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    Preocupado por incidente insólito, Ministerio de Defensa pide más cámaras en el aeropuerto

    Un intruso logró sortear todos los controles de seguirdad y terminó durmiendo en un avión de American Arilines

    Sin mucha resistencia ni excesivo sigilo, el hombre de 26 años entró a una oficina reservada para empleados que estaba abierta y encontró un uniforme disponible.

    Se lo puso, tomó algunas herramientas, salió a la plataforma de estacionamientos de aeronaves y con la ayuda de una escalera hidráulica ingresó al Boeing 777-200 (ER) propiedad de American Airlines, que aguardaba en el Aeropuerto Internacional de Carrasco configurado como carguero para realizar la ruta Montevideo-Miami. Allí dentro permaneció tan tranquilo que terminó durmiéndose. Horas después su presencia llamó la atención del personal de mantenimiento que subió a la aeronave para trabajar. Alertaron a la seguridad aeroportuaria y el hombre terminó en el Juzgado Letrado de Ciudad de la Costa de 1er turno, condenado a dos meses de prisión por el delito de hurto en grado de tentativa.

    El detenido era un brasileño que había ingresado a Uruguay de manera ilegal por la frontera seca y que hasta el día de hoy la Policía no sabe bien qué pretendía hacer con su entrada no autorizada al avión. Aunque el hecho parezca inofensivo e incluso cómico, causó la indignación y reacción inmediata del Ministerio de Defensa Nacional y de la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU), preocupados tanto por la vulnerabilidad del principal aeropuerto uruguayo ante un contexto nacional e internacional de mayor enfoque al crimen organizado y al terrorismo como por las consecuencias diplomáticas y comerciales que, de repetirse o ser más grave, un incidente así puede ocasionar a Uruguay.

    El caso ocurrido el 22 de abril desembocó en sanciones a un teniente coronel, un mayor, un teniente y al coronel Miguel Olivera, director del Aeropuerto de Carrasco. También derivó en una investigación administrativa que concluyó el 21 de diciembre y a cuyos resultados accedió Búsqueda.

    “El ingreso al aeropuerto de una persona que, sorteando todos los controles de seguridad, logró acceder al interior de una aeronave pudo haberse evitado si se hubiera dado estricto cumplimiento a la normativa relacionada a la seguridad; el ingreso de esa persona no fue detectado, habiendo sido facilitado por fallas en la seguridad atribuibles al personal civil perteneciente a la empresa concesionaria del aeropuerto y al personal militar perteneciente a la Fuerza Aérea Uruguaya”, indica parte de la resolución firmada por el ministro de Defensa, Javier García.

    La seguridad aeroportuaria es competencia de la Policía Aérea Nacional, dependiente de la Fuerza Aérea, que concentra su accionar básicamente en el control y vigilancia de aeropuertos e instalaciones que componen la infraestructura aeronáutica del país. El concesionario, en este caso la empresa Puerta del Sur, principalmente se limita a proveer la infraestructura de seguridad necesaria.

    En la resolución que dio cierre a la investigación administrativa, el Ministerio de Defensa emitió una serie de recomendaciones para que tomen la FAU y Puerta del Sur.

    La empresa deberá instalar cámaras de seguridad en todo el subsuelo del aeropuerto o redireccionar las existentes “a los efectos de tener registro de lo que sucede en todo el sector y dar estricto cumplimiento a las obligaciones de seguridad emergentes del contrato de gestión integral que la vincula con el Estado, instruyendo a su personal en el cumplimiento” de estas.

    La Fuerza Aérea, por su parte, tendrá que actualizar en 60 días el protocolo establecido para visualizar las cámaras de seguridad a cargo del personal de la Policía Aérea Nacional a efectos de que ante “una amenaza concreta permita actuar con rapidez y eficiencia”. Además, se encargó a la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica (Dinacia) una “inspección ocular urgente” en el aeropuerto para constatar si están en construcción o ya fueron terminadas otras obras sugeridas por el director nacional de seguridad aeroportuaria (Avsec), Sergio Morales.

    Fuentes ministeriales indicaron a Búsqueda que la investigación fue “muy exhaustiva” porque el incidente “fue más importante de lo que pareció” y “pudo haber costado caro”. Algunas de las fallas constatadas tras el hecho fueron “básicas”, como puertas a áreas restringidas sin trancar e incluso entreabiertas. Una de las inquietudes del gobierno era la postura de Estados Unidos, ya que la aeronave involucrada era de esa bandera: de marzo a diciembre American Airlines suspendió sus dos frecuencias semanales de pasajeros entre Montevideo y Miami pero mantuvo sus operaciones de carga. Aunque se esperaba una reacción crítica de Estados Unidos y la posibilidad de que quedaran bajo advertencia los vuelos directos entre ambos países, por el momento eso no ocurrió. La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por su sigla en inglés), una agencia del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos que gestiona la seguridad en los aeropuertos de ese país, envió un correo electrónico a la Fuerza Aérea donde destaca la gestión y transparencia de la institución para responder al incidente. Uruguay ya le comunicó a esa agencia los resultados de la investigación administrativa y las medidas que se tomaron, y ahora se espera que representantes de la TSA visiten el aeropuerto para evaluar los cambios y realizar sus propias sugerencias.

    Avión de American Airlines en el aeropuerto de Carrasco

    El otro punto que alertó al gobierno es que un hecho así suceda cuando recién hace poco más de un año fue creado el Sistema Nacional de Aeropuertos Internacionales para el Uruguay, que declaró la explotación de los servicios aeroportuarios como un objetivo prioritario para el desarrollo del país. Hace dos meses el Poder Ejecutivo le otorgó directamente a Puerta del Sur la explotación, gestión y operación de los aeropuertos de Carmelo, Durazno, Melo, Paysandú, Rivera y Salto. El acuerdo incluyó que la empresa liderada por el empresario argentino Eduardo Eurnekian amplíe por 20 años —hasta 2053— su concesión del Aeropuerto de Carrasco, la cual tiene desde 2003. La empresa también opera el Aeropuerto de Laguna del Sauce.

    La decisión fue objetada por socios del gobierno como Cabildo Abierto y el Partido Independiente, que entienden que una licitación era el método necesario para asegurarse la postulación de otros contratistas y una mejor gestión de los aeropuertos del país.

    La operativa aeroportuaria formó parte de la discusión que a fines de 2020 mantuvo el Consejo de Defensa Nacional (Codena) en su primera sesión de este período de gobierno, donde participó García, el presidente, Luis Lacalle Pou, el canciller, Francisco Bustillo, y el director de la Secretaría de Inteligencia Estratégica de Estado, Álvaro Garcé. De esa reunión surgió la Política de Defensa Nacional para el Período 2020-2025, en donde se destaca al terrorismo y al crimen organizado como dos de las amenazas que tiene Uruguay.

    “El terrorismo no se limita exclusivamente al hecho puntual del atentado propiamente dicho. Su planificación, financiamiento, traslado de armas, de explosivos, movimiento de personas, sus actividades de información e inteligencia y su capacidad de vincularse con otras formas delictivas son todas acciones que pueden llevarse adelante sin limitación alguna de distancias. Por lo tanto, esta amenaza no puede ser valorada exclusivamente desde la probabilidad de la ocurrencia de un acto terrorista, sino desde su más amplia concepción”, afirma el documento.

    Agrega que el terrorismo está muchas veces relacionado con el crimen organizado y en especial al narcotráfico, profundizado por procesos de globalización que “han ampliado la capacidad de accionar de las organizaciones criminales más allá de sus lugares de origen, por lo cual su peligrosidad aumenta en proporción directa a su capacidad de formar redes, combinarse entre ellas, así como de generar insurgencia criminal intentando desplazar al Estado de sus espacios y decisiones soberanas”.

    Más allá de lo establecido en la Política de Defensa Nacional y del panorama global del narcotráfico, el comercio ilegal de estupefacientes ha tenido en los últimos años al Aeropuerto de Carrasco como uno de sus enclaves en Uruguay, aunque aún por debajo del Puerto de Montevideo. En 2019 el aeropuerto fue eje de una operación policial internacional liderada por Europol, luego de que un croata, un checo y un montenegrino fueran arrestados en Suiza en un avión privado con 600 kilos de cocaína que habían partido desde Montevideo.

    Además, desde 2020 la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas (DGRTID) de la Policía Nacional ha notado un aumento en la utilización de Carrasco como punto de salida de drogas por envíos postales, de carga y correos humanos. El jueves 6 un control en la terminal de cargas del aeropuerto detectó en dos baúles 72 ladrillos de cocaína, con un peso total de 39 kilos y un valor aproximado en el mercado local de entre US$ 270.000 y US$ 700.000, dependiendo de si su venta es al por mayor o al menudeo. Los baúles tenían como destino la ciudad de Ámsterdam y pertenecían a un ciudadano neerlandés que partió en un vuelo a esa ciudad desde Montevideo, previa escala en Madrid. Allí lo detuvieron para extraditarlo a Uruguay.

    Información Nacional
    2022-01-12T22:23:00