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Con ley aprobada para el Casmu, actores médicos y políticos señalan cambio en postura del Frente Amplio
Agrupación opositora esperaba desplazamiento de autoridades, algo que respaldaba el entonces subsecretario de Salud antes de asumir, lo que hoy no se considera
Lo que la semana pasada era un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento, el martes 1 se convirtió en ley. Las dos cámaras aprobaron liberar al Casmu el último tramo del dinero proveniente del Fondo de Garantías, unos 23 millones de dólares, y extender la intervención del tercer prestador privado de Uruguay por un año más.
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El proyecto fue aprobado con una serie de modificaciones tendientes a impedir que una mutualista pueda declararse en quiebra e ir a concurso en caso de estar intervenida.
La aprobación fue con votos de legisladores de todos los partidos, salvo en Diputados, que tuvo la negativa de los dos representantes de Identidad Soberana, Gustavo y Nicole Salle. Pero más allá de ese respaldo, quedaron patentes notorias diferencias respecto al Casmu entre el gobierno y la oposición, que se arrastran desde la anterior administración. Distintos actores políticos y médicos refieren, sobre todo en el caso del Frente Amplio, a un evidente cambio de postura.
El diputado nacionalista José Luis Satdjian, que en la administración pasada fue subsecretario de Salud, recordó durante su intervención que el año pasado, cuando el gobierno envió al Parlamento un proyecto de ley para que Casmu —que hoy tiene unos 180.000 afiliados— accediera a un nuevo fideicomiso, luego de la intervención decretada en julio de 2024, fueron “objeto de muchas críticas de la bancada que entonces era oposición y hoy es gobierno”. Por entonces, expresó, se decía que “se le pasaba la responsabilidad” al Poder Legislativo de tomar una resolución que el Ejecutivo podía adoptar por sí mismo.
La senadora frenteamplista Patricia Kramer, quien ofició de miembro informante del proyecto, dijo a Búsqueda que el actual gobierno decidió hacer lo mismo “sentado en el antecedente”: “Dado que hubo una ley para un nuevo fideicomiso (la 20.325), y viendo que no estaban los resguardos jurídicos para que el Ministerio (de Economía) habilitara el último tramo, no hubo más remedio que accionarlo por otra ley”.
En ámbitos médicos, empero, se indica que la postura del Frente Amplio cambió en su pasaje de oposición a gobierno.
Hay quien está muy feliz con ese cambio. Raúl Rodríguez, presidente del Casmu, dijo a Búsqueda que en los primeros encuentros con las nuevas autoridades del Ministerio de Salud Pública (MSP), encabezado por Cristina Lustemberg, “ya es notorio otro clima”.
El cambio de autoridades, que trajo también cambio de interventores, era esperado con ansias por los directivos del Casmu, cuya relación con los anteriores responsables del MSP distaba de ser buena. En diciembre pasado, estos elevaron a Fiscalía los informes de los interventores de la mutualista en el entendido de que podían configurarse delitos. Sin embargo, la Fiscalía no encontró fundamentos para una denuncia penal.
“Nosotros íbamos ganando cien, doscientos socios por mes y con la intervención perdimos 3.000 afiliados y credibilidad. Fue como una corrida bancaria”, señaló Rodríguez. El Casmu, a través de su equipo jurídico, está analizando hacerles una demanda al Estado y a las anteriores autoridades del MSP por esta situación. “Si es por mí, se las hacía ahora”, expresó.
Versiones
Días antes del cambio de gobierno, en ámbitos médicos se daba como un hecho la versión de que las nuevas jerarquías del MSP decretarían un desplazamiento de autoridades en el Casmu. Esta posibilidad era abonada desde la principal agrupación opositora en la mutualista, El Casmu que Queremos, y era alimentada por expresiones como la del entonces designado subsecretario de Salud, Leonel Briozzo. “Creemos que este ministerio tiene que resolver esta situación sustituyendo a las actuales autoridades y tomando las riendas del funcionamiento de esta institución”, dijo Briozzo el 14 de enero en M24. Sin embargo, según pudo saber Búsqueda, esto no es algo en lo que esté pensando actualmente el Poder Ejecutivo, considerando entre otras cosas que habrá elecciones en setiembre en esta institución.
“Cambió el mes, cambió el gobierno, cambiaron las autoridades y cambió el verso”, ironizó Domingo Beltramelli, vocero de El Casmu que Queremos. “Es muy difícil de entender pero pasó eso”, añadió, admitiendo que esta situación les ha provocado “bronca”, “incredulidad” y “decepción”.
Tanto en el Nucleo de Base del Casmu como algunos directores actuales del Sindicato Médico del Uruguay (SMU) hab pedido el desplazamiento de las autoridades del Casmu. El presidente del SMU, José Minarrieta, tomó este eventual viraje con algo parecido al pragmatismo: “No es lo mismo estar en la oposición que en el gobierno”.
La sensación imperante era tal que con fecha 1 de marzo, mismo día de la asunción del nuevo gobierno, una nota de la vicepresidenta del Casmu, Andrea Zumar, dirigida al presidente Yamandú Orsi, expresaba su “satisfacción por el éxito obtenido en las pasadas elecciones nacionales” de la que llamó “nuestra fuerza política, la que mi familia y yo hemos votado siempre”. En esa misma nota, con el membrete del Casmu y con la firma de otros 34 profesionales en cargos de dirección y gerenciales, “todos del Frente Amplio”, Zumar le solicitaba una entrevista a Orsi para contarle “de primera mano” la situación del prestador y “aclarar muchas tergiversaciones de su realidad”.
“Esa nota fue un grave error”, señaló hoy Rodríguez. A pedido de la minoría opositora, añadió, ese tema pasó a la Comisión Fiscal. “Pero en principio es un error y nada más”, cerró.
Consultada por Búsqueda, Kramer —también presidenta de la Comisión de Salud del Senado— subrayó que no hay unanimidad en el Frente Amplio sobre qué hacer con las actuales autoridades del Casmu. “Tampoco era mayoritaria la idea de desplazarlas”, agregó. Briozzo, por su parte, prefirió no hacer declaraciones sobre este tema.
El diputado Salle, que no votó el proyecto del gobierno, dijo en su intervención en Cámara que el informe de los interventores refleja “conductas de apariencia delictiva” en la gestión del Casmu. Luego de anunciar que insistirá en llevar el tema a la órbita penal, expresó que no apoyará una ley hecha “rápido y a los ponchazos” para que el Estado financie “la inoperancia y hasta aparentes conductas delictivas”.
