A dos años y medio del fallo que ordenó mejorar las condiciones de reclusión en la Unidad Nº 5 del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), la principal cárcel femenina del país, la Justicia concluyó que el Ministerio del Interior incumplió con lo dispuesto, porque todavía existen problemas de hacinamiento, en la infraestructura eléctrica y sanitaria, y falta de personal. La carencia de operadores penitenciarios y de policías dificulta la salida al patio, que es dos veces por semana, la participación en actividades educativas, laborales, y también el acceso a la salud.
La directora del INR, Ana Juanche, dijo a Búsqueda que el nuevo establecimiento permitirá un cambio “sustantivo”, sobre todo en las condiciones materiales de reclusión, aunque advirtió que el déficit de personal “no se va a revertir diametralmente en poco tiempo”, sino que se corregirá de forma gradual en función de lo previsto en la Ley de Presupuesto.
En el fallo judicial del pasado 19 de febrero, la jueza María Sol Bellomo, que intervino en el habeas corpus correctivo presentado en 2023, impuso al Ministerio del Interior una sanción económica diaria de 10 unidades reajustables por cada día de incumplimiento de las obligaciones. En sus fundamentos, si bien reconoció “los esfuerzos” de la cartera, sostuvo que las condiciones de reclusión continúan siendo “violatorias de la dignidad humana”, a pesar de las sucesivas prórrogas que se otorgaron.
“Se desnaturalizó y no se cumplió entonces con la finalidad buscada en un proceso de urgencia como lo es el habeas corpus correctivo”, dice la sentencia, con relación al recurso promovido en agosto de 2023 por funcionarios del Ministerio del Interior, entre ellos el presidente del Sindicato de Trabajadores Penitenciarios (Sitrapen), Germán Gutiérrez, y que tenía un plazo inicial de 210 días para cumplirse.
El habeas corpus, regulado en el artículo 351 del Código del Proceso Penal, es una herramienta de amparo destinada a proteger a las personas frente a torturas, tratos crueles o condiciones de reclusión que vulneren la dignidad humana.
El Ministerio del Interior presentó un recurso de apelación a la sentencia, al que tuvo acceso Búsqueda, en el que señaló que no se ponderó “la buena fe y la conducta constante de esta administración para cumplir”. Considera que hubo “un cumplimiento dentro de las limitaciones estructurales y presupuestales” en mejoras edilicias, la situación sanitaria y la incorporación de personal, aunque admitió que la cantidad de funcionarios que ingresaron es “insuficiente”.
Según Juanche, la situación en la cárcel —donde ahora hay 806 mujeres privadas de libertad, según cifras oficiales— es “levemente distinta”.
Hacinamiento y problemas estructurales
Uno de los principales problemas es el crecimiento de la población carcelaria femenina. Cuando comenzó el proceso judicial en 2023, la Unidad Nº 5 tenía 719 mujeres privadas de libertad. Para diciembre de 2025, la cifra había ascendido a 820, en una estructura edilicia preparada para alojar a 470 personas.
El ministerio atribuyó ese “incremento notorio” de la población privada de libertad a las decisiones judiciales que imponen medidas de reclusión con prisión efectiva. En tanto, la jueza Bellomo advirtió que las soluciones implementadas —como los realojos internos— permitieron aliviar algunos sectores “a costa del hacinamiento de los restantes”.
Según la oficina del Comisionado Parlamentario Penitenciario, que continúa realizando visitas periódicas a las cárceles, de los 16 sectores de la unidad solo dos no presentan sobrepoblación: el de estudio y trabajo y el que aloja a mujeres primarias en prisión preventiva.
A esto se suma el déficit de personal, que impacta directamente en la vida cotidiana dentro de la cárcel. Según los datos presentados ante el juzgado, el área técnica —que es la encargada del proceso de rehabilitación— cuenta con unos 30 funcionarios para atender a más de 820 internas. En el área operativa, que se encarga de la seguridad, hay 74 policías y 27 operadores penitenciarios para todos los turnos. “Es claro que no es personal suficiente para la población que tiene la unidad”, consideró la jueza.
La falta de funcionarios condiciona el acceso a la salud, en particular cuando se requieren traslados a centros asistenciales, que deben realizarse con dos custodios por persona. Las consultas suelen postergarse por falta de móviles o personal disponible, señalaron desde la oficina del Comisionado Parlamentario Penitenciario. Para todo el sistema, que incluye las cárceles masculinas y femeninas, van a ingresar aproximadamente 1.000 funcionarios nuevos durante 2026.
Por otro lado, si bien el ministerio informó que realizó reparaciones en las instalaciones eléctricas y sanitarias, el fallo de la jueza señaló que “no logró acreditar que esas mejoras eliminen efectivamente los riesgos hacia las mujeres privadas de libertad”.
La apuesta a la nueva unidad
El traslado a la nueva cárcel es la principal apuesta del gobierno para revertir las condiciones actuales de reclusión en un edificio que fue originalmente diseñado como un hospital.
Según indicó Juanche, el nuevo establecimiento, que comenzó a construirse durante el gobierno anterior con una ampliación del contrato de participación público-privada de la Unidad N°1 de Punta de Rieles, incluirá celdas individuales, y otras para tres y cinco personas y sectores diferenciados según el nivel de progresividad, todos con buena iluminación natural. La directora del INR informó que trataron de “flexibilizar el modelo original” que heredaron del gobierno de Luis Lacalle Pou, porque era “demasiado rígido” y le realizaron reformas para mejorar “los espacios para la intervención penitenciaria”. Entre otros cambios, se ampliaron las áreas para talleres y aulas, se incorporaron espacios verdes y un polideportivo abierto, y se reconvirtieron sectores para actividades productivas como cocina, panadería y peluquería.
Por ejemplo, eliminaron los locutorios donde se proyectaban las visitas de los abogados, porque “van poco”, para que sea la peluquería, dijo Juanche.
En setiembre de 2025, cuando todavía era comisionado parlamentario, Juan Miguel Petit y funcionarios de esa oficina visitaron las obras de la futura unidad penitenciaria para mujeres. A través de un escrito que enviaron al Ministerio del Interior, realizaron algunas recomendaciones de cambios y plantearon su “inquietud” sobre la “fuerte presencia de hormigón”, que “no resulta amigable”, por lo que sugirieron reducirlo. Los muros de hormigón son “naturalmente agresivos si nada los mitiga”, con murales, vegetación o cartelería, decía el texto.
Sin tener hoy un titular, la oficina del Comisionado Parlamentario Penitenciario continúa trabajando, pero está impedida de presentar recursos o hacer recomendaciones.
Sobre las recomendaciones que hizo en su momento esa dependencia, Juanche señaló que el hormigón “no se pudo revertir” porque “ya estaba en la estructura de la cárcel” y señaló que, “probablemente”, si hubieran estado en el gobierno, hubieran tomado decisiones distintas. Tampoco pudieron cambiarse las puertas de metal de las celdas, “pero eso se va a flexibilizar con el régimen de reclusión, porque la idea no es que las mujeres estén cerradas todo el tiempo”, dijo la jerarca, que agregó que buscan aumentar las propuestas socioeducativas y de tratamiento.
La directora del INR aseguró que lo ideal hubiera sido una construcción horizontal, de un único piso, “como son las unidades modernas”, y no de varios pisos, porque “es lo que los expertos aconsejan”, además de que “el 30% de las áreas deben estar destinadas a lo programático, como talleres, aulas, el patio y la huerta”. Agregó que el diseño de la cárcel que se va a inaugurar está alejado del “concepto moderno” de cómo consideran debe ser un régimen de reclusión.
“Muy colapsado”
El nuevo centro funcionará bajo un esquema de participación público-privada, en el que una empresa proveerá servicios como la alimentación, mientras que el INR mantendrá el control de la seguridad y los programas de rehabilitación.
“El modelo de gestión es el mismo, porque las mujeres son las mismas y la propuesta de intervención también, pero cambia la infraestructura”, dijo Juanche, quien advirtió que la mudanza implicará “tensiones propias” del cambio, tanto por la adaptación a un nuevo edificio como por modificaciones en la vida cotidiana de las internas.
La futura cárcel de mujeres tendrá capacidad para unas 850 mujeres, lo que permitirá descongestionar el sistema, aunque “ya está muy colapsado”. “Mujer nueva que entra hoy, no tiene lugar”, aseguró. La directora del INR puso en cuestión el sobreuso actual a la privación de libertad y la necesidad de cambios normativos que “relenticen un poco el ingreso de mujeres”.
