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Documentos notariales presentados por Cardama son “copias falsificadas”, concluye informe
A pedido del gobierno, un notario español analizó actas presentadas por el astillero para probar que la firma en la garantía de EuroCommerce Bank, empresa disuelta la semana pasada por el regulador de Reino Unido, era real
El estado de la primera OPV, en Astilleros Cardama.
El gobierno recibió un informe que aumenta las sospechas sobre los documentos presentados por el astillero Cardama para poder ejecutar el contrato por 82 millones de euros con el Estado uruguayo. De acuerdo con una pericia elaborada por un notario español, las actas notariales que entregó Mario Cardama junto con una de las garantías serían “copias falsificadas”.
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La obtención de garantías era un requisito indispensable para recibir el primer giro de dinero e iniciar la construcción de dos patrullas oceánicas (OPV, por sus siglas en inglés). El aval de fiel cumplimiento por 4 millones de euros emitido por EuroCommerce Bank para Cardama está en el centro de la controversia después de que el gobierno intentara ejecutarlo este año y encontrara que en la dirección londinense donde supuestamente estaba el banco funcionaba una inmobiliaria. En una conferencia de prensa, a fines de octubre, el presidente Yamandú Orsi dijo que sospechaba de un “fraude al Estado” y días más tarde se presentaría una denuncia penal en Fiscalía.
Esas sospechas llevaron al Poder Ejecutivo a revisar todos los documentos que presentó Cardama y que el gobierno anterior terminó por aceptar. A solicitud del Estado, el notario Ignacio Martínez Gil analizó actas que el astillero envió en noviembre del año pasado al Ministerio de Defensa.
Por sugerencia del estudio Delpiazzo Abogados, contratado por el gobierno para asesorarlo en el proceso, Cardama debía conseguir un certificado notarial que probara que Alex Walsh, operation manager de Trade Finance Department, tenía potestades para firmar la garantía.
El titular del astillero, el 15 de noviembre del 2024, un día después del planteo de Delpiazzo, envió las primeras “actas de manifestación” presuntamente elaboradas por el notario Luis Calabuig Leyva. En ella decía que el mismo 15 de noviembre un español llamado Francisco Sabater Cabanes llegó a la oficina del profesional, dijo que tenía poder de representación de EuroCommerce y que la firma de Walsh era válida.
Después de esa hubo dos versiones más. Una tenía la misma fecha y estaba acompañada de una hoja en la que Calabuig Leyva certificaba que se trataba de una copia. Y una tercera en la que la escena descrita ocurría el 25 de noviembre, con otro sello y apostillada para habilitar su uso en Uruguay.
El estudio Delpiazzo Abogados, contratado por Defensa para asesorar en el proceso de contratación del astillero, consideró que el último documento era válido, desde el punto de vista jurídico, para subsanar las dudas sobre la firma. No obstante, advirtió al ministerio sobre las “desprolijidades” cometidas por Cardama y contenidas en los documentos.
Al notario contratado por el gobierno le pidieron que analizara, entre otras cosas, las tres versiones de “actas de manifestación” que presentó Cardama al Ministerio de Defensa para probar que la garantía de EuroCommerce era válida.
Para el notario Martínez Gil, más que “desprolijidad”, la hipótesis más probable es que hubo falsificación de documentos, según el informe con fecha 8 de noviembre. “Basta una lectura superficial de las actas notariales para descubrir que no cumplen estos requisitos formales básicos”, dice el documento al que accedió Búsqueda y cuyo contenido fue divulgado el lunes 17 por la diaria.
En cuanto a la copia del acta que envió Cardama como válida junto al contrato, fechada el 15 de noviembre, “los dos primeros folios no son de papel de uso exclusivo para documentos notariales (…). El tercer folio no es de papel timbrado, y es el cuarto el que sí es papel de uso exclusivo para documentos notariales, aparentemente válido”. El informe agrega: “Por supuesto, no hay numeración correlativa entre los folios, porque son de origen distinto, aunque en el pie de copia expedida por el notario dice que utiliza para la copia el folio IC4038672 y los tres siguientes en orden correlativo, lo cual no es cierto”.
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La versión final del acta, en la que el anterior gobierno se ampara para decir que es la válida, “adolece de alguno de estos mismos defectos”. En este caso, se agregan otros problemas: “Se observa algo sorprendente: probablemente con la intención de proporcionar un mayor grado de verosimilitud de la copia, aparecen transcritas en la misma (copia) dos notas de expedición de copias anteriores. La fecha de la matriz es la del 25 de noviembre de 2024, y la fecha de la expedición de la copia que fue entregada a las autoridades uruguayas es del día 26 de noviembre de 2024, y —aquí viene la sorpresa— se dice que se han expedido dos copias de esta matriz anteriormente, de fecha 14 y 18 de noviembre, respectivamente, lo que ontológicamente es imposible. No cabe expedir copia de un documento no otorgado y que todavía no existe, lo que contribuye a considerar que se trata de una clara falsificación”.
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La posibilidad de que los documentos presentados por Cardama sean falsos fue manejada por el propio notario, cuyo nombre figura en los documentos: Luis Calabuig Leyva. “Ese documento no lo he firmado yo, lo estoy comprobando. Es posible que sea una falsificación”, dijo ante una consulta de Búsqueda vía LinkedIn el 27 de octubre. Cuando se le pidió conversar por teléfono para profundizar en el tema, respondió: “Perdone, pero hablaré si es necesario con las autoridades uruguayas”. Al día siguiente, presentó una denuncia en España.
El informe elaborado a pedido del gobierno también cuestiona la primera de las actas. No utilizó el papel notarial, sino “papel común”. A su vez, “al final de la copia aparecen dos firmas, lo que está prohibido por el Reglamento Notarial, porque las copias simples no pueden contener las firmas de los otorgantes ni del notario autorizante. Adicionalmente, el sello del notario que aparece en la copia simple no corresponde al del notario autorizante (es de un tal Vicente Tomás Bernat, igual que en la copia autorizada)”.
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“La conclusión es clara: se trata de copias falsificadas que no han sido expedidas por ningún notario”, sostiene el informe.
“Una técnica deficiente”
Más allá de las formas, el notario cuestionó el contenido de las “actas de manifestación”: en ellas “se observa una deficiente técnica desde el punto de vista notarial, lo que refuerza mi impresión de que no está redactada por un notario español”, explicó Martínez Gil. Ese comentario apunta a lo siguiente: no hay datos para certificar que el español que fue a la oficina notarial y dijo que actuaba en representación de EuroCommerce LTD tenía potestades para hacerlo. “Esa representación solo se sustenta en las propias manifestaciones del otorgante del acta”, dice.
“Esa manera de redactar el acta notarial apuntala la idea de que es un documento falsificado en el que no ha tenido intervención el supuesto notario autorizante”, concluye.
Al igual que explicaron a Búsqueda el propio Calabuig Leyva, primero, y otro notario, después, Martínez Gil dijo que las “actas de manifestaciones” no prueban ni certifican nada. En opinión del asesor del gobierno, presentarlas no “tenía más propósito que acompañar al aval de un documento notarial, que, dado el prestigio de la función notarial, ‘reforzara’ la apariencia de regularidad de la operación, si bien la ignorancia acerca de la legislación notarial hizo a los responsables utilizar una modalidad documental poco propicia a sus aviesas intenciones”.
El informe recomienda al gobierno solicitar información a Calabuig Leyva, quien, si ya denunció el caso en España, debería tener “interés en colaborar para esclarecer lo ocurrido y salvar toda responsabilidad”.
El gobierno incluirá este informe como parte de la ampliación a la denuncia penal que presentó por presunto fraude al Estado.
Si bien el contrato establecía un plazo de 45 días, Cardama había demorado 11 meses en conseguir dos garantías que el gobierno considerara válidas. La de EuroCommerce Bank fue la séptima opción y fue aceptada días antes de que el oficialismo perdiera el balotaje.
EuroCommerce Bank fue dada de baja del registro comercial de Reino Unido la semana pasada por diversos incumplimientos, como informó Búsqueda, lo que alimenta la sospecha de que era una empresa “de papel”. En los estados contables presentados por EuroCommerce ante el Reino Unido, sin embargo, dice que la compañía no tuvo empleados en 2023 ni en 2024. El único ser humano vinculado a la compañía, de acuerdo con esos documentos, era su director y accionista, el ruso Vladímir Suzdalev.
