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La instructora de la investigación administrativa que encargó la Suprema Corte de Justicia (SCJ) el 30 de noviembre de 2023, la ministra del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 2º turno, Adriana de los Santos, concluyó que “existen elementos de convicción suficientes sobre la presunta comisión de faltas administrativas” por acoso laboral y violencia en el trabajo en la Dirección General de Servicios Administrativos del Poder Judicial, según establece un documento oficial al que accedió Búsqueda.
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En el informe, que fue enviado a los ministros el 29 de enero, hizo referencia a “repetidas conductas” de la directora del departamento, Alzer Arezo, que podrían encuadrar en esas faltas, como el “aislamiento” de funcionarios a los que se les impedía comunicarse con sus compañeros —porque de verlo en las cámaras los llamaba de forma inmediata—, malos tratos, faltas de respeto, expresiones ofensivas, gritos, descalificaciones y amenazas a sufrir perjuicios económicos o procesos disciplinarios.
“Del curso de la investigación administrativa practicada surge que los hechos constatados lucen en principio verosímiles”, indicó la instructora, que sugirió la realización de un sumario administrativo de Arezo y del actuario adjunto, Ignacio Wilf, de quien concluyó que “habría ejercido actos de acoso laboral y violencia”, pero en menor grado que Arezo. El hombre fue descrito como “el brazo ejecutor” de la directora, por parte de los funcionarios que declararon ante De los Santos.
Los ministros de la SCJ analizaron durante un mes el expediente y decidieron, este lunes 4 de marzo, iniciar un sumario con separación preventiva del cargo y retención de medio sueldo durante seis meses, para ambos funcionarios: Arezo y Wilf. En la resolución, a la que tuvo acceso Búsqueda, se considera “adecuado y proporcional” incluir las medidas cautelares más fuertes, en el marco de “las peculiaridades de las conductas” y “en resguardo de la probanza que servirá como determinante a la hora de desentrañar la verdad material de los hechos”.
En el escrito, los ministros destacan el informe, que incluyó “abundante prueba diligenciada”, entre ella el testimonio de más de 50 personas, prueba documental, informes e inspección ocular. Las declaraciones testimoniales “darían cuenta de un ambiente laboral hostil, tenso”, en el que incluso “en algunas oportunidades no les asignaban tareas o les indicaban tareas inútiles que consistían en realizar archivos y luego modificar la forma en que se había archivado, confeccionar informes que no se leían, orden de cambiar los muebles de lugar, que al culminar la tarea debían volver a colocarlos en su lugar original”, entre otros. Eso, a criterio de De los Santos, “provocó consecuencias físicas y emocionales en varios de los funcionarios”, que sufrían insomnio, lloraban o se iban llorando de su lugar de trabajo y debían realizar consultas médicas por estrés laboral, además de que hubo cerca de 20 pedidos de traslado a otras oficinas.
La investigación inicial fue dispuesta tras el suicidio de un trabajador en noviembre del año pasado, un final trágico que hizo que varios funcionarios resolvieran denunciar las situaciones que vivían desde hacía varios años en la oficina encargada de la administración y el gerenciamiento de los recursos humanos del Poder Judicial, así como la planificación y ejecución presupuestal de los recursos económicos. En ese entonces, el titular de la Dirección General de Servicios Administrativos era Marcelo Pesce, quien renunció a su cargo tras haber sido denunciado por los funcionarios y perder la confianza de la entonces presidenta de la SCJ, Doris Morales. Por esa razón, la instructora “estimó impertinente” emitir un pronunciamiento. A pesar de eso, en el informe señaló que estaba en conocimiento de lo que sucedía.
En lugar de Pesce, el viernes 1 de marzo asumió la nueva directora general de los Servicios Administrativos, Adriana Berezán, que había sido designada por la SCJ el pasado 15 de febrero. Previo a su nombramiento, era la directora nacional de la Defensa Pública.
Doble renuncia
Respecto a las subdirectoras de la dirección, Mariela Decaro y Cecilia Naya, así como a la directora de división, Daría Olivera, la instructora sumariante consideró que “si bien quedó acreditado” a partir de la investigación que “tenían conocimiento” de las situaciones que estaban padeciendo los funcionarios y “en algunas oportunidades” hablaron con Pesce para buscar una solución, no hubo maltrato de su parte, por lo que “no son pasibles de que se les inicie un procedimiento disciplinario”.
Sin embargo, Decaro y Naya presentaron su renuncia, que fue aceptada por cuatro de los cinco ministros de la Corte, quienes también accedieron a otorgarles el subsidio por “el cargo de particular confianza”.
La resolución tiene la firma de la presidenta Elena Martínez y los ministros John Pérez Brignani, Bernadette Minvielle y Tabaré Sosa. Sin embargo, la decisión tuvo la discordia de Doris Morales, quien consideró que “no corresponde aceptar la renuncia” porque tenían conocimiento de lo que sucedía y no actuaron en consecuencia, lo que “es motivo suficiente para considerar que no corresponde que continúen ejerciendo los cargos que ostentan” y que cometieron “traición a la confianza”.
“Fueron, por lo menos, omisas en el cumplimiento de sus funciones, lo que resulta intolerable” y “es causal más que suficiente para entender que no están ni estuvieron a la altura de las exigencias que cargos como los desempeñados requieren”, manifestó.
Salud laboral
El representante de la Asociación de Funcionarios Judiciales, Pablo Elizalde, valoró el pronunciamiento “contundente” de la Corte con el inicio de los sumarios, aunque consideró que fue “tardío”, porque el procedimiento se debería haber iniciado tres meses atrás, cuando se presentaron las denuncias. Con los nuevos nombramientos, consideró que habrá un “cambio profundo” en la Dirección General, en un “momento crucial y complejo” para el Poder Judicial.
En ese sentido, el presidente de la Asociación de Magistrados del Uruguay, Leonardo Méndez, aseguró que volverán a plantear a la nueva titular, Berezán, la creación de una oficina de salud laboral “de carácter preventivo y no tanto represivo”, como en otros entes públicos, “para que no se den situaciones de acoso y violencia” como las que se han vivido.
