—A usted lo contrataron para hacer la evaluación y después la estrategia nacional de riesgos. ¿Cuáles son los grandes lineamientos de lo propuesto?
—El objetivo de la evaluación nacional de riesgos era tener una base de información y de conocimiento destinado a elaborar posteriormente la estrategia nacional. Tanto en el proceso de la evaluación de riesgos como en la estrategia, se dio participación a todos los actores que forman parte del sistema, tanto del sector público como del sector privado, y se trató de lograr los consensos más amplios posibles. Aquellos temas que fueran más espinosos, complicados o sobre los cuales no existiera el consenso suficiente se dejaron de lado. Una de las cosas que se vio en la evaluación era las carencias enormes de recursos que hay en todos los organismos. En la estrategia, que son grandes lineamientos que establecen el compromiso del Estado respecto de hacia dónde se camina, se incluyó como objetivos concretos que todos los organismos competentes hagan en un plazo corto, mediano, según el caso, una evaluación de sus necesidades de recursos, tanto recursos humanos como recursos financieros, tecnológicos, y que con base en eso se asignen los recursos necesarios para poder cumplir con sus funciones. Por otro lado, el sistema, en cuanto a la investigación de los delitos de lavado de activos, no está obteniendo resultados. ¿Por qué? Porque no se están llevando a cabo investigaciones financieras paralelas. Es decir que, cuando se está investigando un delito precedente que potencialmente genera activos, no se llevan a cabo investigaciones financieras para determinar si, vinculado con esas ganancias que genera el delito precedente, puede haber delitos de lavado de activos.
—¿Hay en la estrategia nacional propuesta algún cambio legislativo, creación de nuevos delitos o reestructuras de organismos?
—Además de las mesas técnicas que habían trabajado en la evaluación nacional de riesgo, en esta instancia se creó un grupo de expertos para trabajar sobre algunos puntos. Allí se planteó la posibilidad de realizar un rediseño del sistema antilavado, porque está claro que no está obteniendo resultados en ninguno de los niveles, ni en la prevención, ni en la detección, ni en la investigación. Lo que se acordó fue que dentro del ámbito de la comisión coordinadora se establezca un comité técnico específico para que estudie distintas posibilidades de rediseñar el sistema. Una posibilidad de las que se plantea ahí es crear un organismo autónomo o descentralizado, que puede ser la Senaclaft (Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo), o puede tener otro nombre, que agrupe todas las funciones en el ámbito de la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo: la supervisión, la investigación y la regulación. Esa es una alternativa posible que este comité técnico deberá estudiar. Otra posibilidad es que se establezca un organismo que reúna toda la competencia en materia de supervisión. Hoy en día tenemos separada la competencia de supervisión de las actividades financieras, que las tiene el Banco Central, y las no financieras, que están en la órbita de la Senaclaft. Otra de las posibilidades es un esquema en el cual un solo organismo reúna todas las funciones de supervisión.
—¿La estrategia que usted presentó deja abierta la discusión?
—Sí, pero establece la necesidad de que se estudie el tema.
—El secretario nacional Antilavado, Jorge Chediak, suele decir que el problema en Uruguay no es tan grave. ¿Comparte?
—Creo que es un problema grave el lavado y es un problema aún más grave la falta de resultados. La conclusión es clara en cuanto a que el país está expuesto a unas amenazas muy grandes de tipo regional en cuanto a la presencia de organizaciones delictivas, que es dable esperar que estén canalizando activos de origen ilícito en la economía uruguaya. ¿Esto es arbitrario? No es arbitrario, no. Lo dice la experiencia internacional, que en los lugares donde actúan organizaciones delictivas los activos son colocados o son colocados en forma definitiva, o por lo menos transitan desde esos sitios donde las organizaciones actúan hacia otro lado, pero que para quedarse o para transitar permean de alguna manera el sistema económico y financiero del país. Eso está claro que debería pasar, pero no se está detectando, con lo cual hay un problema ahí. El Estado uruguayo tiene las defensas bajas, no está detectando ni combatiendo ni previendo adecuadamente estas amenazas. Y no se está investigando el lavado activo porque no hay resultados. No hay sentencias. No hay investigaciones ni sentencias. Falta de presupuesto, falta de capacidad en general, falta de capacidad de los actores públicos, falta de conocimiento y de percepción de riesgo por parte del sector privado. Agregaría falta de percepción del riesgo de parte del propio Estado porque, si se les asignan escasos recursos a los organismos encargados de combatir estos delitos, esto tiene una razón, y la razón es que no se percibe el riesgo que representan. Estas conclusiones, de que los recursos son insuficientes, que la capacitación y las capacidades que tienen son insuficientes, que la coordinación es insuficiente, surgen de la propia opinión de los actores del sistema.
—Decía que no hay unanimidad en cuanto a la necesidad de rediseño del sistema. ¿Qué cree usted?
—Podría mejorarse sustancialmente la efectividad del sistema aun sin modificar el diseño institucional. Ese es mi pensamiento. La Senaclaft debería tener un cuerpo estable permanente de funcionarios, no como ahora que son todos funcionarios en comisión. Debería también la Senaclaf tener más dientes para poder aplicar sanciones cuando corresponde. En su momento, dentro del Banco Central, la función de supervisar a los sujetos obligados financieros la tenía la UIAF. Se ha dicho que la UIAF, por la estructura tan pequeña que tiene y por la escasez de recursos con los que cuenta, no tenía la capacidad de cumplir con la función de supervisión, lo cual es cierto, pero la solución a la que se llegó fue que esta función de supervisar el cumplimiento de las medidas antilavados se diluyera dentro de lo que son los procesos de supervisión prudencial a cargo de la Superintendencia de Servicios Financieros, que no se lleva a cabo por funcionarios especializados en la temática de lavado de activos y en los hechos no se le da la importancia que debiera. Con lo cual fue un retroceso.
—¿Lo considera un retroceso lo que aprobó el Banco Central?
—Entiendo que sí. No estaba funcionando bien cuando estaba en la UIAF, pero ahora funciona peor. Entonces, es por ello que en la estrategia nacional lo que se está planteando es: si no se modifica el diseño institucional actual, es fundamental que exista una unidad especializada en el riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo que tenga el conjunto de funcionarios con la capacitación suficiente y con la especialización suficiente necesarias para llevar a cabo estos procesos de supervisión que hoy no existen. Puede quedar en el Banco Central pero, así como está, no. Y esta no es solo mi opinión, es la opinión también de los representantes del sistema financiero que participaron en este ejercicio.
—¿El sistema financiero está peor controlado hoy?
—La opinión de la Senaclaft, la opinión de la UIAF, la opinión de los sujetos obligados financieros y la mía propia es que como se está haciendo está mal y que correspondería que hubiera una supervisión especializada. Hasta el momento, quien discrepa con esta posición es la Superintendencia de Servicios Financieros.
—Pero el que toma la decisión es el directorio del banco, aunque sea a propuesta de la superintendencia.
—Claro, pero entiendo que quien asesora al directorio es la superintendencia. La superintendencia tiene muy clara su posición al respecto, que es muy respetable, por supuesto, pero me parece que no es la correcta, que están equivocados.
—¿Hay algún cambio legal que deba aplicarse de acuerdo con la estrategia propuesta? ¿Son suficientes las normas que hay?
—Creo que sí. En el aspecto penal sí se está proponiendo una modificación de uno de los cuatro tipos penales de lavado de activos, que es la asistencia al lavado. Porque tal como está redactado en realidad favorece a una interpretación equivocada de cuál es el objetivo de ese tipo penal. Y es más que asistencia al lavado de activos, de hecho, los jueces están interpretando que es asistencia a los delitos precedentes del lavado de activos, asistencia o apoyo al narcotráfico, asistencia o apoyo al contrabando, asistencia o apoyo a la estafa.
—Usted decía que la estrategia incluye los temas acordados. ¿Hay algún punto que quedó afuera?
—Si bien hubo muchos sectores que manifestaron la necesidad de modificar a la baja el umbral para la realización de operaciones en efectivo, debido al claro riesgo que el actual monto representa para la canalización de activos de origen ilícito, eso no reunió los suficientes consensos como para ser incluido en la estrategia.
—¿Cuál es su posición?
—Pienso que el umbral es excesivamente alto. Va a contramano de las recomendaciones de los organismos internacionales y de las medidas que están adoptando los Estados para disminuir el uso de efectivo.
—Presentó la propuesta en abril, ¿le preocupa que no esté aprobada todavía?
—Me preocupa.
—¿Le han dicho por qué no se ha aprobado?
—La información que tengo es que con posterioridad a que entregué el documento se circuló entre todos los ministerios y otros organismos que conforman la comisión, se recibieron aportes, comentarios, que también tengo entendido que son bastante positivos de algunos de estos organismos. La Senaclaft consolidó una versión final de esa estrategia, con modificaciones mínimas, que entiendo que son positivas. Y ese documento solo resta que sea aprobado por la Comisión Coordinadora. Y hasta donde yo tengo entendido, al día de hoy todavía no ha sido convocada por la Prosecretaría de la Presidencia.
—¿Para usted es urgente aprobarla?
—Detectamos cuáles son los problemas, estamos generando propuestas, acciones concretas, objetivos y acciones concretas dirigidos a empezar a transitar el camino de la solución de esos problemas. La idea era que esto se aprobara en abril y que en el transcurso de este año se empezara a trabajar en la implementación de algunas acciones que consideramos que son urgentes. El tiempo sigue transcurriendo y la urgencia cada vez es mayor para algunas de las acciones. Por eso estoy preocupado. El objetivo es mejorar sustancialmente la efectividad en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo considerando el contexto complejo al que el país se encuentra expuesto. Es fundamental que exista una firme voluntad política para implementar la estrategia, de lo contrario esta quedará como una bonita expresión formal de deseos, pero el país seguirá siendo cada vez más vulnerable a los fenómenos de delincuencia organizada.
