Sesión parlamentaria expone “incomunicación” en la Suprema Corte en discusión sobre San Carlos

Argumentó que transformar las sedes que ya existían era “la única solución” por la falta de presupuesto en el Poder Judicial, algo de lo que responsabilizó a los legisladores. “Se carecía y carece, ante la negativa del Parlamento, de provisión de recursos humanos y materiales para la creación de las sedes oportunamente solicitadas”, dijo, según consta en la versión taquigráfica, y cuestionó que tenga asignado un presupuesto que equivalga al 0,3% del Producto Bruto Interno y al 1% del Presupuesto Nacional.

Las declaraciones de los legisladores causaron asombro en la ministra Martínez, que aseguró que desconocía la posibilidad de utilizar los recursos mencionados para mantener los juzgados. “Realmente estamos sorprendidos con algunas cosas que escuchamos aquí, (…) porque jamás hablamos de que hubiera un planteo para la Rendición de Cuentas de que hubiera $ 450 millones que podrían ser asignados por el Ministerio de Economía y Finanzas para este tema del juzgado en San Carlos. Nunca lo supimos”, afirmó. La ministra de la Corte consideró que “nada impedía” que Morales hubiera planteado esa situación porque, si bien no estaban de acuerdo “en la decisión de fondo” —Morales apoyó mantener los juzgados en San Carlos y Martínez no—, “siempre” tuvieron “buen diálogo”.

“Si esto es así, estaría dispuesta a volverlo a plantear. En este tema faltó comunicación, faltó diálogo”, reconoció Martínez, quien asumirá como presidenta de la Suprema Corte en febrero, cuando Morales cumpla un año en el cargo. Y agregó: “Si podemos disponer de esa cantidad, que es muchísima, no estoy segura de cuál va a ser el destino, pero lo que sí me parece es que por lo menos deberíamos haber conocido esa posibilidad, cosa que no sucedió”.

Martínez manifestó que Morales informaba de las reuniones que mantenía con los representantes de San Carlos, pero “nunca transmitió concretamente que había una posibilidad a través del Ministerio de Economía y Finanzas” de destinar recursos.

Durante la sesión, donde la comisión recibió a otras delegaciones vinculadas con el tema, el diputado del Partido Nacional Eduardo Elinger transmitió que a partir de las declaraciones se dieron cuenta “claramente” de que “todas las gestiones que se habían realizado no habían llegado a la ministra Elena Martínez ni al ministro John Pérez”.

“Claramente allí había una situación de incomunicación de la ministra, en cuanto a la posibilidad de contar con recursos para procesar todo lo que se le transmitió que los diputados habían gestionado”, aseguró.

Reuniones

Los legisladores electos por Maldonado dieron detalles a las autoridades de la Suprema Corte y también al resto de las delegaciones sobre los encuentros que mantuvieron con Morales. Casaretto especificó que en la primera reunión, que duró poco más de una hora, estuvo el presidente de la Comisión de Presupuesto del Senado, el senador Rodrigo Blás, la presidenta de la SCJ, la secretaria letrada Gabriela Figueroa y el entonces director general de Servicios Administrativos del Poder Judicial, Marcelo Pesce, quien renunció semanas atrás, luego de que Morales afirmara que le había perdido la confianza.

Durante 10 minutos el diálogo fue sobre cuestiones presupuestales, señaló el diputado, en relación con el Rubro 0, que no se ejecutaba. El resto de la reunión versó en “posibles alternativas” a suprimir los juzgados multimateria de San Carlos.

Cal transmitió que incluso, en un segundo encuentro, Morales había dado a entender que en el “peor panorama” la nueva acordada que iba a salir tras el anuncio inicial era retirar únicamente los casos penales para Maldonado. Algo que no sucedió, porque también se trasladaron los civiles y los laborales en una acordada que no fue firmada por la presidenta.

“Nos sentimos defraudados y traicionados”, dijo Casaretto, quien afirmó que en resumen no era un tema de plata. “Nosotros entendemos —como lo entendió la presidenta y por algo hablamos de esto 10 minutos— que el tema es organizacional, tal como fundamentó en las dos acordadas la Suprema Corte de Justicia. Esta es una decisión que se toma desde las cuatro paredes frías de la capital de la República y no interpreta las realidades departamentales”, agregó.

Desde un inicio Morales se había mostrado contraria a trasladar las competencias a Maldonado, y fue un asunto que la enfrentó al resto de los ministros y a Pesce. Por esa razón fue la única que no firmó las acordadas Nº 8.182 y Nº 8.185, que realizaron los cambios en los juzgados de San Carlos, y ese fue el principal motivo por el que perdió la confianza en el director general de Asuntos Administrativos, contrario a mantenerlos.

Consultada por Búsqueda al respecto de la comparecencia en el Parlamento de Martínez y Pérez, la presidenta de la SCJ transmitió que durante los encuentros fue Pesce quien transmitió a los diputados y al senador Blás que era “imposible” realizar el traspaso de recursos porque no se puede utilizar el dinero del Rubro 0. “No sé por qué quedó en actas como que yo omití dar alguna información”, dijo Morales, quien planteó que la postura del resto de los ministros ha sido “cerrar” el juzgado de San Carlos y la suya, tal como transmitió en una entrevista, “hacer cualquier sacrificio para mantener, aunque fuera un turno, todas las materias”.

“El tema siempre fue conocido por el resto de los colegas y la postura fue siempre la de Pesce, ese dinero no se puede usar”, consideró.

La presidenta de la SCJ aseguró que, tras la partida de Pesce y con la alternativa del MEF sobre la mesa, los ministros analizan nuevamente la situación de los juzgados de San Carlos. “Está bastante adelantado”, afirmó.