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Aunque “pretendió justificar su accionar en cuestiones de ‘alta política’” y en el “interés nacional”, la normativa “no le permitía ni autorizaba a actuar como lo hizo, soslayando todo tipo de contralores” para conceder un aval de US$ 13,6 millones a la empresa Cosmo, sostuvieron los ministros

Uruguay pretende que la herramienta se extienda a personas que no se identifiquen “con el género femenino”, porque no hay “razón jurídica” para no darles protección “por el simple hecho de que no son mujeres”