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Dos informes legales dan visiones opuestas sobre un conflicto de interés en la discusión legislativa de cuidados paliativos
Un pronunciamiento de la dirección jurídica del Poder Legislativo inhibió a diputados cooperativistas médicos de participar en la discusión, pero uno del constitucionalista Risso lo contradice; el presidente de la Cámara de Diputados cree que los legisladores deberán laudar el asunto
El proyecto de ley de cuidados paliativos que se está estudiando en la Cámara de Senadores dejó algunas heridas durante su tratamiento en la Cámara de Representantes. Por ejemplo, aunque la coalición terminó votando en bloque, el proceso de debate mostró grietas internas que se vieron con particular claridad en un enfrentamiento entre la colorada Nibia Reisch y la cabildante Silvana Pérez Bonavita. Pero todavía más fuertes fueron algunos choques con la oposición.
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Uno de ellos, de hecho, derivó en que el diputado frenteamplista José Luis Gallo y los nacionalistas Eduardo Lorenzo y Alfredo de Mattos se vieran inhibidos de votar el proyecto el pasado 14 de diciembre luego de un informe de la dirección jurídica de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo. El pronunciamiento se dio como consecuencia de una denuncia del coordinador de bancada del Partido Nacional en la Cámara Baja, Rodrigo Goñi, quien sostuvo que Gallo, al oponerse a la redacción de un capítulo, había “invocado razones económicas, planteando los efectos negativos desde el punto de vista de los costos que tendría la aprobación del proyecto para los prestadores de salud”, sin declarar que era cooperativista de la Corporación Médica de Canelones.
El 18 de noviembre, el diario El País publicó los resultados del informe, donde se establecía que si bien representantes que sean médicos por el hecho de ser y ejercer su profesión no estaban sujetos a un conflicto de intereses, la situación era distinta para “quien tiene alguna participación política, de dirección, gestión o interés económico en la institución”. A juicio del informe, “eso sí le configura una hipótesis de conflicto de interés” al diputado que esté implicado, por lo que “deberá abstenerse de participar en la discusión y votación”.
Conocidos los resultados del informe, Gallo envió una nota a la presidencia de la Cámara en la que advierte que en su misma situación se encontraban Lorenzo y de Mattos. De esa manera, los tres debieron abstenerse. Además, Gallo anunció que pediría a la Comisión de Salud que hiciera una auditoría externa del informe. Eso fue lo que le propuso, junto con la también frenteamplista Lucía Etcheverry, al presidente de la comisión, De Mattos, en el final de la sesión de este cuerpo del 1º de diciembre.
Si bien De Mattos en principio accedió y votó con los legisladores opositores, durante la sesión del 8 de diciembre propuso reconsiderar el tema, argumentando que el informe jurídico, que no había llegado a la Comisión cuando se votó la solicitud de Gallo, estaba “bien” y era “ajustado”.
“Hice una votación apresurada sobre el tema, sin informarme bien y sin haber leído yo algo que todos leyeron fuera de la Comisión de Salud y no en la Comisión de Salud”, expresó.
Esta negativa terminó ocasionando un inusitado clima de tensión en la comisión e incluso derivó en un fuerte intercambio verbal entre Gallo y De Mattos, que luego se disculparon. Finalmente, el diputado frenteamplista le transmitió al presidente de la comisión que él mismo gestionaría el informe jurídico externo.
Así, Gallo le solicitó a través de una carta fechada el 14 de diciembre al presidente de la Cámara de Diputados, el frenteamplista Alfredo Fratti, la necesidad de que existiera un informe jurídico externo al realizado por jurídica, argumentando que no surgía del informe “el análisis de ningún proyecto o asunto particular que permita apreciar el conflicto señalado, siendo muy extrema y compleja la afirmación de que la calidad de socio cooperativista de institución médica conflictúa en interés, sobre todo asunto o proyecto que analice y vote la Comisión de Salud”.
El 21 de diciembre, la Cámara de Representantes contrató al abogado constitucionalista Martín Risso Ferrand porque, según la resolución firmada por Fratti, reunía “todos los requisitos necesarios para la evaluación de la referida consulta”.
A Risso se le encomendó elaborar un informe jurídico sobre el “eventual conflicto de intereses” de los representantes que integran la comisión de Salud, que tienen calidad de médicos y a la vez “forman parte —en diferentes calidades— de instituciones de asistencia médica colectiva”, en función del reglamento de la Cámara de Representantes, la Ley 19.823 y la Constitución. Se definió el pago de $ 103.700, incluyendo IVA.
En su informe, fechado el 28 de diciembre, Risso sostiene que no ve, en principio, “una clara irregularidad en la actuación denunciada (por Goñi)”, aunque reconoce que “siempre es deseable tener la mayor información posible y que la actuación de los funcionarios sea transparente y sin implicancias con otros intereses”. Para ello, propone que se analice la posibilidad de que los legisladores “realicen al asumir una declaración de implicancias ante su cámara y que luego la mantengan actualizada”. El constitucionalista dice que se trata de un caso “complejo, gris”, y que debe resolverse con “mesura y razonabilidad”.
Polémica por contratación de Risso
La decisión de Fratti de contratar a Risso fue cuestionada por Goñi, quien se preguntó por qué se eligió a este abogado. Además, objetó que se pida una consultoría externa por una cuestión reglamentaria de la cámara, para lo que a su juicio ya existe la División Jurídica del Parlamento.
“Es un pésimo antecedente. Si ante cada cuestión que se le pida al Parlamento se le va a pedir un informe externo me parece que es contrario al sentido común y además un desconocimiento a la División Jurídica del Parlamento”, dijo.
Gallo, en cambio, justificó su pedido y dijo que de no existir el informe de Risso sería posible que lo excluyeran de la discusión al debatirse cualquier otro tema relacionado con los médicos. “Quiero que se me deje estar y ahora tengo un documento que me avala”, respondió. El diputado aseguró que en ningún momento pidió que la elaboración del informe recayera en Risso.
Quien decidió quién iba a ser el abogado contratado fue Fratti, según dijo él mismo a Búsqueda. “Es un hombre que tiene relación con el Parlamento. Da clase en la Escuela de Gobierno y es uno de los más reconocidos. No hay mucho más constitucionalistas, y se le pidió porque ya hay una relación con él”, expresó.
Fratti argumentó que la contratación de Risso está dentro de sus facultades como presidente de la cámara y dijo que se trataba de un tema importante que debía laudarse. “Había una controversia, Gallo lo pidió y me parecía que era correcto pedir una opinión externa. Si esto queda así como está, ningún abogado podrá participar en cuestiones constitucionales porque tiene que ver con la profesión, y los médicos cooperativistas no podrán estar más en una comisión de salud. No sería lógico”, opinó.
A su juicio, ahora la cámara deberá decidir qué criterio primará: “Esto va a tener que laudarlo la cámara, que va a tener que tener alguna resolución más precisa en ese sentido. La jurídica del Parlamento no es la única verdad, ni tampoco la de Risso”.