Mientras desde estos diversos sectores se advierte sobre una mayor presencia del crimen organizado, los casos iniciados por crimen organizado en los juzgados en 2024 se redujeron en comparación al año anterior, según surge del anuario estadístico del Poder Judicial: en 2023 hubo 221 asuntos iniciados en la materia penal especializada en crimen organizado bajo el Código del Proceso Penal de 2017, en 2024 fueron 183, un 17,2% menos. Del total de los asuntos iniciados en las sedes judiciales el año pasado, el 28,5% correspondieron a la materia penal y solo un 0,1% al crimen organizado.
También disminuyeron en 2024 las formalizaciones, las sentencias definitivas y los expedientes en trámite. Los autos de formalización, que fueron 70 en todo el año, bajaron un 39,7% y los fallos, que fueron 107, un 37,4%. En 2024 hubo ocho formalizaciones sin detenidos, dos con detenidos, 61 procesos abreviados y 11 juicios en los juzgados letrados con competencia en materia penal especializada en crimen organizado. Estas sedes tienen competencia en delitos de narcotráfico, corrupción, trata, tráfico internacional de armas de fuego y municiones, tributarios, lavado de activos y terrorismo, entre otros.
Con el objetivo de contar con una mirada global sobre los casos de crimen organizado que llegan a la Justicia, el Instituto de Sociología Jurídica de la Universidad de la República (Udelar) realizó un estudio sobre el funcionamiento de los dos juzgados penales especializados que hay en Montevideo, a partir del análisis de la totalidad de las carpetas y de las grabaciones de las audiencias de todos los casos archivados en 2024.
Estudiaron 114 carpetas que incluyen información de 219 personas encausadas. Según los registros que surgen del trabajo, realizado por Luis Eduardo Morás, Daniel Díaz y Alejandra Uriarte, los cinco principales delitos investigados fueron tráfico interno de armas y municiones en un 43% de los casos, infracciones a la ley de estupefacientes en un 33%, el 10% de los casos fueron por defraudación tributaria y el 7% por receptación, y la misma cantidad por asociación para delinquir.
“Cuando uno analiza más cualitativamente en ese porcentaje que ocupa el primer lugar en el crimen organizado (el tráfico interno de armas), no hay una diferencia sustancial con la tenencia y porte de armas, que es un delito que corresponde a la Justicia común”, señaló Díaz en entrevista con el programa Fácil desviarse de radio Del Sol. Agregó que “tampoco hay una diferencia sustancial en el tema de la Ley de Estupefacientes, porque muchas de las conductas en estos juzgados de Crimen Organizado tienen que ver más que nada con microtráfico, con los escalones más bajos de esa organización criminal”.
“Lo que nosotros vemos a través de este informe es que al gran crimen organizado no se llega”, afirmó Morás.
Carpetas con pocos imputados
Uno de los datos que surgen del estudio es que el 64% de las carpetas tienen una sola persona sometida a un proceso judicial, un 18% dos, un 5% tres y cuatro personas encausadas y 7% cinco o más.
Es decir que el promedio de personas formalizadas por cada una de las carpetas fue 1,92, similar al de la Justicia penal común, lo que a los investigadores les llamó la atención. “No son 10 o 20”, señaló Morás, pese a que se enmarcan dentro del crimen organizado. Díaz, por su parte, señaló que en algunos expedientes judiciales “aparecían identificadas tres o cuatro personas, se hablaba de una organización criminal más grande”, pero “no lograbas determinar los vínculos”. Una de las explicaciones más fuertes que plantean apunta a los acuerdos abreviados entre la Fiscalía y los imputados por los que se resuelven la mayoría de los procesos. Allí se alcanza una condena, pero no continúa la investigación.
“Procesás a dos o tres y no llegás a completar todo ese esquema delictivo que vos estás de alguna manera persiguiendo”, dijo Díaz.
El estudio plantea que “en ninguna de las carpetas relevadas que fueran archivadas en las sedes de Montevideo consta información del desarrollo de procesos orales, lo cual indica que prácticamente todos los juicios se tramitaron por la vía abreviada”.
“Es otro de los datos que no nos cierran”, dijo Morás, porque “los delitos son de mucha mayor gravedad y no van a juicio oral, se resuelven por la vía abreviada, igual que los crímenes de menor valía y no pagan con prisión efectiva”.
Sobre este punto, durante la presentación del estudio en la Facultad de Derecho a finales de setiembre, Díaz señaló que querían dejar planteada una hipótesis de cara a la continuación del trabajo a partir de un análisis cualitativo de los datos. “Podemos decir que los procesos abreviados parecen cumplir una doble función. Por un lado, la de descomprimir el trabajo de los tribunales y operar de una manera rápida, economía de costos en el caso de los juzgados penales comunes y penales juvenil, con una clara postergación de las garantías procesales; al tiempo que para el crimen organizado podría operar como una suerte de estrategia de defensa que permite en causas complejas, pensemos narcotráfico, lavado de activo, trata o explotación sexual, poner freno a la investigación”.
Del análisis del contenido de los acuerdos abreviados alcanzados de los cuales existió registro con detalle, que fueron el 81%, surge que la mayoría —el 63%— contaba con defensa particular, y que el 64% de las personas recibieron penas sustitutivas a la prisión, es decir, un régimen de libertad a prueba o libertad vigilada. Entre el 36% con prisión efectiva se contabilizaron los casos de penas mixtas, con parte de la pena en la cárcel y otra con otras medidas. A su vez, un 35% de los imputados tuvo una pena máxima de hasta 12 meses de medidas privativas de libertad.
El perfil de los imputados
El estudio también habla sobre quiénes son las personas imputadas en los juzgados del Crimen Organizado, que para los investigadores puede reducirse a tres perfiles distintos.
Por un lado, aparecen los varones jóvenes, de contexto crítico, que fueron encausados por tráfico de armas o estupefacientes. Un segundo perfil son los adultos mayores residentes en barrios no carenciados, de los cuales una cifra importante fueron llevados a la Justicia por defraudación tributaria. Si se consideran las edades, “lo más destacable surge por la mayor presencia de encausados con edades en el tramo superior”, dice la investigación. Un 11,2% eran mayores de 60 años.
En tanto, un tercer grupo lo conforman mujeres imputadas mayormente —tres de cada cuatro— por delitos vinculados al tráfico interno de armas o los delitos previstos en la Ley de Estupefacientes. Según surge del documento, de las 219 personas relevadas, el 18,3% eran mujeres, una proporción superior a la observada en la Justicia penal ordinaria, donde ha oscilado entre el 11% y el 12% en los últimos años.
En relación con los logros educativos, casi dos tercios de los encausados (63%) no completaron el ciclo educativo obligatorio.
A partir del análisis de la información disponible en los expedientes, que incluye en algunos casos informes diagnósticos elaborados por dependencias especializadas, como la Dirección Nacional de Medidas Alternativas y el Instituto Nacional de Rehabilitación, el estudio concluye que “un 40% de los encausados presentan indicadores de precariedad existencial y/o de eventual vulnerabilidad frente a actividades delictivas presentes en el entorno familiar, de pares, comunitario o social”. Un 29% ya contaba con antecedentes penales.
Sobre el lugar de residencia, del total de los casos, había 145 que vivían en Montevideo, 22 en Canelones y 22 en otros lugares del interior, y sobre 30 no tuvieron información. Entre quienes residían en la capital del país, seis de cada 10 vivían en zonas de contexto crítico de los municipios D, F y A —que incluye barrios como Casavalle, Cerro, Cerro Norte, La Teja, Marconi o Villa Española—, mientras que apenas 17 de 145 tenían domicilio en las zonas centrales y de la costa de Montevideo. “Se superponen los mapas del crimen organizado con los homicidios y con el mapa de las necesidades básicas insatisfechas, bajos niveles educativos, desempleo, precariedad existencial”, afirmó Morás. “Uno llega a la conclusión, errónea por supuesto, de que no hay crimen organizado en toda la costa”, agregó.
