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El efecto copycat se denomina a la copia de una conducta que, divulgada ante la opinión pública, sirve de motivación y es replicada por un imitador. El término se utiliza en diversas disciplinas del comportamiento humano, entre ellas la Criminología, y se observa por agencias de Policía en fenómenos como los tiroteos masivos. “Los delitos copycat están vinculados a la literatura, películas, programas de televisión, música, videojuegos y noticias impresas y televisivas, pero a pesar de la preocupación, el análisis riguroso de este tipo de conducta ha quedado rezagado”, indica un estudio de 2017 de Ray Surette, profesor de la Universidad Central de Florida, publicado por la Oxford University Press.
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La posibilidad de un efecto copycat es hoy estudiada por la Policía Nacional ante la ola de amenazas de bomba y atentados que desde hace más de una semana reciben instituciones públicas y privadas de todo el país. Realizadas a través de llamadas, correos electrónicos y mensajes, las amenazas provocaron evacuaciones y preocupación generalizada en la población. Aunque por el momento son más de treinta, ninguna se concretó ni tampoco se encontraron explosivos, armas u otros elementos peligrosos en los lugares inspeccionados por unidades policiales y bomberos.
El caso se volvió la principal prioridad de seguridad pública del gobierno, supervisado directamente por el director de la Policía Nacional, José Manuel Azambuya, y encargado a la Dirección General de Información e Inteligencia Policial. Entre las diversas hipótesis planteadas por los investigadores está la del efecto copycat: que las amenazas originales, sucedidas el fin de semana del 22 y 23 de marzo, hayan sido imitadas por otras personas debido a la atención mediática que crearon.
Según informaron a Búsqueda fuentes oficiales, las evidencias por el momento no apuntan a una organización coordinada por un grupo delictivo, ya que no se detectó un patrón coherente en los tipos de mensajes ni en los canales utilizados. La principal línea de investigación se centra en actores individuales y aislados. También se evalúa si estas personas siguen algún tipo de corriente ideológica que las motive simplemente a generar incertidumbre y afectar la estabilidad del gobierno.
Ante la falta de respuestas, el objetivo más urgente de la Policía es que las detenciones y condenas a quienes participan de las amenazas terminen por desalentar a otros. Ese fue el mensaje que quiso transmitir el ministro del Interior, Carlos Negro, al encabezar el viernes 28 una conferencia de prensa con la plana mayor del ministerio y de la Policía. Allí anunció el arresto de tres personas, remarcó la gravedad de este tipo de amenazas y dijo que más detenciones están ya encaminadas.
“Esto es algo muy serio. Estas son figuras delictivas y todas conllevan penas de prisión y merecen penas de multas. Seguimos trabajando para lograr la identificación de todas y cada una de las personas. Todas van a ser identificadas y puestas a disposición de la Justicia. Creemos que esto recién empieza, estos son los primeros resultados. Hay personas que están requeridas y la investigación está en pleno curso”, sostuvo Negro.
Su antecesor en el cargo, Nicolás Martinelli, manifestó que la reiteración de las amenazas “genera interrogantes” y abrió la posibilidad de que la intención sea probar, sobrecargar y estresar al sistema de respuesta a emergencias que funciona en Uruguay. “También podría tratarse de la acción de un grupo con intenciones aún no claras, pero el primer escenario no es descartable”, escribió en su cuenta de X.
La Universidad Católica del Uruguay, el último lugar evacuado
El 22 de marzo a la noche, el personal de recepción del Montevideo Shopping recibió dos amenazas de bomba. Alertaron al servicio 911 de la Policía y, siguiendo un protocolo de actuación, se dispuso un dispositivo de seguridad que incluyó la evacuación de todos los presentes, la inspección del shopping y la llegada de ambulancias. Llamados similares se produjeron horas después en el Punta Carretas y el Portones Shopping. Pasada más de una semana, las alertas de bombas, tiroteos y atentados también se produjeron en el Mercado Agrícola de Montevideo, Casa de Galicia, Círculo Católico, el Liceo 1 de San Carlos, facultades de la Universidad de la República y la Universidad Católica, que evacuó este lunes a la mañana las sedes Montevideo, Punta del Este y Salto.
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La Universidad Católica fue, hasta ahora, la última institución amenazada
Mauricio Zina/adhocFOTOS
“Tras seguir las indicaciones y controles de las autoridades públicas correspondientes, la Universidad Católica del Uruguay retomará sus actividades a las 13.45. Las puertas de los campus Montevideo, Punta del Este y Salto ya se encuentran abiertas y todas las actividades se desarrollarán con normalidad a partir de la hora indicada. También se retomarán las clases previstas para los turnos intermedio y vespertino”, informó la institución a sus estudiantes y docentes.
Los tres detenidos por las amenazas
Hasta ahora son tres los detenidos por el Departamento de Investigación e Inteligencia Criminal de la Dirección General de Información e Inteligencia Policial. Por la amenaza de bomba al liceo fue formalizado un hombre, acusado de “la presunta comisión de dos delitos de receptación en reiteración real entre sí, en concurso formal con un delito de simulación de delito y un delito de violencia privada”; se le impuso como medida cautelar su arresto domiciliario, con colocación de dispositivo electrónico y prohibición de comunicación por cualquier medio por el plazo de 120 días.
Por los casos del Montevideo Shopping, Casa de Galicia y Círculo Católico, se condenó a un hombre a seis meses de prisión —que sustituirá por un régimen de libertad a prueba— como autor penalmente responsable de reiterados delitos de violencia privada en concurso formal con reiterados delitos de simulación de delito. A su vez, se dispuso para una mujer, en carácter de medida cautelar, el arresto domiciliario con dispositivo electrónico por el lapso de 45 días.
A la vez que mantiene la investigación, la Policía analiza cambios para flexibilizar el protocolo de actuación ante este tipo de escenarios, frente a críticas por la movilización de recursos de seguridad y el desalojo entero de instituciones cuando las amenazas no tienen sustento. “Los protocolos están hechos para poner en salvaguarda a las personas y a los bienes y las agencias estatales y las instituciones tienen obligación para cumplir esos protocolos”, respondió Negro.
Frente a situaciones de amenaza de colocación de explosivos, la norma establece que toda persona que toma conocimiento de esa posibilidad tiene que comunicarlo a la seccional policial de la zona o a la Dirección Nacional de Bomberos. La alerta supone la movilización de servicios policiales, de bomberos y médicos, y la intervención del Equipo de Desactivación de Artefactos Terroristas (EDAT), que funciona en el Servicio de Material y Armamento del Ejército Nacional. El lugar será luego evacuado y cercado hasta verificar o descartar la presencia de objetos sospechosos.
