El 26 de noviembre de 2024, dos días después del balotaje que ganaron Yamandú Orsi y Carolina Cosse, el entonces presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y el ministro de Educación y Cultura, Pablo Da Silveira, firmaron un decreto que regula la enseñanza terciaria privada. La norma permitía darle “autorización definitiva” a las instituciones con más de 20 años de trabajo y sin observaciones graves. Con esa autorización, las universidades podían “modificar planes de estudio, cambiar la denominación del título final (...), abrir nuevas sedes e impartir en ellas carreras ya reconocidas, sin otro trámite que informar al Ministerio de Educación y Cultura (MEC) a los efectos del reconocimiento y registro de los títulos”.
El 26 de febrero de 2025, tres días antes del cambio de mando, Da Silveira otorgó las autorizaciones definitivas a la Universidad Católica del Uruguay, la ORT, la Universidad de Montevideo, la Universidad de la Empresa, la Universidad Claeh y el Instituto Universitario ACJ. El gobierno de Yamandú Orsi, con José Carlos Mahía en el MEC, dejó sin efecto estas autorizaciones, derogó el decreto que regulaba el sistema y otorgó, vía resoluciones, avales temporales a ciertas universidades para que continuaran los cursos en régimen de excepción, puesto que el decreto vigente, del año 2014, no contempla algunas modalidades de enseñanza.
El director nacional de Educación, Gabriel Quirici, explicó a Búsqueda que, al haber revocado el decreto de 2024, “algunas cosas quedaron como en un limbo jurídico”, por lo que el ministerio emitió resoluciones puntuales para “salvaguardar los derechos de los que estaban estudiando”.
Los encargados de diseñar el nuevo régimen fueron el Área de Educación Superior de la Dirección Nacional de Educación del MEC y el Consejo Consultivo de Enseñanza Terciaria Privada (CCETP), que integran representantes del ministerio, la ANEP, la Universidad de la República y las universidades privadas. La propuesta de reglamentación, que fue aprobada por unanimidad del CCETP en diciembre, no habla de “autorizaciones definitivas”, sino de “consolidación institucional”.
Un resumen de la propuesta, a la que accedió Búsqueda, plantea que podrán conseguir esta categoría aquellas universidades e institutos universitarios que cuenten con acreditación institucional del Instituto Nacional de Acreditación y Evaluación de la Educación Terciaria (Inaeet). Integrarse a este régimen les permitirá a las universidades realizar ciertas modificaciones en carreras reconocidas (como el cambio de modalidades, implementación de planes, denominaciones de títulos, orientaciones y titulaciones contenidas en carreras reconocidas) a través de “procedimientos simplificados ante el MEC”. Mientras que el Inaeet no cuente con un sistema nacional de acreditación, el proyecto de decreto habilita a actuar como tales a las instituciones universitarias con 25 años de funcionamiento o con al menos dos carreras acreditadas en el ámbito regional o internacional.
Para las universidades privadas, este es uno de los puntos más importantes de la propuesta. El rector de la ORT, Jorge Grünberg, dijo a Búsqueda que las universidades que han pasado una cantidad de años sin observaciones importantes “ganan mayor autonomía”, lo que resulta “lógico”, se aplica en la región y es “el estándar internacional”. Ve “una cierta continuidad” porque “la idea del gobierno anterior era esta”, a través de la figura de “la autorización definitiva”.
De todas maneras, estima que durante los cinco meses en que se elaboró la propuesta “se trabajó más a fondo, se estudió con más detalle, con más cuidado, y se definió con más precisión” que el decreto firmado por Lacalle Pou y Da Silveira. Por eso, lo considera “una mejora respecto a lo que había”, ya que “quedó más claro y consensuado”. Grünberg fue durante el segundo semestre del año pasado el secretario pro tempore del Consejo de Rectores de las Universidades Privadas.
Flexibilidad
Las principales líneas del proyecto de regulación fueron presentadas el 22 de diciembre en conferencia de prensa por Mahía, Quirici y la responsable del Área de Educación Superior, Virginia Villalba. El borrador del decreto está a estudio de la Asesoría Jurídica del MEC y luego pasará a Presidencia de la República, el paso previo a su firma.
La propuesta reconoce las modalidades de enseñanza remotas y consagra “la flexibilidad curricular” para permitir “trayectorias formativas personalizadas”. Las carreras se construyen a través de unidades curriculares optativas o electivas, trayectos diferenciados y modulares, y contemplan la posibilidad de cursar unidades en otras instituciones mediante convenios.
Para Grünberg, el proyecto de decreto establece “reglas claras” sobre en qué medida se puede enseñar utilizando Zoom o formatos asincrónicos. Otro beneficio, repasa, es que regula los títulos duales, que permiten a un estudiante de Arquitectura, por ejemplo, obtener un título en Brasil y Uruguay simultáneamente gracias a un acuerdo de ORT con una universidad de Minas Gerais.
Mientras que Villalba destacó en la conferencia de prensa “la confianza en el desarrollo institucional de aquellas instituciones que han construido fortalezas” en las últimas décadas, Quirici dijo que al final del gobierno anterior hubo “turbulencias” y “desprolijidades”, y que el decreto derogado “desregulaba”. En contrapartida, la propuesta actual da al Estado un rol “regulador”, que genera condiciones, “lidera” y da oportunidades al sistema educativo, pero “no abdica de su posición”.
Grünberg, Villalba y Quirici coinciden en que la propuesta alivia al ministerio y a las instituciones privadas de una carga burocrática excesiva. El director nacional de Educación remarcó que la iniciativa “facilita” y “simplifica” procedimientos que las universidades ya pueden hacer y, al mismo tiempo, “robustece el rol regulador” del MEC como garante del sistema. “Lo más importante es que las instituciones puedan hacer muchas cosas de manera autónoma”, dijo, porque está “la seguridad” de que cuentan con carreras, institutos, facultades, recorridos docentes y capacidad institucional, administrativa y financiera que “lo ameritan”, por lo que “no requieren una burocratización innecesaria”.
Más que continuidad, como señala Grünberg, Quirici percibe una “ruptura” con respecto al anterior decreto, el derogado, al que le atribuye una “perspectiva pseudo-liberalizadora que, en realidad, por desregular, desconocía la importancia de construir un sistema”. El jerarca agregó que “la supuesta liberalidad” del decreto anterior se hizo “entre gallos y medianoche” y sin consultar a los actores involucrados.
Piden informes por convenio con universidad pública de Argentina
El Consejo de Formación en Educación (CFE) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) firmó en diciembre un convenio con la Universidad Pedagógica Nacional de Argentina (Unipe) para implementar una maestría en formación docente. El presidente del CFE, Walter Fernández Val, dijo a Búsqueda que esto responde a un cambio de “paradigma” en relación con la pasada administración, que había firmado convenios con universidades privadas uruguayas con el mismo propósito. Las autoridades buscan así “fortalecer la educación pública” de Uruguay o la región, “y no financiar con dinero público a universidades privadas”.
Para el rector de la ORT, Jorge Grünberg, “la cooperación internacional siempre es buena, pero depende con quién se haga”. Si el acuerdo es con la Universidad de Buenos Aires, la de Chile o la de San Pablo, lo consideraría “una gran oportunidad” y lo apoyaría, porque son universidades “de primera línea continental”. En contrapartida, no conoce la universidad argentina con la que el CFE firmó el acuerdo. “No la había escuchado mencionar; entonces, me resulta muy difícil opinar”, dijo el rector a Búsqueda. Acotó que “obviamente no está entre las primeras universidades de Argentina”. Que la razón o “el motor principal” para firmar este acuerdo haya sido “una cuestión monetarista”, planteó, en el sentido de que el dinero se gaste en una universidad pública en Argentina en lugar de gastarlo en una universidad uruguaya, es un asunto que debería analizarlo un economista o un cientista político, pero “no es una cuestión educativa“.
En términos generales, Grünberg estimó que lo mejor sería que se le ofrezcan opciones al estudiante para que elija dónde cursar la maestría.
Por su parte, el director nacional en Educación, Gabriel Quirici, aclaró que no intervino en este proceso y que este convenio no está vinculado a la propuesta de decreto sobre la enseñanza superior privada. Sostuvo que la medida está entre las potestades que tienen el CFE y la ANEP de promover posgrados, y que es “muy valioso” que el CFE despliegue una política de posgrados y que sea con universidades especializadas en pedagogía.
A su vez, el diputado colorado Felipe Schipani hizo un pedido de informes con destino a la ANEP en el que solicita una copia del convenio firmado entre Unipe y el CFE. Consultó, entre otros asuntos, si antes de la firma hubo algún llamado, convocatoria, comparación de ofertas o análisis de alternativas académicas.
