Este período de transición no solo abarca a los organismos públicos. En la mutualista Casmu, intervenida por el gobierno en julio pasado, también hay una transición de interventores. Junto con el cambio, los directivos de este prestador privado de salud esperan una mejor relación con las nuevas autoridades.
En el Casmu hay sentimientos encontrados. La semana pasada, la mutualista anunció que el Ministerio de Salud Pública (MSP) la seleccionó, junto con el Hospital de Clínicas y el Centro Médico Quirúrgico de Salto, para realizar tratamientos quirúrgicos con tecnología láser en tumores malignos de cuello y cabeza. Se trata de procedimientos complejos de otorrinolaringología, incorporados al Fondo Nacional de Recursos (FNR), que permiten reducir los tiempos de recuperación y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Hasta ahora, la única intervención cubierta para estos casos es la cirugía convencional.
“El Casmu va a ser el centro de referencia nacional en esos tratamientos”, aseguró a Búsqueda el presidente del tercer prestador privado en número de socios del país, Raúl Rodríguez. Esta tecnología, que implica cirugías mínimamente invasivas y una reducción significativa del número de traqueotomías, podría ser aplicada en 300 o 400 casos por año. “Ya sería el octavo centro de este tipo (de medicina especializada), para diferentes patologías, que funciona en esta institución”, añadió.
También en el Casmu se realizó en enero una inédita intervención quirúrgica en un bebé de ocho meses con hidrocefalia. Esta operación combinó neurocirugía y resonancia magnética intraoperatoria. “Lo hicimos con un microscopio especial, que salió US$ 600.000, en una sala híbrida que es única en la región”, resaltó Rodríguez.
Estos informes —presentados al Parlamento en una delegación encabezada por la ministra Karina Rando— señalaron, además de incumplimientos de los estatutos de la institución, “importantes irregularidades en las contrataciones de servicios en distintas áreas”, “ausencia muy importante de control interno y de oposición de intereses”, “desvíos a normas vigentes” y “observaciones a las adquisiciones y a los pagos”, muchas veces sin comprobantes que los justifiquen, con contratos vencidos y con la oposición expresa de los interventores designados por el gobierno. También se indicaron deudas con prestamistas por un monto de más de US$ 10 millones, con el fantasma del cierre de Casa de Galicia (decretado por la Justicia en diciembre de 2021) sobrevolando como antecedente.
Cambio de interventores en Casmu
De los tres interventores designados inicialmente, dos permanecerán en la institución hasta el viernes 28 de febrero, último día de la actual administración de gobierno: la doctora Sandra Lorenzo, exsubdirectora general del MSP, y el abogado Gerardo Lorente, exgerente general de la Secretaría Nacional de Deportes (Senade). El contador Juan Carlos Simonelli, que había estado en la gerencia del Hospital Pereira Rossell, terminó su trabajo el 31 de enero.
Ya fueron anunciados los nombres de los interventores que comenzarán a trabajar con el nuevo gobierno y el nuevo MSP encabezado por Cristina Lustemberg, desde el lunes 3 de marzo. Ellos son el médico Alarico Rodríguez, con pasado en el FNR y la Intendencia de Canelones, muy cercano al presidente electo, Yamandú Orsi, el abogado Diego Pescadere y el contador Gustavo Fernández.
Las autoridades del Casmu, encabezadas por Rodríguez, no han ocultado que el vínculo que tuvieron con el gobierno saliente estuvo lejos de ser el mejor. “Cuando asumimos en la institución, en 2019, el ministro (de Salud del segundo gobierno frenteamplista de Tabaré Vázquez) Jorge Basso nos había designado como el centro de referencia nacional en hemofilia. Este gobierno llegó y nos lo sacó”, dijo el titular de la mutualista.
“Ahora al final del gobierno nos dan esto… es lo que nos merecemos y lo que corresponde, porque fuimos los que hicimos la inversión que hacía falta. Pero también estuvimos asistiendo al (barco) Greg Mortimer (durante el inicio de la pandemia), apoyamos al funcionamiento inicial del Hospital del Cerro… Creemos que este gobierno no tuvo el mejor tratamiento con nosotros, debería haber actuado y reconocido de otra manera”, añadió.
El primer ministro de Salud de este gobierno, Daniel Salinas, fue gerente de Recursos Materiales de Casmu hasta octubre de 2019, cuando fue cesado justamente por Rodríguez. Sin embargo, según pudo saber Búsqueda, desde el oficialismo de la mutualista apuntan a quien ha sido viceministro todo este período, José Luis Satdjian, como el jerarca que más animosidad tuvo contra ellos.
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Presidente del Casmu, Raúl Rodríguez
Mauricio Zina / adhocFOTOS
De acuerdo con Rodríguez, con los interventores salientes se logró “un consenso de trabajo muy interesante”. El presidente señala que ellos “llegaron con una visión y que la fueron cambiando”. Sobre sus informes, que terminaron en Fiscalía, el presidente del Casmu insistió con el concepto de que si hubo algo, fueron “errores” y no delitos.
“Si hubiera habido delitos, en vez de hacer una presentación (en Fiscalía), habría denuncias penales”, subrayó.
Sin posición sobre un posible desplazamiento de autoridades
El cambio de gobierno acentuó los rumores que desde hace meses giran en torno al Casmu, referidos a un posible desplazamiento de sus autoridades, algo que han pedido tanto la agrupación opositora en la propia mutualista, El Casmu que Queremos, como el Sindicato Médico del Uruguay (SMU).
La respuesta a esta incógnita se dará “en las primeras semanas” de gestión del nuevo gobierno, dijeron a Búsqueda fuentes médicas y políticas. Desde las autoridades entrantes afirmaron que “no hay una posición tomada” en un tema en el que “hay mucha sensibilidad”. En el gobierno saliente no creen que los interventores actuales elaboren algo así como un informe final en estos días.
Desde la agrupación mayoritaria del Casmu piensan que no sería una estrategia política inteligente quitar a las autoridades cuando la capacidad asistencial a sus 180.000 usuarios no se ha visto resentida, el período de intervención finaliza el 29 de julio y en setiembre próximo hay nuevas elecciones en la mutualista. Con el nuevo gobierno y los nuevos interventores, Rodríguez no oculta su optimismo. “La izquierda sabe más que nada que el Casmu nació en 2009, durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez, con US$ 100 millones de déficit y dejaron que comenzara así. Como no podíamos pedir crédito a los bancos, se creó el Fondo de Garantías. Al colega (Alarico Rodríguez) lo conozco, sé que va a hacer un trabajo técnico interesante. Del contador y el abogado tengo muy buenas referencias. Pienso que van a trabajar profesionalmente y si es así, no hay ninguna razón para que pase nada. Además, según nos dijo nuestro asesor legal (Miguel Tomé), después de que el Parlamento votó (en agosto) que podíamos acceder al Fondo de Garantías ya no es posible el desplazamiento de autoridades. Esperemos que lo jurídico esté por encima de lo político…”, deslizó.
Domingo Beltramelli, vocero de la agrupación opositora, dijo a Búsqueda que ellos presentaron denuncias contra el oficialismo del Casmu, la agrupación Médicos Unidos (que en el directorio integran Rodríguez, la vicepresidenta Andrea Zumar y el secretario general Juan José Areosa), tanto en el MSP —que derivó la denuncia al Tribunal de lo Contencioso Administrativo— como en el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) por la actuación de estos en las asambleas de la institución, que consideraron antiestatutarias. También los denunciaron en la Comisión Fiscal del Casmu por las “irregularidades” detectadas por los interventores, al momento sin respuesta. El 19 de marzo se realizará la asamblea general ordinaria, con balance de gestión, con autoridades intervenidas o no.
Hoy hay un ambiente laboral “tenso” que no ha impedido que “la atención a los socios siga estando”, añadió. Que el gobierno haya accedido a sostener económicamente la institución “les dio más tranquilidad a los funcionarios”, afirmó.
