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Decreto de Orsi y Mahía da más autonomía a universidades privadas y flexibiliza las trayectorias educativas
La nueva norma comenzará a regir el 2 de setiembre y establece un “régimen de consolidación institucional” en educación terciaria que habilita nuevas potestades para las instituciones
El presidente Yamandú Orsi y el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, firmaron hace dos meses un decreto que regula la actividad de las instituciones privadas que imparten educación terciaria en Uruguay. La principal novedad es que establece un “régimen de consolidación institucional” que reduce la burocracia para una serie de trámites y les da con ello más autonomía a las universidades y los institutos terciarios del sector privado.
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El decreto comenzará a regir el 2 de setiembre. En los días previos está previsto que autoridades de la educación presenten la resolución ministerial con los instructivos para implementar el decreto, informó a Búsqueda la responsable del Área de Educación Superior del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), Virginia Villalba.
Orsi y Mahía habían derogado el año pasado un decreto sobre el mismo tema que firmaron sus antecesores, Luis Lacalle Pou y Pablo da Silveira, dos días después del balotaje, el 26 de noviembre de 2024. Aquel decreto creaba la figura de “autorización definitiva” para las universidades con 20 años de autorización y sin incumplimientos graves. Esta autorización definitiva les permitía realizar una serie de procedimientos sin necesidad de que el MEC los avalara. A fines de febrero de 2025, tres días antes del cambio de mando, Da Silveira otorgó la “autorización definitiva” al Instituto Universitario Asociación Cristiana de Jóvenes y a cinco universidades privadas: la Católica, la de Montevideo, la de la Empresa, la ORT y el Claeh.
El gobierno encomendó en junio de 2025 al Consejo Consultivo de Enseñanza Terciaria Privada y al Área de Educación Superior del MEC que diseñen una nueva normativa de regulación del sistema de enseñanza terciaria privada. El proyecto de decreto fue presentado en diciembre en conferencia de prensa y, con ciertos cambios, fue firmado el 4 de junio por Orsi y Mahía.
El decreto establece cuatro modalidades de enseñanza de las unidades curriculares: presencial, remota, sincrónica y asincrónica. El artículo 40 estipula que las universidades o institutos universitarios con acreditación del Instituto Nacional de Acreditación y Evaluación de la Educación Terciaria Privada (Inaeet) ingresarán al régimen de consolidación institucional. Una vez en él podrán “cambiar modalidades en carreras reconocidas” y “modificar la implementación del plan de estudios de sus carreras reconocidas para tener en cuenta el avance en las disciplinas y su enseñanza, respetando sustancialmente el perfil de egreso”. Podrán hacerlo, acota, sin necesidad de pedirle autorización al MEC, lo que se traduce en mayor autonomía para las instituciones privadas. La comunicación de estos cambios al ministerio se debe realizar cuando se actualice la información institucional, lo que debe hacerse cada tres o cinco años.
Para otra serie de procesos, el decreto exige una resolución del MEC. Por ejemplo, lo requiere para cambiar la denominación del título de las carreras, respetando el perfil de egreso; para crear nuevas orientaciones, y para crear titulaciones contenidas en carreras reconocidas, justificando el perfil de egreso y la pertinencia de la nueva titulación. La forma en que se tramitarán estos procesos será determinada por la reglamentación que se presentará a fines de este mes.
Validación
El director nacional de Educación, Gabriel Quirici, explicó en enero que Orsi y Mahía derogaron el decreto del gobierno anterior (y luego dejaron sin efecto las seis autorizaciones definitivas otorgadas) porque “desregulaba” el sistema de instituciones privadas que imparten educación terciaria en el país y porque lo habían forjado sin consultarlas.
Director nacional de Educación, Gabriel Quirici, ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, y responsable del Área de Educación Superior, Virginia Villalba
Ministerio de Educación y Cultura
El decreto firmado por el Poder Ejecutivo en junio subraya la participación del Consejo Consultivo de Enseñanza Terciaria Privada en el diseño de la nueva norma. Integran este consejo ocho miembros que representan al MEC, la Administración Nacional de Educación Pública, la Universidad de la República y las universidades privadas. El decreto amplía a 10 la cantidad de integrantes y suma a la Universidad Tecnológica.
“Las instituciones consultadas han destacado que el proceso de elaboración se ha realizado en un ambiente de diálogo, con carácter participativo, interinstitucional y técnico que permitió integrar miradas del sistema público y privado”, expresa el decreto de Orsi y Mahía, lo que “fortalece la legitimidad y validación de la propuesta”.
El rector de la ORT, Jorge Grünberg, había dicho en enero a Búsqueda que las universidades que han pasado una cantidad de años sin observaciones importantes “ganan mayor autonomía” con esta propuesta del gobierno.
Flexibilidad
A pesar de que no coincidieron en la forma de regular la enseñanza terciaria privada, el anterior gobierno y el actual sí concordaron en la necesidad de actualizar la normativa. Tras la derogación del decreto de Lacalle Pou y Da Silveira, quedó vigente el aprobado en abril de 2014, durante la presidencia de José Mujica, cuando las modalidades de enseñanza a distancia no estaban instaladas como lo están hoy.
Otro de los cambios más importantes del nuevo decreto refiere a la flexibilidad académica que habilita. “Los diseños curriculares de las carreras podrán incorporar mecanismos de flexibilidad que posibiliten trayectorias formativas personalizadas según los intereses de los estudiantes”, estipula el artículo 38 del nuevo decreto, el 027/026. La norma agrega que “la flexibilidad garantizará el diálogo, la movilidad y el reconocimiento académico entre las instituciones”, la que podrá expresarse mediante “unidades curriculares optativas o electivas, trayectos formativos diferenciados y/o modulares y configurando la posibilidad de cursar unidades curriculares en otras instituciones en el marco de convenios de cooperación académica”.
El decreto también contempla la internacionalización de la educación terciaria. Mientras que el decreto de 2014 estipulaba que la mayoría de los integrantes de los órganos de dirección administrativa y académica de estas instituciones debían ser ciudadanos naturales o legales uruguayos, o bien contar con una residencia en el país no inferior a tres años, el decreto de Orsi y Mahía quita el requisito de la nacionalidad y establece en cambio que, si la dirección es colegiada, “la mayoría de sus integrantes deberá residir en el país”.
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