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La Ursea ordenó investigación administrativa en trámites de aperturas y traslados de estaciones de servicio
La unidad reguladora elabora un “cronograma de inspecciones” en algunas bocas de venta de combustibles autorizadas en el gobierno anterior tras analizar casi un centenar de trámites y concluir que “existen dudas razonables acerca de la forma de tramitación”
La Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) resolvió iniciar una investigación administrativa para determinar la existencia de “eventuales actos o hechos ilícitos y/o debilidades de control” en los procesos de apertura, traslado y otorgamiento de prórrogas vinculados a estaciones de servicio durante el período pasado (desde el 2021) hasta la actualidad.
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La resolución —Nº 560/025, fechada el miércoles 12— ordena que se elabore un “cronograma de inspecciones en las bocas (de venta de combustible) autorizadas que cuenten con prórrogas concedidas o solicitadas y que no estén operativas a la fecha”. Esas acciones se “efectivizarán a partir del día siguiente al levantamiento del exhorto” establecido por un decreto que fue promulgado en mayo pasado y creó un grupo de trabajo interinstitucional para analizar durante seis meses la normativa en la cadena de distribución secundaria de combustibles, aprobada en el gobierno anterior, y proponer los lineamientos de políticas que deben regir el sector de los combustibles. El decreto mencionado solicitó que la Ursea no innovara en materia de regulación y suspendiera los “trámites pendientes y futuros relativos a aperturas y traslados” de bocas de venta hasta tanto se complete la revisión integral de la reforma de los combustibles y de la normativa que se aprobó desde su implementación.
El tercer punto de la resolución de la Ursea ordena elaborar “nuevos instructivos de trabajo” para ese tipo de trámites de apertura, traslado y prórrogas vinculados a estaciones de servicio, “en el escenario de la regulación vigente”. Esas guías de trabajo deberán incluir —para cada trámite— el “flujo de actividades completo” y el plazo máximo para cada actividad. Además, habrán de identificar “unidades y cargos intervinientes” en cada actividad, con el detalle de las respectivas responsabilidades y los cargos que “realizan, supervisan y aprueban” dichos trámites. También se deberán incluir los requisitos de información mínima que se necesitan para comenzar cada actividad.
A su vez, el regulador encomendó a su Unidad Auditoría Interna “iniciar contacto” con el fin de pedir asistencia a otros organismos del Estado para la realización de la investigación administrativa.
“Dudas razonables”
La decisión del regulador, que refiere a una nota del presidente del organismo —Andrés Cardozo—, señala que desde el comienzo de la gestión del directorio actual varios temas requerían “atención prioritaria”, como el “estado de la fiscalización” y el “seguimiento” de la distribución secundaria de combustibles líquidos.
Sobre esa cadena, indica que al intentar establecer un “estado de situación detallado de los trámites referidos a apertura, traslado y otorgamiento de prórroga en estaciones de servicio, y luego de reiteradas solicitudes” de esa información a la gerencia general, se lograron los insumos que permitieron realizar un “análisis de la tramitación” de esos procedimientos.
La decisión detalla que la asesora legal de Cardozo hizo un análisis “exhaustivo” de las actuaciones relacionadas a los 95 recursos administrativos que se interpusieron ante la Ursea impugnando las resoluciones vinculadas a los trámites de apertura o traslado de estaciones. Ese estudio, indica, “permitió concluir que existen dudas razonables acerca de la forma de tramitación de algunos procedimientos administrativos”.
ursea
Oficina de la Ursea, en Torre Ejecutiva.
Ursea
Además, recuerda que algunos agentes regulados en distintas instancias expresaron “dudas sobre la modalidad de tramitación de estos expedientes”, si bien el Directorio de la Ursea no conoce ninguna denuncia formal al respecto.
El informe legal —agrega el considerando de la resolución de la Ursea— “da cuenta de situaciones que generan dudas razonables sobre la tramitación” de esos expedientes y que “ameritan ser esclarecidas”.
En esa línea, la resolución fundamenta que la investigación administrativa es el procedimiento que tiende a determinar si existen o no “actos o hechos irregulares o ilícitos dentro del servicio o que lo afecten directamente aun siendo extraños a él”, y que, “en cumplimiento del deber de probidad y transparencia que debe guiar la función pública, resulta imprescindible avanzar” en la investigación y procurar para ello el apoyo de otro organismo estatal a fin de “asegurar la independencia de las actuaciones”.
Los trámites
En el período pasado, el gobierno transformó a la Ursea en un servicio descentralizado, lo que implicó darle más autonomía técnica y presupuestal. Eso supuso realizar una adecuación de su estructura, de sus unidades, etcétera, y absorber nuevas competencias.
Ese cambio se enmarcó en la reforma de los combustibles líquidos impulsada por esa administración, que además de ajustar la metodología para fijar el precio de las naftas y el gasoil introdujo cambios regulatorios —algunos transitorios— en la cadena de distribución, lo que produjo resistencias y recursos administrativos de sellos mayoristas y estacioneros.
Ursea presidente
Presidente de la Ursea, Andrés Cardozo.
Mauricio Zina/adhocFOTOS
A través de varias resoluciones, reglamentó las condiciones de apertura y traslado, según su ubicación, y la distancia entre otros puntos de venta, por ejemplo. Además, aprobó un reglamento para obtener información contable de los distintos actores de la cadena, lo cual disparó una acción de nulidad por parte de Ducsa, la distribuidora y comercializadora de combustibles de Ancap, que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo amparó hace un año.
Entre 2021 y mediados de 2024, según informó a Búsquedala entonces titular de la Ursea, Silvana Romero, el organismo tenía en trámite la apertura o el traslado de 16 estaciones de servicio. Además, en ese período había aprobado 11 cambios de ubicación y la instalación de otros 14 puntos de venta de combustible.
En la cadena de distribución secundaria de combustibles funcionan unas 470 estaciones en todo el país, la mayoría (60%) de Ducsa, y el resto se reparte en partes casi iguales entre Axion y Disa.
