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El 18 de diciembre de 2025, con el Presupuesto Nacional recién aprobado y a pocos días de que comenzara la feria judicial, hubo elecciones en la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay. Se presentó una lista única y resultó electa María Claudia González, que es fiscal adscripta de Delitos Sexuales y hasta ese momento era la secretaria general del gremio, que fue dirigido por Willian Rosa durante dos períodos.
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González asumió su nuevo rol a fines de diciembre, en un año que para la asociación estuvo marcado por negociaciones tensas con la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero, que llevaron al gremio a trasladar sus reclamos con el fin de obtener días libres para cuidados y el medio horario maternal al Ministerio de Trabajo y luego al Parlamento. Su solicitud fue incorporada en la Ley de Presupuesto que aprobó el Poder Legislativo en el último artículo referido a la Fiscalía.
En diálogo con Búsqueda, González consideró que ese fue “uno de los mayores logros” de la asociación. Llegar a ese resultado, valoró, implicó “un camino muy duro”, y pudo concretarse tras una negociación directa con los legisladores, luego de que fracasaran las instancias de diálogo con la Fiscalía en el ministerio.
Durante esas negociaciones truncas, el gremio cuestionó la interpretación que hacía el Ministerio Público sobre la jornada laboral de los fiscales —las 24 horas del día— y sobre el alcance del medio horario por lactancia. “Era bastante ridículo tener que negociar con alguien que sostenía que el medio horario por lactancia eran 12 horas”, dijo la presidenta del sindicato, quien señaló que el objetivo del gremio es establecer un régimen ficto aplicable tanto a madres como a padres lactantes y compatible con el sistema real de trabajo de los fiscales.
Ahora, con la Ley de Presupuesto aprobada, el foco del gremio se trasladó a la reglamentación de ese artículo. Para la nueva directiva ese proceso requiere que se reinstalen las reuniones bipartitas, en un momento en el cual el diálogo con Ferrero permanece cortado. “La idea nuestra es poder participar en esa reglamentación”, afirmó la presidenta, que habló de que comienza su gestión con un “espíritu conciliador” con la Fiscalía de Corte.
Hacia una reforma
La falta de diálogo se extiende desde noviembre del año pasado, cuando se firmó un acta de no acuerdo en el Ministerio de Trabajo, una situación que González calificó como inédita para el gremio. Por esa razón, esperan cambiar la pisada en el comienzo de este año para poder avanzar con las negociaciones.
El artículo del Presupuesto establece que la Fiscalía General de la Nación deberá reglamentar las disposiciones “detallando el régimen de licencias maternal, paternal, medio horario maternal y para cuidados del recién nacido y familiares” en un plazo no mayor a 90 días desde la promulgación de la ley.
Además, el sindicato también mantiene otros reclamos que considera impostergables, como la equiparación de los salarios de los fiscales adscriptos y adjuntos, que consideran un primer paso hacia una revisión más profunda del rol que tienen los fiscales en el sistema de justicia penal. “Hay que ir un paso más allá”, dijo González en referencia a la gran carga de trabajo que tienen los fiscales con el actual Código del Proceso Penal, porque actúan desde la noticia criminal hasta la ejecución de la sentencia, pasando por la investigación, la formalización, el juicio o los acuerdos abreviados, las apelaciones y la casación. El fiscal suele ser el mismo durante todo el proceso. “Prácticamente es el mismo fiscal y del otro lado, que es nuestro espejo, tenemos jueces que son jueces de garantía, jueces de juicio, que no son los mismos, un juez de ejecución que no es el mismo, tribunales y la Suprema Corte de Justicia. Pero el fiscal sigue siendo siempre el mismo”, agregó.
Esa diferencia para el gremio actualmente no se refleja en las condiciones salariales, y por esa razón una de las metas para el 2026 es impulsar en el Parlamento una reforma de la Ley Orgánica de la Fiscalía que revise los criterios y tenga en cuenta la carga horaria real, la complejidad del trabajo y las responsabilidades laborales de los fiscales. “Vamos a ver qué recepción tenemos, pero es indudable que tiene que haber una cierta reforma en cuanto a la actividad que tiene el fiscal frente a la del juez”, aseguró.
El Presupuesto aprobado también dio los recursos a la Fiscalía para instalar la Escuela de Fiscales del Uruguay, el buque insignia de la gestión de Ferrero, que está inspirado en el Centro de Estudios Judiciales del Poder Judicial uruguayo y tendrá como cometidos la formación inicial de quienes aspiran a ser fiscales y la formación permanente de los que ya cumplen la función.
Para González la iniciativa “no es mala”, pero advirtió que surgen interrogantes sobre su implementación. Por ejemplo, planteó cuestiones vinculadas al costo de formar personas que no estarán obligadas a ser fiscales, de equidad social —porque de no recibir un pago por formarse “se estará favoreciendo a quienes tengan un nivel económico que pueda solventar cuatro horas de una educación”— y también de seguridad nacional. “Se le estará dando una cantidad de información a una persona que todavía no está sometida a determinadas pautas que tenemos obligatorias dentro de la actividad laboral, diciendo cómo investigamos una cantidad de delitos, y se lo voy a entregar como una información y quizás la persona no va a formar más parte de la Fiscalía”, planteó la fiscal, y por tanto considera que es una iniciativa que necesita “mucha elaboración”.
González ingresó en 1999 al Ministerio Público y ha trabajado como fiscal en distintas materias: flagrancia, civil, violencia doméstica, ejecución, adolescentes y delitos sexuales, donde se encuentra en la actualidad. En la directiva del gremio está acompañada por Hugo Pereira, que es fiscal en Rosario, y la secretaria es Fernanda Delpino, que es adscripta en Durazno, aunque ya concursó para ascender a fiscal departamental. También la integran la fiscal de Homicidios Mirta Morales como prosecretaria y Ana Buffa, adscripta en Delitos Sexuales.
