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    “Las reglas deben ser justas y claras para todos”, advirtió Alliance ante la prórroga solicitada por Efice

    La empresa estadounidense, que produce cloro sin mercurio desde hace ocho años, advirtió que extender los plazos comprometidos por el Convenio de Minamata puede afectar la credibilidad del país, mientras sindicatos y autoridades de San José respaldan el pedido de Efice para culminar su reconversión tecnológica

    Días atrás, la empresa química Efice S.A. solicitó formalmente al Ministerio de Ambiente una prórroga de un año más, hasta diciembre de 2026, para culminar la construcción de su nueva planta de cloro-soda en San José y completar así la reconversión tecnológica comprometida para cumplir con el Convenio de Minamata, que prohíbe el uso de mercurio en la producción de cloro.

    El pedido basaba sus argumentos para la extensión del plazo en una “demora no prevista” en la ejecución de la obra y señalaba que, pese al “alto grado de avance del proyecto”, las dificultades financieras, logísticas y geopolíticas registradas desde 2020 hacían imposible cumplir con el plazo vigente del 31 de diciembre de 2025.

    Si bien la solicitud aún está siendo evaluada, la medida provocó malestar en Alliance Uruguay, una empresa de capitales norteamericanos dedicada a la comercialización de productos químicos y a la logística industrial. Su gerente general, Andrés Cabrera, dijo a Búsqueda que “es importante que quede claro y que se sepa que en Uruguay hay otra fábrica de cloro que produce hace ya ocho años” y lo hace “desde el día uno sin mercurio, cumpliendo con los estándares” del Convenio de Minamata.

    “Alliance hizo una gran contribución al país, porque desde hace ocho años ya hay parte de esa producción de cloro que no utiliza mercurio, y a raíz de eso Uruguay pudo empezar parcialmente a cumplir con el convenio. Esta empresa tuvo una ampliación y tiene capacidad para abastecer el mercado de cloro local. No solo fue una contribución al pasado, sino que en este momento de incertidumbre también es un actor importante para que Uruguay pueda hacer frente a todas las necesidades que pueda tener”, afirmó Cabrera.

    El empresario dijo estar orgulloso del aporte de Alliance, al explicar que si la empresa no existiera, “quizás el país se encontraría en un brete”, algo que hoy no sucede “porque hay opciones”.

    “Las autoridades del Ministerio de Ambiente y las autoridades de OSE nos conocen, hemos tenido reuniones. A veces parecería que Uruguay está en una encrucijada, que no tiene otra opción, pero no es así”, remarcó en referencia al trabajo de Alliance.

    Consultado respecto a si el aplazamiento del proyecto de reconversión de Efice podría afectar la credibilidad del país ante la comunidad internacional, Cabrera se limitó a decir que cuando Alliance decidió desembarcar en Uruguay, lo hizo entre otras cosas porque en ese momento la única planta que existía en el país producía con mercurio y, mientras los plazos se acortaban, no había indicios de que fuera a haber cambios. “Se vio que en Uruguay había una oportunidad”, indicó.

    Cabrera recordó que Uruguay fue uno de los principales promotores del Convenio de Minamata y uno de los primeros firmantes. “No me corresponde opinar sobre si el gobierno debe o no debe (otorgar la prórroga); pero en este punto y en cualquier otro, creemos que si hay reglas, las reglas deben ser justas y claras para todo el mundo y no deberían cambiarse sobre la marcha, menos dos meses antes de finalizar los plazos”, señaló el gerente.

    Y agregó: “Uruguay está muy bien visto internacionalmente, muchas empresas extranjeras invierten en el país ante reglas claras, y cuando las reglas son de determinada forma, cualquier cambio obviamente que hace ruido”.

    Situación internacional

    En el escrito presentado por Efice, la compañía mencionó que el Convenio de Minamata preveía mecanismos de flexibilidad para los países que necesiten más tiempo para cumplir por dificultades excepcionales, e indicaba como ejemplo que mientras Argentina y Perú tienen plazo hasta 2030, México acababa de extenderlo hasta 2028.

    Sin embargo, Cabrera explicó que dichas prórrogas fueron solicitadas hace siete años, cuando el convenio recién se estaba implementando. “No son pedidos de ahora. Y en Europa, por ejemplo, las plantas con mercurio están prohibidas desde el 2017”, señaló. En ese sentido, dijo que si bien “habrá situaciones puntuales en países puntuales que pueden tener necesidades puntuales, en Uruguay parecería que no hay una cuestión de Estado como para correr los plazos”.

    Sostuvo, además, que el grupo inversor norteamericano tiene hoy varias plantas en Brasil, las cuales deberán haber culminado su proceso de reconversión para dejar de utilizar mercurio el próximo 31 de diciembre, sin considerar prórrogas.

    Consultado sobre si Alliance prevé tomar alguna medida en caso de que el Ministerio de Ambiente decida otorgar la extensión del plazo, Cabrera sostuvo que “por el momento no” y que ellos piensan regirse con las fechas establecidas por Minamata, “sin evaluar otras alternativas”.

    “La empresa no piensa en retirarse. Pase lo que pase, va a seguir produciendo en Uruguay. Sí es cierto que desde el día uno, por ser una empresa de fondos americanos, la Embajada de Estados Unidos estuvo preocupada por el tema. Hoy, a dos meses de la finalización del plazo, esto cobra más relevancia”, opinó.

    Cabrera cree que una eventual extensión del plazo puede traer, además de un impacto en la salud humana y animal, una consecuencia “reputacional” para el país, dada la relevancia que tienen actualmente los compromisos ambientales.

    Respaldos a la solicitud de prórroga de Efice

    El Sindicato de Trabajadores de la Industria Química (STIQ) y la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de Efice Sindical y Social (Uttess) publicaron un comunicado a la opinión pública el pasado jueves 9 en el que manifestaron su “total respaldo al proyecto de reconversión tecnológica llevado adelante” por esa compañía, un proceso en el que aseguraron estar involucrados y apoyando desde el principio.

    Según indica el documento, el STIQ y Uttess “entienden sumamente importante que esta empresa de casi 70 años de existencia cuente con el tiempo necesario para reconvertir su tecnología y continuar operando en San José”. Destacan que la industria crea “trabajo estable y de calidad”, que permitió “realizar acuerdos salariales y de beneficios” que mejoraron “sustancialmente la calidad de vida de 130 trabajadores directos y sus familias, además de los 500 puestos de trabajo indirectos” en Ciudad del Plata.

    Afirman que es “imperante que todo el espectro político esté consustanciado” con su objetivo, ya que aseguran haber sido testigos del comienzo de las obras de nivelación y drenajes, que la tecnología europea de la nueva planta ya está en viaje a Uruguay y que es “fundamental” que el Estado tome decisiones que colaboren con la concreción de la iniciativa.

    “Este proyecto va en línea con nuestros principios como trabajadores industriales, con el objetivo de generar empleo de calidad y agregar valor y en contra de la lamentable tendencia existente de desindustrialización del país”, cierra el texto.

    El sindicato preveía reunirse el miércoles 15 con autoridades del Ministerio de Ambiente para plantear su postura. En ese sentido, el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, dijo a Búsqueda que “tienen que analizar lo presentado” y que siguen “recibiendo planteos”. Además, el lunes 13 la intendenta de San José, Ana María Bentaberri, y el secretario general, Leonardo Giménez, enviaron una carta a la que accedió Búsqueda dirigida tanto a la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, como al ministro Ortuño, en la que, entre otras cosas, aseguran que “la empresa desempeña un rol fundamental en la generación de empleo para la zona y para el departamento, así como también en su papel industrial, por ser una de las dos empresas que actualmente producen cloro/soda en el país”.

    En ese sentido, la carta señala que “estando en conocimiento de la necesidad de ampliar el plazo previamente estipulado para el 31 de diciembre de 2025, respecto al cumplimiento del Convenio de Minamata”, solicita a ambos secretarios de Estado que “tengan a bien disponer la realización de los trámites necesarios” para hacer lugar al pedido.

    Por su parte, el alcalde de Ciudad del Plata, Richard Mariani, remitió una nota al presidente de la República, Yamandú Orsi, y al secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, manifestando su preocupación por el futuro laboral de más de 600 familias ante la incertidumbre sobre la continuidad de la planta de Efice, debido al vencimiento del plazo. En el documento, subrayó el impacto social y económico que implicaría un eventual cierre de la industria en la región y solicitó al gobierno nacional que “realice los máximos esfuerzos diplomáticos e institucionales para obtener las prórrogas internacionales necesarias, de modo de resguardar la producción, el empleo y el aporte de esta industria al país”.