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    Mónica Ferrero hace “sondeo” de fiscales interesados en investigar cibercrimen y avanza en la instalación de la escuela

    Varios fiscales transmitieron “desgaste funcional” y la posibilidad de dirigir la nueva fiscalía de ciberdelitos; en paralelo, se crea la comisión para instalar la Escuela de Fiscales

    La fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero, inició un “sondeo” interno entre fiscales interesados en dirigir la nueva Fiscalía Especializada en Cibercrimen, que creó la última Ley de Presupuesto. El llamado, dirigido a fiscales letrados de Montevideo, adscriptos y adjuntos, forma parte del proceso de selección del titular de la sede, que contará con un fiscal letrado, dos adscriptos, un asesor en abogacía y dos funcionarios administrativos.

    Se trata de un procedimiento que Ferrero ya había utilizado para la instalación de la cuarta fiscalía de homicidios, a mediados de 2024. Si bien no es preceptivo, la fiscal de Corte tiene como política realizar la consulta en cada uno de los llamados para la creación de una nueva fiscalía.

    Para la designación, la dirección del Ministerio Público toma en cuenta el perfil de los fiscales, la antigüedad, la capacidad para resolver casos anteriores y la rapidez, sobre todo cuando se trata de materias que lo exijan. Según informaron fuentes de Fiscalía a Búsqueda, hubo varios fiscales con “mucho desgaste funcional” que plantearon la posibilidad de cambiar de materia.

    La designación del fiscal de cibercrimen y la instalación de la sede especializada también determinarán la posibilidad de que haya cambios en otras fiscalías, según quién sea nombrado fiscal. Otros movimientos también podrán surgir debido a la jubilación del fiscal letrado de Adolescentes de Montevideo de 1er turno, Ricardo Chiecchi, que se concretará en abril. Con Chiecchi se abrirá una vacante que habilitará a la Fiscalía a realizar un concurso para fiscal de Montevideo, que se suma a las vacantes actuales en Río Branco y un turno en Artigas.

    Fiscalía de Cibercrimen “va a dar gran rédito”

    Durante su comparecencia en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda a fines de octubre de 2025, Ferrero había afirmado que la creación de la sede especializada en cibercrimen “va a dar gran rédito”, por los ataques a organismos del Estado y la gran cantidad de estafas digitales que se cometen. “Utilizaron la imagen del presidente de la República y de la vicepresidenta. Se ha llegado a un límite impresionante”, afirmó frente a los legisladores, y agregó que “el cibercrimen vino y llegó para quedarse, porque les rinde mucho más que una rapiña, por lo complicada” que es.

    La fiscal de Corte había solicitado la creación de dos fiscalías especializadas en la temática, pero finalmente se dieron los recursos para una sola. “Una fiscalía de cibercrimen no va a alcanzar, porque vamos a atacar a los delitos precedentes de estafas u otro tipo de delitos que se dan por el lado económico, y no vamos a poder enfrentar a aquellos que involucran a niños y a delitos sexuales y de género”, advirtió en el Parlamento. “Les pido que en algún momento de los cinco años tengan piedad, porque además lo están sufriendo las grandes autoridades”, dijo Ferrero.

    El Parlamento asignó para su funcionamiento una partida anual de casi $ 15 millones para la creación de los cargos, $ 188.000 por año para el perfeccionamiento académico y técnico, más otra partida de casi $ 25.000 para capacitación técnica.

    La Escuela de Fiscales

    En paralelo, Ferrero avanza en la implementación de la Escuela de Fiscales, el buque insignia de su gestión que recibió con la Ley de Presupuesto el visto bueno del sistema político y los recursos necesarios para crearla. En las próximas horas firmará la resolución para instalar la comisión encargada de su puesta en marcha, que definirá aspectos administrativos y edilicios antes de la conformación de la comisión directiva, según informaron fuentes del organismo.

    La escuela, que tendrá autonomía técnica, estará dirigida por una comisión integrada por tres representantes designados por la Fiscalía —uno de los cuales la presidirá—, uno por la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, uno por la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay y uno por el Colegio de Abogados del Uruguay.

    La iniciativa se inspiró en el Centro de Estudios Judiciales del Poder Judicial y apunta a la profesionalización de la función fiscal. La escuela será el lugar donde en un futuro se formarán los abogados que aspiren a ingresar al Ministerio Público y donde se dictarán capacitaciones permanentes. En Montevideo, departamento donde existen fiscalías especializadas, serán formaciones dictadas por docentes extranjeros sobre narcotráfico, homicidios, delitos sexuales, lavado de activos y flagrancia.

    El régimen actual de ingreso y ascenso continuará vigente hasta que egrese la primera generación de la Escuela de Fiscales, según previó la Ley de Presupuesto. Luego, del curso de formación de aspirantes surgirá un orden de prelación para entrar a la Fiscalía y en el caso de los ascensos será por concurso de oposición y méritos.

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