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    Con problemas propios, el contagio de Argentina y una estafa como yesca, una corrida bancaria iniciada 20 años atrás incendió Uruguay

    Cronología del dramático 2002

    Aunque es difícil determinar con precisión cuándo se originó el incendio del 2002, algunos sucesos ocurridos por estos mismos días de enero de aquel año prendieron el fuego en un sistema financiero uruguayo que tenía demasiados depósitos de argentinos, fragilidades regulatorias, y un entorno económico y político que eran hojas secas.

    Alberto Bensión, ministro de Economía de la época, identificó un par de focos. “Una vez que Argentina anunció el fin del régimen de convertibilidad, nos encontramos frente a la situación tantas veces prevista y más, aún, temida”, señaló en La crisis del 2002. Mi gestión frente al cataclismo bancario, publicado en 2004. “Hasta entonces —agregó—, había sido un acontecimiento cada vez más probable, pero que desconocíamos cuándo, y no cómo, iba a suceder”.

    Otro fósforo prendido fue un fraude en el Banco Comercial —el mayor privado en aquel momento— cometido por uno de sus accionistas y conocido en los últimos días de enero. “Desde entonces, comenzamos una carrera frenética contra el reloj, porque sentimos que allí se iniciaba la probabilidad de un desastre terminal para la banca y de muy fuerte impacto sobre el país”, recordó Bensión en su libro. Lo inmediato fue negociar una capitalización por el monto de la estafa con tres bancos internacionales que también eran dueños del Comercial. Antes de firmar ese preacuerdo, el 13 de febrero, tuvo lo que describió como “el día más difícil de toda mi vida”, cuando la agencia Standard & Poor´s degradó la calificación de la deuda uruguaya y la llama de la corrida de ahorristas ya empezaba a quemar todo. Se iniciaba una serie de hechos alternando fuego y baldes de agua que se sintetizan en la siguiente cronología elaborada por Búsqueda.

    Consultado esta semana por Búsqueda, Bensión ratificó su convicción de que la del 2002 fue una “crisis bancaria” —a diferencia de otras previas—, y que ocurrió a “consecuecia” de los problemas en la economía de Argentina y la exposición del sistema local al “riesgo financiero argentino” (ver nota en esta misma página).

    El peligro de incendio para Uruguay, no solo en su inflamable sistema bancario de entonces, venía de antes. Luego de que el país atravesara por cuatro años de recesión, “sostener que el problema de confianza estaba fundado solamente en el contagio argentino” es controversial, según la investigación Una mirada al medio siglo de historia del Banco Central del Uruguay (BCU) que, como libro físico, fue publicado el año pasado. La “fragilidad fiscal hacía perder credibilidad a la estrategia de seguro implícito de depósitos”; la “utilización de fondos públicos para aplicar al salvataje de bancos comprometía aún más la situación fiscal”; el “aumento de la percepción de riesgo comenzaba a afectar el acceso a capitales externos, alimentando una potencial crisis cambiaria, que por la dolarización de la deuda exacerbaría” el problema de las cuentas públicas desbalanceadas, enumeraron Ariel Banda, Julio de Brun, Juan Andrés Moraes y Gabriel Oddone, sus autores. En la edición actualizada en 2018 del clásico de Ramón Díaz Historia económica de Uruguay, Hernán Bonilla, hoy asesor de la ministra Azucena Arbeleche, se sumó a esa opinión. Al llegar el 2002, “el principal problema era fiscal” —entre otros “factores internos”—, si bien, además del contagio argentino, el país había recibido varios “shocks”, como el rebrote de la fiebre aftosa del año previo que golpeó las exportaciones cárnicas.

    Cronología del incendio

    La corrida del 2002 (una fuga de más del 40% de los depósitos) hizo arder otras áreas de la economía, y la crisis en Uruguay fue, también, cambiaria, de deuda, productiva y social. Aunque los problemas persistieron y en algún caso se fueron extinguiendo en años posteriores –como el del alto endeudamiento público, a partir del canje de bonos del 2003 y una gestión profesional de la deuda que continúa hasta la actualidad-, los acontecimientos ordenados a continuación refieren a ese año dramático y se restringen casi exclusivamente a la debacle bancaria o a su contexto. En los casos en que no se dispuso de una fecha precisa, se indica la del jueves correspondiente a la edición de Búsqueda de esos días.

    Enero

    7. El gobierno duplicó (de 6% a 12%) la amplitud de la “banda de flotación” cambiaria y el ritmo de deslizamiento mensual (de 1,2% a 2,4%). El día anterior Argentina había eliminado el régimen de convertibilidad (un peso igual a un dólar) que regía desde 1991.

    14. El BCU intensificó controles sobre los bancos vinculados a capitales argentinos, fundamentalmente la filial del Galicia.

    23. Por orden de la Justicia argentina detuvieron en Buenos Aires al accionista y presidente del Banco General de Negocios (BGN) y vicepresidente del Banco Comercial, Carlos Rohm, en una causa por lavado de dinero. También se libró una orden de captura contra su hermano, José, ejecutivo de ambas entidades.

    24. Carlos Rohm fue detenido en el Aeropuerto de Ezeiza, en Buenos Aires, cuando estaba a punto de embarcar en un vuelo de Lufthansa rumbo a Alemania (N° 1.135).

    28. Los socios internacionales del Comercial —J.P. Morgan Chase, Dresdner Bank Lateinamerika y Credit Suisse First Boston— denunciaron un fraude de Carlos Rohm en perjuicio de esa entidad y de la Compañía General de Negocios (CGN), una offshore uruguaya vinculada al grupo.

    30. Los hermanos Rohm renunciaron a sus cargos en el banco local y el BCU inició una investigación sobre manejos irregulares de fondos a través del BGN.

    31. Fue intervenida la CGN, con desplazamiento de sus autoridades y suspensión de actividades por 90 días.

    Febrero

    13. Sin fondos líquidos para seguir devolviendo depósitos, luego de enfrentar fuertes retiros de clientes argentinos, el Banco Galicia Uruguay fue intervenido por el BCU y su actividad se suspendió por 90 días.

    14. En medio de un clima de creciente inestabilidad financiera, deterioro de las cuentas fiscales y pérdida de reservas, la calificadora Standard & Poor´s le quitó el investment grade a la deuda de Uruguay. El “riesgo país” prácticamente se duplicó respecto al nivel de fin del año anterior, y continuó subiendo en los meses siguientes.

    19. El gobierno anunció un acuerdo con los accionistas internacionales del Banco Comercial para capitalizar la entidad con U$S 133 millones, lo que se formalizó una semana después en un contrato firmado en Nueva York. Con el aporte de US$ 33 millones, el Estado se incorporó como socio.

    21. El BCU puso bajo “supervisión intensiva” a los bancos Montevideo y Caja Obrera –que estaban en proceso de fusión desde diciembre– debido a apartamientos normativos.

    28. El Parlamento sancionó un ajuste fiscal (con aumento de impuestos y recorte de gastos).

    Marzo

    13. Fitch le quitó a Uruguay el investment grade.

    25. El Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó un programa “stand by” para Uruguay con un préstamo por US$ 743 millones. El acuerdo preveía una caída del Producto Bruto Interno (PBI) de 1,75% para el 2002, inflación de un dígito y un déficit fiscal de 2,5% del PBI.

    Abril

    4. El presidente del Banco Hipotecario (BHU) comunicó el inicio de una “profunda reforma” de la institución que, como parte del acuerdo con el FMI, incluyó una recapitalización (N° 1.144).

    18. En medio de un clima de desconfianza, los precios de los bonos uruguayos cayeron a mínimos históricos —hasta el “subsuelo”, según el entonces presidente de la Bolsa de Montevideo— y el “riesgo país” escaló hasta los casi 700 puntos básicos (N° 1.146).

    26. El BCU ratificó el régimen de banda de flotación hasta fin del 2002, en un marco de incertidumbre acerca de su continuidad que se reflejaba en un aumento del tipo de cambio. También comunicó una “política monetaria activa” para “suavizar los movimientos” de la cotización del dólar entre el piso y techo preanunciados.

    26. El Comercial comenzó a recibir asistencia financiera del gobierno mediante depósitos realizados por la Corporación Nacional para el Desarrollo y otras modalidades.? 30. Se prorrogó la intervención de la CGN hasta el 15 de junio.

    Mayo

    3. Moody‘s bajó la nota a la deuda pública uruguaya al rango especulativo debido al deterioro de los “fundamentos económicos” del país. En las semanas y meses siguientes hubo nuevas reducciones en las calificaciones de parte de esa agencia, Fitch y Standard & Poor‘s, hasta la categoría de riesgo de incumplimiento de pago (default).

    13. Se prorrogó la intervención del Galicia por 60 días y se desplazaron sus autoridades. El BCU concedió al accionista un mes para presentar un plan de negocios y de recomposición patrimonial.

    23. Según sus ejecutivos, con Paul Elberse a la cabeza, el Banco Comercial logró una “desaceleración pronunciada” del ritmo de retiros diarios de depósitos, a unos US$ 3 millones (N° 1.151).

    28. En medio de rumores sobre la congelación de cuentas, la pérdida de reservas y el “riesgo país” por encima de los 1.000 puntos básicos, el FMI anunció su disposición a ampliar el crédito a Uruguay en unos US$ 1.500 millones (hasta US$ 2.100 millones). Los bancos Interamericano y Mundial también darían nuevos préstamos (por otros U$S 1.000 millones), un paquete que desde el gobierno se presentó como un “blindaje financiero”.

    29. ­­­El Parlamento aprobó la “Ley de Estabilidad Fiscal” que incluyó aumentos de impuestos. El Poder Ejecutivo estimaba obtener US$ 220 millones anuales con ese paquete.

    30. ­­­A raíz de esas novedades en torno al paquete fiscal y de apoyo financiero externo, en los bancos percibían una “notoria mejoría” en la evolución de los depósitos, en algunos casos con subas por primera vez en varias semanas. El “riesgo país” quedó por debajo de los 1.000 puntos (N° 1.152).

    Junio

    10. Galicia Uruguay propuso devolver los depósitos a sus clientes, un 3% en efectivo y el resto con títulos a nueve años.

    14. Se prorrogó la intervención de la CGN hasta el 30 de junio.

    18. El Poder Ejecutivo presentó un documento con 50 medidas “indispensables” de reforma “estructural” del Estado, que contempló entre otras cosas la supresión o fusión de dependencias, ministerios, la reducción de los directorios de los entes (salvo el Banco República-BROU), la desmonopolización de los seguros de accidentes laborales, además de un plan de retiro anticipado de los funcionarios estatales.

    20. El gobierno eliminó la banda cambiaria vigente desde setiembre de 1990 y adoptó un régimen de libre flotación. En los días siguientes el precio del dólar se disparó y se estabilizó a partir de octubre.

    21.  Los bancos Montevideo y Caja Obrera fueron intervenidos al agravarse los problemas de liquidez derivados de giros de fondos a otras instituciones del Grupo Velox (familia Peirano). Ambas entidades comenzaron a recibir asistencia financiera del BCU.

    23. El FMI formalizó la aprobación de un nuevo crédito y se revisaron las metas macroeconómicas para el año: caída del PBI de 7%, inflación de 11% y déficit fiscal de 2,5%. Pero el desembolso se demoró.

    26. Bensión anunció el envío al Parlamento de un proyecto de reforma tributaria.

    Julio

    11-12. El ministro de Economía fue interpelado por el senador frenteamplista Alberto Couriel, que reclamaba un giro en la política económica.

    12. Se prorrogó la intervención del Galicia hasta el 31 de julio.

    15. Se extendió la intervención de la CGN hasta el 24 de julio.

    22. Renunció Bensión luego de que el Partido Nacional pidió su alejamiento y el presidente Jorge Batlle aceptó esa salida para evitar un quiebre de la coalición gobernante. Ante lo que era una “crisis política importante”, su sucesor debía funcionar como “una especie de primer ministro”, según dirigentes blancos (Nº 1.160).

    23. Renunció el Directorio del BCU: César Rodríguez Batlle (presidente), Eva Holz (vicepresidenta) y Rosario Medero (directora).

    24. Asumió el nuevo equipo económico encabezado por Alejandro Atchugarry como ministro, Julio De Brun en la Presidencia del BCU, y Miguel Vieytes y Andrés Pieroni como directores.

    31. El Poder Ejecutivo decretó un feriado bancario, que se extendió por cuatro días, hasta el lunes siguiente. “Básicamente lo que estamos haciendo es esperar. Esperar, con el convencimiento de la conducta que ha mostrado el Uruguay”, dijo Atchugarry al explicar la medida y en horas de incertidumbre acerca del crédito que se negociaba en Washington con el FMI.

    El BCU suspendió por 60 días las actividades del Montevideo y el Caja Obrera.

    Agosto

    1. Se prorrogó la intervención del Galicia hasta el 31 de agosto.

    2. Se anunció la disolución y liquidación de la CGN.

    4. El Parlamento aprobó la “Ley de Estabilidad del Sistema Bancario”, que creó un fondo de US$ 1.500 millones –con créditos de los organismos internacionales– para asistir a los bancos con problemas de liquidez y devolver depósitos en instituciones públicas y con actividad suspendida. La norma también reprogramó a tres años los plazos fijos en dólares en el BROU y el Hipotecario, con devoluciones parciales anuales.

    El BCU suspendió las actividades del Comercial y del Banco de Crédito, que estaban bajo “supervisión intensiva” desde diciembre de 2001.

    5. Caycu fue intervenida por el BCU que, además, cesó por 90 días las actividades de esa cooperativa de ahorro y crédito. También sustituyó a sus autoridades.

    8. El FMI aprobó una nueva “Carta de Intención” en la que se revisaron las metas para el 2002: una contracción de la actividad económica de 11%, inflación máxima de 40% y déficit fiscal de 3,4% del PBI (con superávit “primario” equivalente a 1,6%).

    14-15. Los bancos suspendidos comenzaron a devolver saldos de depósitos a la vista con un tope en efectivo de US$ 10.000 o $ 250.000 para cuentas corrientes, y de US$ 50.000 para cajas de ahorro (sin máximo para cuentas en pesos).

    22. El equipo económico transmitió satisfacción ante el crecimiento de los depósitos en el sistema local, que por esos días se había acelerado (Nº 1.164).

    Setiembre

    3. Se prorrogó por 30 días la suspensión de los bancos Comercial y De Crédito.

    18. El Parlamento votó la Rendición de Cuentas con recortes presupuestales por US$ 250 millones.

    20. El BCU contrató a la firma ING Consulting para estudiar la viabilidad de los bancos Comercial, Montevideo y Caja Obrera. Por el De Crédito, el gobierno mantuvo negociaciones para su capitalización con el socio minoritario, Saint George Limited (grupo Moon).

    24. Se prorrogó hasta el 25 de octubre la suspensión de las actividades de los cuatro bancos suspendidos.

    Ante algunas iniciativas políticas tendientes a darle solución al “endeudamiento interno” y la “suspensión de ejecuciones”, Atchugarry advirtió en el Parlamento que eso sería “muy grave” para la confianza en el sistema financiero y lo comparó con el “default” de Argentina de 2001 (Nº 1.170).

    Octubre

    17. Un fiscal penal pidió procesar por apropiación indebida a tres ejecutivos del Banco Galicia Uruguay (Nº 1.172).

    18. ING entregó al BCU su informe final en el que aconseja la fusión de los bancos Comercial, Montevideo y Caja Obrera.

    24. Se prorrogó hasta el 15 de noviembre la suspensión de los cuatro bancos.

    29. El BROU aprobó una refinanciación de deudas de hasta US$ 50.000 a clientes empresariales. El Hipotecario habilitó a sus deudores a pagar en pesos los créditos en dólares.

    30. Se aplazó hasta el 15 de noviembre la suspensión de Caycu.

    31. Se extendió hasta el 20 de diciembre la intervención del Galicia.

    Noviembre

    14. Se prorrogó hasta el 29 de noviembre la suspensión de los cuatro bancos y la cooperativa suspendida.

    Sin inversores interesados en los bancos Comercial, Montevideo y Caja Obrera, el gobierno tomó la decisión de liquidarlos y abrir otro fusionando parte de sus activos, pasivos y personal: sería el origen del Nuevo Banco Comercial (Nº 1.176).

    29. Se extendió hasta el 13 de diciembre la suspensión de las cuatro instituciones.

    Diciembre

    3. El Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de ley de reestructura bancaria, para habilitar la creación del nuevo banco con partes de los que se fueran a liquidar. También propuso un sistema de garantía de depósitos y un seguro de desempleo para los empleados bancarios, además de ampliar potestades de control del BCU.

    13. Se prorrogó hasta el 27 de diciembre la suspensión de los cuatro bancos.

    19. El BROU evaluaba con el gobierno la liberación de parte —unos US$ 1.000 o US$ 2.000 por ahorrista— de los depósitos a plazo fijo reprogramados (Nº 1.181).

    20. Nueva prórroga de la suspensión de los bancos en problemas hasta el 28 de febrero del 2003.

    23. La Justicia homologó el concordato del Banco Galicia Uruguay; devolvería los depósitos 3% en efectivo y el resto en obligaciones negociables o certificados a nueve años, con amortizaciones anuales.

    27. La Cámara de Diputados dio sanción definitiva a la “Ley de Reestructura del Sistema Financiero”.

    31. El Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de ley proponiendo rebajar la carga del IVA y la eliminación de ciertos gravámenes de baja recaudación, entre otros cambios.

    Las llamas en el sistema bancario iban apagándose y los depósitos aumentaron casi US$ 140 millones en diciembre —hasta el 23 (Nº 1.183)—, aunque en algunos meses siguientes hubo “mini-corridas” ante rumores de “pesificación” de cuentas, por ejemplo. Y todavía la deuda pública —de casi 85% del PBI, muy dolarizada y con vencimientos cortos— era una brasa ardiente para el país.

    • Recuadro de la nota

    Alberto Bensión: “Es imposible la reedición de una crisis como aquella”