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Días atrás la Policía acudió a una pizzería en Salto para intervenir en una situación de explotación sexual a una adolescente de 17 años. Durante el operativo policial se encontró a la menor en la planta alta del local, donde abusaban de ella, y se incautó droga que los agresores le suministraban. El caso está en la Justicia y el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) está acompañando a la víctima.
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Este tipo de situaciones han aumentado en los últimos años y por eso el INAU tomará medidas para dar una mejor respuesta al problema. En diálogo con Búsqueda el presidente del instituto, Pablo Abdala, dijo que está “muy preocupado” por el crecimiento de los casos de explotación sexual de menores e informó que en los próximos días se abrirá un llamado para contratar 13 nuevos inspectores con el objetivo de que exista un mayor control.
“Sin el inspector es difícil que se pueda cumplir cabalmente con el combate a la vulneración de sus derechos. Por eso es tan importante que se pueda reforzar su capacidad para que el control sea más eficiente”, explicó.
Actualmente el INAU cuenta con 22 inspectores en su Departamento de Espectáculos Públicos para relevar todo el país. En su mayoría están radicados en la zona metropolitana, por lo que varios departamentos del interior no cuentan con profesionales asignados al territorio. Esto implica que cuando un inspector debe actuar, por ejemplo, en San José, se necesita llamar a alguien de otro departamento. Eso deriva en demoras, costos de traslados y viáticos para la institución. Además, se cubre situaciones puntuales pero no se realiza un control preventivo o de relevamiento permanente en esas localidades.
Los datos del Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y No Comercial de la Niñez y la Adolescencia (Conapees) reflejan que en los últimos años los casos aumentaron. Las cifras de 2021, difundidas el pasado 7 de diciembre, mostraron que durante el último año el comité trabajó sobre 494 situaciones de abuso o explotación. De ese total, 156 fueron casos nuevos y los restantes ya se estaban investigando desde años anteriores. Esto representa un incremento del 17% con relación a 2020, cuando el organismo intervino en 410 situaciones.
De los 494 casos registrados en 2021, 364 están en la órbita de la Justicia, ya sea Penal, de Familia, o ambas. Los demás aún no fueron judicializados porque, según explicó Abdala, todavía se está en una primera etapa donde hay indicios, pero no los suficientes para dar cuenta a la Justicia.
En la amplia mayoría de las situaciones —425— las víctimas son mujeres adolescentes, aunque también hay otras que involucran niñas. Un caso de explotación tuvo como víctima a una mujer trans y otros 68 a varones. Al discriminar los casos por departamentos se identifican como focos problemáticos las zonas de frontera, donde los indicadores son cercanos a Montevideo, pese a la diferencia en la cantidad de habitantes. En la capital se trabajó sobre 58 situaciones el año anterior, mientras que en Artigas fueron 46 y en Colonia 44. También influyen las distintas actividades comerciales que se desarrollan a lo largo del año. Maldonado, por ejemplo, es un punto clave durante el verano. Allí se detectaron 42 casos.
En este sentido, Abdala indicó que “se considera que en las zonas de frontera las condiciones son más favorables a que este tipo de situaciones pase”.
El INAU contratará 13 inspectores más, cuyo destino de trabajo será completar las vacantes en Artigas, Cerro Largo, Florida, Treinta y Tres, Colonia, Durazno, Paysandú, Rivera, San José, Soriano y Maldonado —que quedará con dos inspectores—. El llamado tendrá como exigencia que los postulantes tengan bachillerato completo y luego se les brindará cursos de especialización.
La intención del INAU era tener reforzado el equipo de inspectores para esta temporada de verano, pero el intento que hizo el año anterior quedó trunco. A mediados de 2021 abrió un llamado con las mismas bases, pero sus autoridades se percataron de que no habían respetado una exigencia de la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC) —definida por una adecuación planteada en el Artículo 343 de la Ley de Urgente Consideración— que exige una consulta previa en su base de funcionarios que podrían concursar por esos cargos. Esto implicó que se cancelara el llamado.
Además, esa convocatoria se realizó en paralelo con otro llamado para la incorporación de supervisores que generó roces con el sindicato y eso también provocó su postergación debido a que se debieron incorporar modificaciones. INAU insistió en la urgencia de reforzar su cuerpo inspectivo y la ONSC planteó la posibilidad de generar una excepción que se plasmó en el Artículo 10 de la Rendición de Cuentas. De acuerdo al literal A de esa norma, al INAU, el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente y la Administración de Servicios de Salud del Estado se les permite realizar llamados sin la consulta previa a Servicio Civil.
Por su parte, la directora del INAU por el Frente Amplio, Natalia Argenzio, dijo a Búsqueda que “el aumento exponencial de los casos de explotación sexual que hubo en los dos últimos años realmente preocupa mucho”. Y advirtió que la situación es más grave de lo que reflejan los números debido a que “hay un subregistro porque la gente no denuncia”. Ante este escenario celebró la incorporación de 13 inspectores más pero afirmó que los técnicos no ingresaron hasta ahora por una decisión del directorio oficialista. Esto porque, en su opinión, el dinero para sus salarios estaba disponible y al ser un llamado externo no debía regirse por la normativa de la ONSC.
Argenzio sostuvo que del presupuesto del año anterior no se usaron $ 400 millones que estaban destinados para la contratación de recursos humanos y que serán devueltos a rentas generales.
La dirigente frenteamplista dijo, además, que “no se trata solo de ampliar la cantidad de inspectores” sino que es necesario “optimizar, por ejemplo, horarios de los proyectos, y aumentar las capacitaciones, lo que va a implicar más presupuesto”.
“Pero algo sustantivo para poder abordar esta situación es que la población denuncie. Y seguir trabajando para la desnaturalización. No va a depender solo de que aumentemos la cantidad de inspectores”, afirmó.
