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Sin negociación política, vacante en la Suprema Corte se encamina a la designación automática por antigüedad
El próximo martes se cumplen 90 días desde que cesó Elena Martínez y hasta ahora no hubo negociaciones en el Senado para nombrar un sustituto por acuerdo político
Palacio Piria, sede de la Suprema Corte de Justicia.
Pasaron 86 días desde que Elena Martínez cesó como ministra de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), y el próximo martes 2 de diciembre se cumple el plazo máximo para que la Asamblea General pueda realizar una designación para sucederla, con el apoyo de una mayoría especial de dos tercios de los miembros.
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Pese a la cercanía de la fecha límite, fuentes del Senado dijeron a Búsqueda que no existen negociaciones en marcha para un nombramiento ni se manejan nombres para sustituirla. Con ese escenario, la renovación en el máximo órgano judicial se encamina a definirse por antigüedad de forma automática.
La Constitución establece que, de no alcanzarse el acuerdo político necesario para hacer un nombramiento, se designa de forma automática al miembro con mayor antigüedad de los tribunales de apelaciones, que actualmente es Julio Alfredo Posada, ministro del Tribunal de Apelaciones de Trabajo de 1er turno. Fue en ese tribunal que Posada coincidió entre 2008 y 2022 con una de las actuales ministras de la Corte, Doris Morales.
Un magistrado de “perfil bajo”
Consultada por Búsqueda, Morales definió a Posada como un magistrado de “perfil bajo”, pero “una excelente persona y juez”, y aseguró que “la Corte se va a ver privilegiada con su integración”.
Además de Morales, la SCJ está integrada por el presidente John Pérez Brignani y los ministros Bernadette Minvielle y Tabaré Sosa. El hecho de ser cuatro miembros únicamente les permite realizar las sentencias interlocutorias, porque para poder emitir sentencias definitivas, para resolver en última instancia en los juicios de todas las materias o declarar inconstitucionales las leyes se requieren cinco votos. Desde la salida de Martínez, se recurre a un mecanismo, que está previsto en la legislación, para que un miembro de un tribunal de apelaciones integre la Corte y esta pueda funcionar, algo que se realiza por sorteo.
La situación de tener una vacante “entorpece un poco” el trabajo del máximo órgano del Poder Judicial, señaló Morales, aunque “se ha ido integrando y las sentencias han salido”. En el mismo sentido, Pérez Brignani consideró que se trató de que “no afectara a los justiciables sorteando lo más posible”, pero esa situación “sobrecarga a los ministros de los tribunales, que ya de por sí están bastante exigidos, y a la Corte por todos los sorteos que se hicieron y el envío de los expedientes a cada magistrado”.
En situaciones previas, la Asamblea General ha votado al ministro más antiguo entre los tribunales de apelaciones, pero ha resuelto adelantar la designación para cubrir el cargo antes de los 90 días. Según un estudio que fue realizado desde el Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, esto sucedió en el 26% de los casos de vacancias entre 1985 y 2024, un período en el que fueron nombrados 31 ministros de la SCJ. En tanto, un 26% fue por designación automática a los 90 días y un 48% a través de un acuerdo en el Parlamento.
La designación de Minvielle fue la última que se hizo por acuerdo político, en 2017, mientras que Sosa, Pérez Brignani y Morales accedieron por antigüedad a la SCJ.
Las próximas vacantes
La Constitución establece que el máximo órgano del Poder Judicial esté integrado por cinco ministros, que pueden ejercer el cargo por un período máximo de 10 años sin posibilidad de reelección inmediata y hasta alcanzar los 70 años de edad.
En marzo de 2026 quien dejará su cargo como ministro de la Corte es Sosa, que cumplirá 70 años. En 2027 habrá dos vacantes en la Corte, John Pérez Brignani (cumple 70 en marzo) y Bernadette Minvielle (llega a los 10 años en agosto). Finalmente, en setiembre de 2029 dejará la Corte Doris Morales, con 70 años.
Durante este período de gobierno también cesarán en sus cargos los cinco ministros que integran el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, por lo que tanto en Torre Ejecutiva como la bancada oficialista de la Cámara Alta tenían intenciones de negociar con la oposición un “paquete” para acordar las designaciones, pero los blancos y una parte de los colorados, en cambio, prefieren discutir los temas por separado.
