El régimen de reclusión es más amable que el de otras cárceles que lidian con sobrepoblación de presos, hacinamiento, adicciones, problemas de conducta, falta de iniciativas laborales y educativas y deterioro edilicio. En Domingo Arena los presos tienen habitaciones individuales, amplias y calefaccionadas. Pueden circular libremente por el predio y practicar deportes. La comida, provista por el Ministerio de Defensa, es de buena calidad, saludable y variada.
“Los internos tienen la oportunidad de tener una vida digna y con condiciones similares a un espacio hogareño individual, del tipo rural”, dice el último informe de la oficina del comisionado penitenciario, que describe una casona central con espacios amplios, limpios e iluminados. Se pueden recibir visitas a diario, en el horario de 13.00 a 18.00 de lunes a viernes y desde las 9.00 los fines de semana. Los visitantes no suelen pasar por la revisión minuciosa que se realiza en otras prisiones. Y pese a que no hay una autorización oficial, los prisioneros tienen acceso a celulares.
A comienzos de 2024 el número de personas juzgadas por estos crímenes rondaba el centenar. De acuerdo a datos de febrero de 2026, el número ascendió a 122. De ese total, 40 cumplen prisión domiciliaria, según cifras del Poder Judicial obtenidas mediante una solicitud de acceso a la información pública. Este beneficio fue concedido por los jueces en general por razones de salud vinculadas a la edad avanzada de los enjuiciados. Otros 40 se encuentran cumpliendo prisión efectiva, 32 de ellos en Domingo Arena. Dos prisioneros gozan de salidas transitorias. Dos tienen libertad condicional; un condenado se encuentra prófugo (José Luis Parisi). Tres condenados ya cumplieron la pena. Y 36 fallecieron.
“La queja es estar acá adentro”
“Quejas (sobre las condiciones de reclusión) no hay, realmente no. La queja es estar acá adentro”, dijo a Búsqueda Eduardo Ferro, sobre quien recae una pena de 21 años por la desaparición forzada del militante comunista Óscar Tassino en 1977. También está procesado con prisión por delitos de privación de libertad y violencia privada en la causa por el secuestro, en 1978 en Brasil, de los militantes del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) Universindo Rodríguez y Lilián Celiberti, así como de dos de sus hijos. Ferro fue coronel del Ejército Nacional y cumplió funciones de inteligencia en el Órgano Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA).
Relató que el régimen de reclusión se fue flexibilizando con el tiempo. “Cuando recién llegué acá, las visitas las revisaban, palpaban. Eso fue cambiando. Y las visitas pueden ser todos los días. Es una flexibilidad que el INR ha dado por la conducta de nosotros. Somos otra clase de presos. Humanamente somos todos iguales, pero el nivel es diferente. Entonces fue cambiando. Y hoy en día usted va a la guardia y dice ‘voy al gimnasio, hasta luego’. Y al rato voy y digo ‘presente’”.
Ferro practica periódicamente karate con un instructor que concurre a la cárcel. Sostuvo que, para acceder a este tipo de actividades, es necesario gestionar autorizaciones específicas y atravesar trámites más complejos.
“Se puede salir a caminar, dar una vuelta. Se puede estar afuera (al aire libre) sin ningún problema. (...) La comida es buena, a veces asquerosamente sana”, describió. Uno de los prisioneros fue “chef” en la Fuerza Aérea Uruguaya y ahora ayuda en la cocina para mejorar el menú.
Aunque hay conformidad con las condiciones de la prisión, en Domingo Arena los reclamos de los detenidos apuntan a la atención médica y a las visitas al Hospital Militar, que se demoran porque precisan autorización de un juez y custodia policial para el traslado, que no siempre está disponible, relató Ferro. Es un punto de cuestionamiento recurrente por parte de los familiares de los internos, muchos de ellos avanzados en edad y con problemas de salud. “Esto es un cuartel, no es un lugar para personas de mi edad. Yo estoy muy bien físicamente. Pero acá hay desniveles, hay zanjas, no se puede andar en silla de ruedas. Hay personas realmente viejitas, compañeros de 85 años que no están para estar acá”, insistió.
“El error es cómo tienen a los otros presos”
Las condiciones de la cárcel Domingo Arena estuvieron en debate recientemente, luego de que el presidente de la República, Yamandú Orsi, se reuniera con el entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia, John Pérez, para llevarle información sobre el estado de salud de los detenidos y plantearle su preocupación por el tema.
La organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos consideró “improcedente” la reunión —que se realizó a mediados del año pasado y se mantuvo en reserva hasta que fue informada por Búsqueda— y en un comunicado público planteó que no correspondía “presentar la situación de estas personas como si fueran víctimas de un sistema penitenciario hostil” cuando “se alojan en un establecimiento con condiciones privilegiadas, muy distante del hacinamiento y la vulneración de derechos documentados en otros centros de reclusión”.
“Entonces el error no somos nosotros, el error es cómo tienen a los otros presos”, replicó Ferro al ser consultado sobre esas críticas. Comparó la situación de Domingo Arena con la de las chacras, establecimientos penitenciarios de tipo rural donde las personas privadas de libertad trabajan en actividades agropecuarias y viven con regímenes más flexibles. Son unidades de rehabilitación que el excomisionado penitenciario Juan Miguel Petit y otros especialistas han promovido que se impulsen, tanto en esta administración como en las anteriores, una necesidad en la que distintos gobiernos coinciden.
“Este establecimiento no es privilegiado. Tenemos posibilidad de salir a caminar, visitas todos los días, controladas. ¿Cuál es el privilegio? Yo se lo planteo al revés. Debería ser así para todos los presos. Lo que pasa es que los tienen hacinados ¿y a usted le parece que la solución son dos cárceles para 50 personas en predios militares?”, cuestionó, en referencia a los dos nuevos establecimientos de máxima seguridad que anunció el gobierno en marzo.
Sobre la reunión de Orsi en la Corte, un tema que generó molestia entre la militancia y parte de la dirigencia frenteamplista, Ferro consideró que lo que el presidente quiso plantear era directamente “terminar” con Domingo Arena. Y que el plan fracasó porque “alguien filtró la reunión”.
El coronel retirado contó que le envió una carta al presidente cuando asumió, y que los expresidentes José María Sanguinetti y Luis Alberto Lacalle hablaron con Orsi sobre cerrar la cárcel. “Y él está de acuerdo. Lo ha dicho en conversaciones reservadas: ‘hay que terminar esto’”. También opinó que “obviamente” la gestión de Orsi ante la Corte estuvo relacionada a las conversaciones que mantuvo el general retirado y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, con José Mujica, antes de que el expresidente falleciera, sobre la situación de los prisioneros de Domingo Arena.
No obstante, Ferro no cree que la cárcel desaparezca. Dice que cerrarla tendría un “gran costo político”, como lo tuvo en su momento para Mujica el planteo de dar prisión domiciliaria a los “viejitos” presos: “Es dividir al Frente Amplio”.
El debate con el presidente de la Suprema Corte
El coronel retirado protagonizó recientemente una polémica con el ministro de la Suprema Corte John Pérez, que el año pasado ocupó la presidencia. Lo acusó de actuar con “venganza” y “sesgo ideológico” contra los militares que llevaron a cabo la represión durante la dictadura.
“Estoy acá procesado por un delito de lesa humanidad que no existía en la época que se cometieron los supuestos hechos, y eso es lo que le reclamo a Pérez”, planteó Ferro durante la entrevista. El coronel retirado se refirió al debate en torno a si los delitos de lesa humanidad pueden ser imputados de forma retroactiva a quienes cometieron hechos previos a 2006, año en que se aprobó la ley que incorporó al derecho nacional ese tipo de crímenes. “No hay ninguna norma de Uruguay que pueda contradecir el tema de los delitos de lesa humanidad, y la defensa de la verdad, la justicia y la búsqueda de los desaparecidos. Está perfecto, no se discute. Pero a partir de cierto momento. Y eso no se cumple”.
La fiscalía especializada y un conjunto de jueces entienden que los crímenes de lesa humanidad forman parte del derecho internacional imperativo (ius cogens) y es obligatorio para los países, más allá de las legislaciones nacionales. Ferro describe a estos jueces como “internacionalistas” y los distingue de los “constitucionalistas”, quienes consideran que recién a partir de 2006, cuando mediante la Ley 18.026 Uruguay aprobó las obligaciones del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, pueden imputarse delitos de lesa humanidad.
Entre los “internacionalistas”, algunos “están convencidos de lo que están haciendo”, pero “la gran mayoría” lo hace “porque más vale seguir la corriente y no arriesgar el empleo”, opinó Ferro, y añadió que cree que “el doctor Pérez está en esa línea”. Dijo que no lo acusa de tener un “encono personal”: “Lo personalizo en él como el presidente de la Suprema Corte. Pero la sed de venganza está en todo el Poder Judicial”, afirmó.
El año pasado Ferro envió dos cartas a Pérez cuando este presidía la Corte. Pretendía recibir “ayuda”, que su causa fuera revisada. El ministro le respondió que debía plantear sus inquietudes en los “canales correspondientes”. Es decir, en los juzgados. A Ferro le pareció que ese camino era inútil, porque los jueces no iban a asumir un “error”. En una segunda carta, en diciembre, hizo críticas duras al magistrado: “Usted no lidera, no conduce, no inspira, no tiene iniciativa, no corrige, no encara el fondo de los asuntos de su competencia; se limita a contemplar superficialmente los temas delicados referentes al ‘pasado reciente’ temeroso de confrontar con el ‘relato’ impuesto”.
Pérez le respondió mediante una carta que envió a Búsqueda. Rechazó lo que consideró expresiones “profundamente agraviantes” que carecen de “todo sustento”. “La independencia y la imparcialidad han guiado mi actuar”, afirmó el ministro, y recordó que los jueces actúan con independencia y sin “injerencias indebidas” de la Suprema Corte.
Ferro no quiere que el asunto se convierta en un “ping-pong” entre él y el ministro de la Corte. Pero dijo que quiere seguir dando la discusión. “Estoy por cumplir 79 años. Me quedan 17 años. Sin dramatizar, yo tengo una pena de muerte. Y me estoy tratando de defender”.
