A pesar de tener desde hace casi una década un marco legal específico para combatir la trata de personas, Uruguay no registra hasta ahora condenas judiciales por ese delito vinculadas a casos con fines de explotación laboral.
Actualmente, al menos dos investigaciones fiscales avanzan en esa dirección: un caso que fue detectado en 2022 en la industria de la explotación de piedras semipreciosas en el departamento de Artigas con migrantes venezolanos —donde el Ministerio Público se acerca a presentar la acusación contra los imputados— y otra en una empresa citrícola y forestal de Paysandú, con ciudadanos peruanos y argentinos.
La ausencia de sentencias en la Justicia de trata laboral contrasta con distintos indicios que fueron relevados en investigaciones académicas, en informes y en actuaciones administrativas que sugieren la existencia de situaciones de trabajo forzoso o de explotación laboral en el país.
Uno de los factores que pueden explicar la situación es el histórico enfoque en la trata de mujeres con fines de explotación sexual, que concentró las políticas públicas y dejó en un segundo plano la dimensión laboral del delito, dijo a Búsqueda Lucía Remersaro, docente del Instituto de Derecho Penal y Criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República (Udelar) que se ha especializado en el tema. La abogada puso como ejemplo que en Montevideo las fiscalías encargadas de dirigir las investigaciones frente a denuncias de trata de personas son las especializadas en delitos sexuales, y que el Consejo Nacional de Prevención y Combate a la Trata y la Explotación de Personas es liderado por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).
“Hay cuestiones que no se van a observar”, dijo, y sostuvo que el diseño institucional “muestra que el foco está en perseguir la explotación sexual”. Lo mismo señala la extensa investigación sobre la trata realizada por la ONG El Paso en 2020 con el apoyo de la Unión Europea, que plantea que la laboral “es casi invisible para autoridades, operadoras y operadores sociales, comunicadores y comunicadoras y la ciudadanía en general”.
“Poca concientización” y “falta de articulación”
Remersaro considera que la trata con fines de explotación laboral es una problemática que “está totalmente invisibilizada” y “hay poca concientización”. Uno de los principales problemas, indicó, es la falta de articulación entre los organismos encargados de la detección y la persecución penal, que se refleja, por ejemplo, en la falta de un protocolo específico entre la inspección de trabajo y la Fiscalía.
En 2010, la relatora especial del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Joy Ngozi Ezeilo, advertía que la trata de personas existía en Uruguay, pero seguía siendo un “fenómeno invisible” para las autoridades y la ciudadanía.
Remersaro forma parte del equipo de la Udelar, conformado también por los abogados Daniel Zubillaga y Lucía Giudice, que comenzó a trabajar en 2024 en la realización de un reporte sobre las características sociales, económicas y normativas de la trata de personas con fines de explotación laboral en Uruguay para “mapear” el fenómeno. En ese proceso se encontraron con que, sumado a la falta de condenas judiciales de responsables de trata con fines de explotación laboral, no existen estudios sistemáticos que permitan dimensionar con precisión la magnitud de la problemática, aunque sí hay estudios que realizaron aproximaciones parciales.
El reporte es realizado en paralelo por universidades de otros seis países —España, Italia, Portugal, Paraguay, Brasil, Argentina— y es financiado por la Unión Europea. A partir de ese trabajo y del conocimiento que adquirieron sobre la trata de personas con fines de explotación laboral, entre el 9 y el 19 de marzo dictaron una capacitación a funcionarios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y esta semana a fiscales y funcionarios de la Fiscalía General de la Nación.
“Ese fue un paso muy importante en la capacitación”, dijo a Búsqueda el inspector general de Trabajo, Luis Puig.
Para Remersaro, la labor del inspector “es clave”, porque “son la primera línea” para identificar situaciones de trata. “Si no lo ven con los ojos penales que se está cometiendo un delito, los casos nunca se terminan judicializando”, explicó. Según señaló, muchas veces se trata de “una suerte de derecho laboral aparente”, porque son relaciones de trabajo que en la superficie parecen formales, pero “no hay condiciones de trabajo mínimas” y de eso “un fiscal es difícil que se entere”.
La relación entre migración y trata
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Inspector de Trajo, Luis Puig.
Mauricio Zina / adhocFOTOS
El componente migratorio es un elemento central, porque quienes dejan atrás sus países lo hacen como una estrategia de supervivencia en busca de mejorar sus condiciones de vida. Eso, en muchos casos, está por encima de riesgos, como ser víctimas de trata. Reciben propuestas de trabajos “desvalorizados” y en “condiciones de precariedad”, que en el caso de la trata con fines de explotación laboral en Uruguay se da sobre todo en el ámbito doméstico en el caso de las mujeres y en los sectores de la construcción, agrícola, forestal y pesquero en los hombres, plantea la investigación que hizo la ONG El Paso.
Según un informe que realizó la Embajada de Estados Unidos —a partir de información que proporcionó el gobierno y la sociedad civil—, trabajadores extranjeros, especialmente provenientes de Argentina, Bolivia, Brasil, Cuba, República Dominicana, Paraguay y Venezuela son sometidos a trabajo forzoso en Uruguay, en construcción, servicio doméstico, servicios de limpieza, cuidado de personas mayores, tiendas mayoristas, industrias textiles, restaurantes, agricultura, pesca y procesamiento de madera.
Estos casos se dan en un contexto de un aumento de la inmigración en el país. Según el último censo del Instituto Nacional de Estadística, de 2023, los inmigrantes son más de 120.000 y representan el 3,5% de la población.
“La migración va a seguir creciendo”, dijo Puig, sobre todo por “la legislación que se está aplicando en Argentina y se empieza a aplicar en Chile”. En su opinión, “es probable que muchos de esos migrantes vengan a Uruguay” y, por eso, “el Estado y la sociedad uruguaya deben prepararse de forma inmediata para esa situación”.
El inspector nacional de Trabajo señaló que “son bienvenidos los trabajadores migrantes”, que deben tener los mismos derechos que los nacidos en Uruguay y “no puede aprovecharse su situación de vulnerabilidad para bajar salarios, condiciones de trabajo o protección social”. Para Puig, “ese es un peligro latente” frente al aumento de la inmigración, “no necesariamente tiene que generar un aumento de situaciones de trata, pero genera condiciones para que eso pueda desarrollarse”.
