Alzer Arezo e Ignacio Wilf trabajaban en la dirección de Servicios Administrativos hasta que fueron trasladados en el marco de la investigación administrativa y pasaron a desempeñarse como directora del Departamento de la Oficina Central de Archivos Penales y como actuario adjunto de los juzgados letrados de primera instancia de Rosario.
“Ambos sumariados revelan una manifiesta ineptitud para ejercer sus cargos de directora de Departamento y de actuario adjunto, careciendo de nociones básicas de respeto y consideración a los funcionarios, evitando el uso irracional del poder que siquiera detentan”, sostuvieron los ministros en una resolución firmada hoy miércoles 28, a la que accedió Búsqueda.
El 1 de marzo, tras los resultados de la investigación administrativa que habían ordenado en noviembre, la Corte dispuso el inicio de un procedimiento disciplinario a los funcionarios, con la suspensión en el cargo y la retención de la mitad del sueldo por el plazo de seis meses.
En la resolución final adoptada esta semana, los representantes del máximo órgano del Poder Judicial señalaron que quedó “ampliamente probado” que Arezo “realizó un control desmedido de las tareas de los funcionarios, formulando correcciones menores y sin sentido, desnaturalizando la tarea y autonomía de los funcionarios, generando con ello un desgaste anímico y una sobrecarga laboral innecesaria en el servicio”. Esas actuaciones fueron ejercidas respecto a funcionarios administrativos y profesionales del servicio, a quienes les daba órdenes “sin tener conocimiento técnico” de los trabajos que realizaban.
Los ministros agregaron que manejaba la oficina “a su antojo” y les asignaba tareas a los funcionarios “con plazos brevísimos, imposibles de ejecutar”. Daba órdenes y contraórdenes, sin explicitar motivos, y quitaba tareas habituales a ciertas personas como forma de castigo, “generando un clima de trabajo insoportable”.
En la resolución, la Suprema Corte de Justicia señaló que Arezo negó la solicitud de licencia del funcionario que acabaría quitándose la vida. El funcionario se suicidó, concretamente, al día siguiente de que se le rechazara el pedido de licencia. Su muerte, que causó una gran conmoción en la interna del Poder Judicial, fue lo que animó a los funcionarios a denunciar el hostigamiento que sufrían.
Además, agregó la Corte, “el funcionario le solicitaba que el otorgamiento de la licencia anual no se realizara de forma tan fraccionada, pero Arezo —sin motivo alguno— se negaba a ello. Simultáneamente, no le informaba del otorgamiento o no de la licencia peticionada hasta último momento, lo que imposibilitaba a que organizara su descanso anual”.
Más aún, Arezo “decidió aislar” al funcionario que acabaría cometiendo suicidio, “menospreciarlo, quitarle funciones, amenazarlo con iniciarle procedimientos disciplinarios y hasta lo obligó a trasladar la totalidad de útiles existentes en el depósito, sin ayuda alguna, sabiendo de los problemas en la espalda que lo aquejaban”.
Una especie de Gran Hermano
Los ministros afirmaron que quedó “probado” que la exjerarca “contaba con todo el dominio del sistema informático”, con lo que hacía un “control estricto y severo” de cada uno de los expedientes, “tornándose omnipresente en las oficinas”.
A esas situaciones se sumó que la funcionaria “controlaba los movimientos de cada uno de los funcionarios” a través del sistema de cámaras de videovigilancia, al que podía ingresar desde su domicilio. “Esto significa que todos los funcionarios estaban en una especie de ‘Gran Hermano’ donde Arezo los controlaba a toda hora”, señalaron los ministros.
El manejo y control de las cámaras de videovigilancia “es demostrativo del hostigamiento que ejercía sobre los funcionarios”, valoraron.
También, para demostrar su poder, cuando los funcionarios solicitaban traslados se los informaba de un día para otro, “imposibilitando que se despidieran de sus compañeros”, y modificaba los lugares de destino que venían proyectados desde Recursos Humanos sin tener jerarquía para ello.
Otro testimonio que recoge el escrito relató: “Un día a un compañero venía y le decía ‘te vas a cambiar de escritorio y te vas a sentar ahí’. Al otro día lo volvía cambiar, sin motivo ni razones de organización sino para demostrar poder”.
Los testimonios recogidos en la investigación también hacen referencia al exdirector de Servicios Administrativos del Poder Judicial, Marcelo Pesce —quien era el jefe de Arezo—, quien renunció a su cargo cuando fue denunciado por los funcionarios y la entonces presidenta de la Corte, Doris Morales, dijo que le había perdido la confianza. Por haber dejado el cargo, Pesce no fue incluido en los sumarios.
En tanto, Wilf fue descrito por los funcionarios como “el brazo ejecutor” de la directora. La jueza que instruyó el sumario determinó que era responsable “de haber revestido la calidad de soporte y en menor medida de haber realizado acciones de violencia psicológica y/o emocional, y/o acoso laboral”, una conducta “violatoria de derechos humanos fundamentales” que implica la “comisión de una falta administrativa grave”.
En su caso, la resolución establece que “adhirió y fue funcional a las actitudes hostiles realizadas por Arezo y en menor medida las replicó”. También quedó comprobado que “escuchaba conversaciones y observaba a los funcionarios a través de mamparas o puertas con el fin de infundir temor”.
“Hablaba con desprecio y se mimetizaba con Arezo, al punto tal que cuando ella faltaba replicaba su comportamiento”, agrega la resolución.
Por tanto, los ministros concluyeron que “con meridiana claridad” surge que los actos efectuados por ambos sumariados se enmarcan dentro de la figura de acoso laboral.
El caso será analizado por Fiscalía
Por último, en relación con el uso de Arezo del sistema informático, la resolución indica que la instructora de la investigación administrativa sostuvo que “si bien no había obtenido prueba suficiente de alguna irregularidad, (...) igualmente podría ser analizado a través de una auditoría y el eventual conocimiento que podría darse a la Fiscalía General de la Nación”.
Por tanto, la Suprema Corte resolvió disponer que se envíe una copia de las actuaciones a la Fiscalía General, “a efectos de que la conducta de los sumariados sea asimismo examinada”, ante “la eventualidad de la existencia de una presunta conducta delictiva”.
