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    sábado 22 de junio de 2024

    Sesión parlamentaria expone “incomunicación” en la Suprema Corte en discusión sobre San Carlos

    La ministra Elena Martínez aseguró que le “sorprendió” conocer a través de diputados que existía una alternativa para obtener recursos que la presidenta Doris Morales “nunca transmitió”; ahora analiza revertir el cierre de juzgados

    Dos ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Elena Martínez y John Pérez, comparecieron el miércoles 13 de diciembre ante la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la Cámara de Diputados, a la que fueron convocados para abordar la decisión de suprimir los juzgados letrados multimateria de San Carlos. Esta resolución fue anunciada en un inicio el 19 de octubre, tuvo una modificación el 21 de noviembre tras las críticas recibidas por legisladores en representación de Maldonado y vecinos de la ciudad, y ahora el máximo órgano del Poder Judicial analiza revertirla.

    La presidenta, Doris Morales, no pudo asistir a la instancia parlamentaria porque se había comprometido a participar de la ceremonia de entrega de premios de la Escuela Militar de Toledo, en Canelones. Al hacer uso de la palabra, Pérez defendió la decisión de trasladar las causas laborales, civiles y penales a los juzgados de Maldonado, para crear dos juzgados especializados en violencia de género en San Carlos, por el “aumento exponencial” de casos de esa materia, que generaba un “desgaste físico y emocional” de los jueces y funcionarios, además de una revictimización de las víctimas.

    Argumentó que transformar las sedes que ya existían era “la única solución” por la falta de presupuesto en el Poder Judicial, algo de lo que responsabilizó a los legisladores. “Se carecía y carece, ante la negativa del Parlamento, de provisión de recursos humanos y materiales para la creación de las sedes oportunamente solicitadas”, dijo, según consta en la versión taquigráfica, y cuestionó que tenga asignado un presupuesto que equivalga al 0,3% del Producto Bruto Interno y al 1% del Presupuesto Nacional.

    Sin embargo, a su turno, el diputado del Partido Nacional electo por el departamento de Maldonado, Sebastián Cal, transmitió que sí había recursos disponibles para mantener los juzgados en San Carlos, tal como había transmitido el director de Finanzas Públicas del Ministerio de Economía y Finanzas y había sido comunicado a autoridades de la SCJ, como la presidenta Doris Morales, en una reunión que mantuvieron los legisladores antes de recorrer el camino formal de realizar una citación al Parlamento. “Nos había dicho que no había ningún impedimento por parte del ministerio y que no iba a haber ningún tipo de trabas para que esos $ 450 millones que le sobran anualmente de Rubro 0 a la Suprema Corte de Justicia, más el resto de economías, creo que es un 4% más, si mal no recuerdo (…), los pudieran mover para infraestructura o para lo que entendieran necesario”, dijo.

    El diputado nacionalista Federico Casaretto precisó que la respuesta del Ejecutivo fue: “El Ministerio de Economía no va a poner ninguna objeción, siempre y cuando sea con destino a que no se eliminen estas materias en San Carlos”.

    Las declaraciones de los legisladores causaron asombro en la ministra Martínez, que aseguró que desconocía la posibilidad de utilizar los recursos mencionados para mantener los juzgados. “Realmente estamos sorprendidos con algunas cosas que escuchamos aquí, (…) porque jamás hablamos de que hubiera un planteo para la Rendición de Cuentas de que hubiera $ 450 millones que podrían ser asignados por el Ministerio de Economía y Finanzas para este tema del juzgado en San Carlos. Nunca lo supimos”, afirmó. La ministra de la Corte consideró que “nada impedía” que Morales hubiera planteado esa situación porque, si bien no estaban de acuerdo “en la decisión de fondo” —Morales apoyó mantener los juzgados en San Carlos y Martínez no—, “siempre” tuvieron “buen diálogo”.

    “Si esto es así, estaría dispuesta a volverlo a plantear. En este tema faltó comunicación, faltó diálogo”, reconoció Martínez, quien asumirá como presidenta de la Suprema Corte en febrero, cuando Morales cumpla un año en el cargo. Y agregó: “Si podemos disponer de esa cantidad, que es muchísima, no estoy segura de cuál va a ser el destino, pero lo que sí me parece es que por lo menos deberíamos haber conocido esa posibilidad, cosa que no sucedió”.

    Martínez manifestó que Morales informaba de las reuniones que mantenía con los representantes de San Carlos, pero “nunca transmitió concretamente que había una posibilidad a través del Ministerio de Economía y Finanzas” de destinar recursos.

    Durante la sesión, donde la comisión recibió a otras delegaciones vinculadas con el tema, el diputado del Partido Nacional Eduardo Elinger transmitió que a partir de las declaraciones se dieron cuenta “claramente” de que “todas las gestiones que se habían realizado no habían llegado a la ministra Elena Martínez ni al ministro John Pérez”.

    “Claramente allí había una situación de incomunicación de la ministra, en cuanto a la posibilidad de contar con recursos para procesar todo lo que se le transmitió que los diputados habían gestionado”, aseguró.

    Reuniones

    Los legisladores electos por Maldonado dieron detalles a las autoridades de la Suprema Corte y también al resto de las delegaciones sobre los encuentros que mantuvieron con Morales. Casaretto especificó que en la primera reunión, que duró poco más de una hora, estuvo el presidente de la Comisión de Presupuesto del Senado, el senador Rodrigo Blás, la presidenta de la SCJ, la secretaria letrada Gabriela Figueroa y el entonces director general de Servicios Administrativos del Poder Judicial, Marcelo Pesce, quien renunció semanas atrás, luego de que Morales afirmara que le había perdido la confianza.

    Durante 10 minutos el diálogo fue sobre cuestiones presupuestales, señaló el diputado, en relación con el Rubro 0, que no se ejecutaba. El resto de la reunión versó en “posibles alternativas” a suprimir los juzgados multimateria de San Carlos.

    Cal transmitió que incluso, en un segundo encuentro, Morales había dado a entender que en el “peor panorama” la nueva acordada que iba a salir tras el anuncio inicial era retirar únicamente los casos penales para Maldonado. Algo que no sucedió, porque también se trasladaron los civiles y los laborales en una acordada que no fue firmada por la presidenta.

    “Nos sentimos defraudados y traicionados”, dijo Casaretto, quien afirmó que en resumen no era un tema de plata. “Nosotros entendemos —como lo entendió la presidenta y por algo hablamos de esto 10 minutos— que el tema es organizacional, tal como fundamentó en las dos acordadas la Suprema Corte de Justicia. Esta es una decisión que se toma desde las cuatro paredes frías de la capital de la República y no interpreta las realidades departamentales”, agregó.

    Desde un inicio Morales se había mostrado contraria a trasladar las competencias a Maldonado, y fue un asunto que la enfrentó al resto de los ministros y a Pesce. Por esa razón fue la única que no firmó las acordadas Nº 8.182 y Nº 8.185, que realizaron los cambios en los juzgados de San Carlos, y ese fue el principal motivo por el que perdió la confianza en el director general de Asuntos Administrativos, contrario a mantenerlos.

    Consultada por Búsqueda al respecto de la comparecencia en el Parlamento de Martínez y Pérez, la presidenta de la SCJ transmitió que durante los encuentros fue Pesce quien transmitió a los diputados y al senador Blás que era “imposible” realizar el traspaso de recursos porque no se puede utilizar el dinero del Rubro 0. “No sé por qué quedó en actas como que yo omití dar alguna información”, dijo Morales, quien planteó que la postura del resto de los ministros ha sido “cerrar” el juzgado de San Carlos y la suya, tal como transmitió en una entrevista, “hacer cualquier sacrificio para mantener, aunque fuera un turno, todas las materias”.

    “El tema siempre fue conocido por el resto de los colegas y la postura fue siempre la de Pesce, ese dinero no se puede usar”, consideró.

    La presidenta de la SCJ aseguró que, tras la partida de Pesce y con la alternativa del MEF sobre la mesa, los ministros analizan nuevamente la situación de los juzgados de San Carlos. “Está bastante adelantado”, afirmó.

    Información Nacional
    2023-12-27T22:21:00