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La propuesta de nueva Estrategia Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos incluirá la creación de nuevos delitos como la corrupción privada y el soborno, la reformulación del financiamiento de los partidos políticos, una mejor definición de las tareas de la Fiscalía y hasta la revisión de los mecanismos de control migratorio.
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Esas “acciones” están incluidas en un documento elaborado por Alejandro Montesdeoca, asesor contratado por el gobierno para redactar una nueva estrategia. El experto distribuyó el listado de medidas entre diversos actores del sistema antilavado para que asignen un nivel de prioridad y opinen cuál debería ser el organismo encargado de llevarlas adelante.
El primer “objetivo” planteado en el documento apunta a revisar la estructura organizacional del sistema. Una de las propuestas discutidas en el marco de la Rendición de Cuentas, que no prosperó pese a ser impulsada por el secretario antilavado Jorge Chediak, era crear una nueva institución que fusionara el trabajo de la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central y la Secretaría Nacional para la Lucha Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft). Montesdeoca sugiere sobre este punto “crear un grupo de trabajo para que elabore un informe que analice las ventajas y desventajas, así como los costos involucrados en las distintas alternativas institucionales posibles”.
Montesdeoca incluyó entre las “acciones” de la futura estrategia establecer mecanismos para revertir ese problema. En el documento que distribuyó dejó plasmada la importancia de que se cumpla con la ley que promueve la apertura de investigaciones económicas y financieras en paralelo a las que surgen por los delitos denominados “precedentes”. Así, por ejemplo, cada vez que se investiguen casos de narcotráfico debería comenzar una sobre lavado. Sugirió “establecer un procedimiento que resuelva en qué casos, y bajo qué condiciones, los delitos precedentes deben ser objeto de inicio de una investigación paralela” por blanqueo de capitales.
La lista de “acciones” a desarrollar para mejorar el combate al lavado de activos incluye la creación de nuevos delitos. Es necesario cumplir con una ley que obliga a la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) a elaborar un proyecto que penalice la corrupción privada, dice el documento. La junta espera aprobar un anteproyecto sobre el tema este año, casi cuatro años después de lo que establece la norma.
El documento confeccionado por el experto dice además que Uruguay debería estudiar la incorporación de otros delitos precedentes al de lavado que no están en la legislación, pero que el Grupo de Acción Financiera Internacional exige: tráfico ilícito de mercaderías robadas y otros bienes, delitos ambientales, piratería, soborno, uso indebido de información confidencial o privilegiada y manipulación de mercado.
El listado plantea la necesidad de otros cambios legislativos, como la reforma de la regulación sobre el financiamiento de los partidos políticos. Ese objetivo podría concretarse antes de que se apruebe la nueva estrategia antilavado, ya que los partidos están negociando un proyecto de ley sobre el tema, aunque hay chances de que naufrague.
Otra de las “acciones” propuestas es que la Secretaría Nacional de Inteligencia Estratégica se incorpore a la Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo para que “tome un rol más activo” en el combate a esos delitos. Además, plantea que se estudie dar marcha atrás a un cambio implementado por el actual gobierno y que el prosecretario de la Presidencia vuelva a presidir la comisión, lo que permitiría “fortalecer” su “respaldo político”.
Casinos y SAS
El listado distribuido por Montesdeoca, adelanta parte del contenido de la futura estrategia nacional, incluye medidas que tocarían a varios sectores de la economía y del sector público.
“Se sugiere evaluar la posibilidad de una modificación referente a la política de identificación de clientes de casinos y datos a requerir, de modo que la entrega de documentación esté condicionada para pagar los premios, de lo contrario se podrá mantener el premio en custodia hasta que se cumpla con la política de debida diligencia”, dice uno de los puntos.
Montesdeoca escribió en el documento que es necesario “fortalecer a las unidades especializadas” en antilavado en la Dirección General Impositiva (DGI), el Banco de Previsión Social y la Dirección de Aduanas. Cuando presentó la evaluación nacional en un acto público, el asesor del gobierno criticó a la impositiva. “Lo que vimos en Uruguay es que la DGI entiende que ellos no tienen nada que ver con el tema lavado, que no tienen nada que aportar en la prevención y el combate al lavado, y es una percepción equivocada que tiene que cambiar”, sentenció. “En el mundo cambió y en Uruguay tiene que cambiar”.
Las acciones previstas tocan también a la “SAS digital” (sociedades anónimas simplificadas), sobre las que debería emitirse “normativa específica” porque “no tienen intervención de ningún sujeto obligado” a reportar operaciones sospechosas, dice el documento.
Montesdeoca, que planea presentar un borrador de la estrategia a comienzos del año que viene, escribió que debe haber “mayor control del flujo migratorio en los puestos de frontera con Brasil y Argentina”. Además, marcó como un trabajo a futuro revisar “las políticas de visado y residencia en el país” y “analizar la implementación de inteligencia financiera a partir de información recibida por parte del BCU sobre remesas y conversión de medios de pago transfronterizo”.
