El Poder Judicial prepara la discusión presupuestal y usará su “facultad colegislativa” para proponer cambios

En paralelo, con la mirada puesta en la propuesta que será elevada para su posterior discusión parlamentaria, la secretaria letrada del Poder Judicial Gabriela Figueroa y el prosecretario letrado Juan Pablo Novella comenzaron a reunirse con cada juez del interior de todas las materias, que son alrededor de 270. El objetivo de estos encuentros —que tienen una duración de unos 25 minutos y se realizan por videollamadas— es identificar las principales problemáticas para “idear cambios que disminuyan las barreras de acceso a la Justicia”, dijo a Búsqueda una fuente del Poder Judicial al tanto de las reuniones.

A través de una noticia publicada en la página web del Poder Judicial, se informa que este proceso “partió de la premisa de que las soluciones que resultan adecuadas para una determinada jurisdicción pueden no serlo para otra, en virtud de las heterogeneidades que caracterizan al territorio nacional, lo que impone respuestas diferenciadas y adaptadas a cada realidad”.

En los primeros contactos con los jueces que se hicieron en Colonia, Cerro Largo, Florida, Flores y Durazno, los representantes del Poder Judicial identificaron, por ejemplo, que una situación que se repite es la falta de defensores públicos en el interior del país —un reclamo que será contemplado en el reclamo de presupuesto—. También se detectó que la conectividad entre las localidades varía, al igual que la formalidad en los empleos, y esto puede repercutir en la presencia o la ausencia de las personas ante procesos judiciales. Entre las soluciones a estas problemáticas estarán el aumento del uso de tecnología —como las videollamadas— para algunos procesos y los cambios de las competencias, como por ejemplo de los jueces de paz.

Propondrán cambios normativos

En paralelo a las reuniones con los magistrados de todo el país, el Poder Judicial resolvió armar grupos de trabajo con jueces y defensores para proponer cambios en diversas normas, que en su mayoría no implican costos, para “facilitar la tarea y descomprimir el sistema”, adelantaron a Búsqueda desde el Poder Judicial.

Estas modificaciones en la legislación vigente se harán a partir de la “facultad colegislativa” del Poder Judicial, que está prevista en la Constitución de la República.

El artículo 240 establece que “en el ejercicio de sus funciones, se comunicará directamente con los otros poderes del Estado, y su presidente estará facultado para concurrir a las comisiones parlamentarias, para que con voz y sin voto participe de sus deliberaciones cuando traten de asuntos que interesen a la administración de Justicia, pudiendo promover en ellas el andamiento de proyectos de reforma judicial y de los códigos de procedimientos”.

Aunque todavía es un trabajo incipiente, algunas de las problemáticas que identificaron con posibilidad de ser modificadas para una mejor gestión de los recursos son la elevada cantidad de audiencias que requieren los divorcios y algunas normas que son necesarias para que pueda ponerse en práctica el expediente electrónico.

Entre los posibles cambios a proponer a través de proyectos de ley también están permitir que las excepciones de caducidad en el proceso laboral puedan ser revisadas en procesos preliminares y que se retome la suspensión condicional del proceso. Esta última era una herramienta que permitía suspender un proceso penal contra una persona sin que forme parte de los antecedentes a cambio de cumplir con determinadas condiciones.

Otro de los cambios que se plantean es incorporar la itinerancia de los jueces. Sobre este punto profundizó Pérez Brignani en rueda de prensa el día de la asunción, donde dijo que es necesario “diseñar un plan” de itinerancia porque hay lugares en los que por más que haya juzgados “la gente no llega porque salen caros los pasajes de ómnibus” u otras condiciones que dificultan el acceso a la Justicia. “Estamos tratando de llevar los juzgados más cerca de la gente”, afirmó.