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Ministro de la Suprema Corte votó en contra de casi todos los artículos que pedían mayor presupuesto para la Justicia
Tabaré Sosa solo apoyó siete de 59 artículos que se aprobaron para enviar al Ejecutivo, porque se oponía a solicitar un incremento de recursos por la falta de dinero para destinar al Presupuesto Nacional general
A pocos días de que finalice el debate de la Ley de Presupuesto en una comisión del Senado, antes de que sea enviado al plenario para ser aprobado, tanto la Suprema Corte de Justicia (SCJ) como la Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU) —que nuclea a los jueces de todo el país— apretaron el acelerador para defender la necesidad de mayor asignación de recursos. Si bien la Corte y los gremios del Poder Judicial están alineados en los reclamos, durante la discusión en la interna entre los ministros de la SCJ en el marco de la solicitud que elevaron al Poder Ejecutivo no hubo unanimidad.
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Según surge del acta de la reunión que se realizó el 28 de julio de 2025, a la que accedió Búsqueda a través de un pedido de acceso a la información pública, el ministro Tabaré Sosa votó solo siete artículos de la propuesta de Presupuesto quinquenal, por lo que votó discorde en 52 de los 59 que se aprobaron. Las ministras Elena Martínez, Bernadette Minvielle y Doris Morales votaron a favor de la totalidad, y John Pérez Brignani, que se encontraba de licencia, hizo lo mismo días después.
De los puntos del articulado que apoyó Sosa, hay tres que eran propuestas de modificaciones normativas sin costo presupuestal, también votó un aumento para la contratación de servicios de limpieza que no se actualiza desde el Presupuesto anterior, una partida para mejorar un inmueble del Poder Judicial e instalar juzgados de familia, otra para mejorar las morgues del interior del país y el incremento del 6,08% de las remuneraciones de los funcionarios, que es un “histórico diferendo salarial”.
Pero el ministro de la Corte se negó a pedir recursos para crear 18 juzgados de violencia de género —uno de los principales reclamos—, así como para la creación de 96 cargos de defensores públicos entre 2026 y 2028, más otros seis defensores públicos itinerantes y 14 suplentes. Tampoco votó los pedidos de cargos de jueces suplentes para cubrir ausencias prolongadas, de adjuntos y actuarios, otros cargos técnicos y administrativos, y para la Oficina de Salud Laboral. Otra de las propuestas que elevó la Corte al Ejecutivo en un documento de 119 páginas incluía una partida en inversiones para contar con el equipamiento informático que había sido solicitado, para la contratación de vigilancia y asistencia móvil en todas las sedes judiciales y obras edilicias en algunas sedes, entre otras solicitudes que fueron respaldadas por la mayoría de los ministros, pero no fueron apoyadas por Sosa.
Si bien el acta no recoge la fundamentación de los votos, fuentes del Poder Judicial que estuvieron presentes en el acuerdo del mes de julio señalaron a Búsqueda que Sosa se mostró contrario a solicitar un incremento de recursos porque no había dinero para destinar al Presupuesto Nacional general. Desde su asunción, las autoridades de gobierno han reiterado que habrá un “espacio fiscal acotado”.
De los pedidos que hizo la SCJ que fueron tomados en cuenta por el proyecto de Presupuesto que el gobierno envió al Poder Legislativo y fueron aprobadas en Diputados, una parte significativa eran reformas normativas y procesales de “costo cero”, y luego se incluyeron los recursos para la creación de una sede en Ciudad del Plata, en el departamento de San José, además de solo dos juzgados en el interior especializados en violencia de género. Para los gremios y la Corte, es insuficiente para cubrir las necesidades mínimas del servicio, que aseguran ya se encuentra resentido.
Gremios en conflicto
Desde el Frente Amplio han transmitido que el Poder Judicial no está entre las áreas beneficiadas con mayor dinero en las reasignaciones de recursos que hará la Cámara de Senadores, entre las cuales está la Fiscalía.
En ese marco, el Consejo Ejecutivo de la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay emitió un comunicado en el que plantea su preocupación por “la insuficiente asignación presupuestal aprobada en la Cámara de Diputados, sin mensaje complementario en la Cámara de Senadores y sin ningún compromiso de revisión de dicha asignación”.
Por su parte, el gremio que nuclea a los magistrados —que ya se encontraba en conflicto desde el 31 de octubre por la “insuficiencia presupuestal” prevista para el Poder Judicial— resolvió, en una asamblea el 15 de noviembre, declarar que el motivo no se limita a la aprobación de la Ley de Presupuesto, sino también por las remuneraciones. En la moción que fue aprobada por la mayoría de los jueces, señalan el “deterioro de las remuneraciones judiciales y la falta de reconocimiento del valor real del trabajo que realizan juezas y jueces en todo el país que es, además, una de las bases de la independencia”.
En diálogo con Búsqueda, la presidenta de la Asociación de Magistrados del Uruguay, María Helena Mainard, dijo que se decidió “hacer hincapié” en el reclamo por mejoras en sus remuneraciones, para que pase a ser el “tema central”.
“Como las condiciones de trabajo no van a mejorar por el proyecto que está en consideración del Senado, que por lo menos se atiendan los reclamos salariales que se hicieron dentro del propio Presupuesto”, dijo Mainard.
En la resolución de la asamblea del 15 de noviembre se incluyó recabar información sobre las remuneraciones de otros funcionarios del Estado para tener “elementos objetivos de comparación que sustente el reclamo” y pedir a los “poderes políticos del Estado” que establezcan un ámbito de negociación.
Los jueces decidieron comenzar con medidas gremiales que “no suponen distorsión de las actividades”, aunque advirtieron por un agravamiento de las medidas si “fracasan” las iniciales. Entre las que comenzaron a aplicar está la comunicación del conflicto al inicio de cada audiencia, el registro con fotos y videos de las condiciones de trabajo y evitar “adelantar tareas”.
Esta semana, el gremio mantuvo una reunión con el ministro de Trabajo, Juan Castillo, en la que también participó el Ministerio de Economía y Presidencia, una instancia que se repetirá la próxima semana.
