajo más intereses acumulados y algo más. Lo cual no podrá bajar de 75 millones de euros. Para el gobierno, es más 4 millones de euros que 82 millones restantes. Visión y estrategia económica equivocadas (me hace acordar al tema PLUNA).

9. Por suerte existen entre Uruguay y España convenios de resolución de controversias que pueden solucionar fácilmente el problema, pero llevan años de negociaciones.

10. Las OPV ya tienen un adelanto de construcción entre 40% y 60%, por lo menos una de ellas y la otra 20%, depende de las partes pagadas (hitos) por el Estado.

11. Una de las pérdidas más caras de cuantificar es la credibilidad del Estado uruguayo a nivel internacional en negocio de este tipo.

Ejemplo: si vamos a buscar inversores para cualquier tema, ya no van a venir, por la falta de garantías del Estado uruguayo. Por lo tanto, seguro que suba el riesgo país.

12. El mercado de construcción naval internacional está hoy totalmente saturado y no hay astilleros disponibles en el mundo hasta 2027. Incluso algunos astilleros tienen contratos en espera, con fechas de entrega que van hasta 2034. En el plano regional, todos los astilleros argentinos están comprometidos con la renovación de pesqueros de altura y remolcadores. Los de Brasil con petroleros de diferentes tamaños y buques de servicio en general. En Chile dedicados solo a construcción naval. SIMA Perú tiene contratos hasta 2028. Colombia es el único país cuya industria marítima está con capacidad en desarrollo y aumento, tras un acuerdo muy ventajoso con Samsung y HHM de Corea Sur (que la subordinó a las necesidades coreanas).

13. No olvidemos la afectación económica e industrial por los conflictos armados en el mundo (Ucrania-Rusia, Gaza, Nambia y otros) que perjudican el intercambio comercial internacional.

Resumen: por lo tanto, las pérdidas son más de 130 millones de dólares. Como lo dijimos arriba (puntos 1 y 3), el Estado uruguayo se metió en un brete nacional e internacional difícil de salir.

Salvo que dialogue, con buena fe, con el empresario del astillero Cardama (lo cual es difícil). Como siempre, paga Juan Pueblo, no los políticos.

Fundo mi derecho de apreciaciones en el art. 29 de la Consitución.

Diego Ravera G.

Exdocente de Geopolítica y de INJUDE