Para Valles el comunicado del gobierno argentino sobre este asunto fue “absolutamente perfecto”, porque ilustra el equilibrio que recomienda: celebra que no se apliquen sanciones, pero marca que el procedimiento nunca debió haber existido, y reconoce que el proceso continúa. Ese, a su juicio, es el tono correcto.
Confusión
Su diagnóstico sobre la lectura que circuló en Uruguay luego de la resolución del Gecex —comité ejecutivo brasileño— es categórico: se está confundiendo el hecho de que “no se aplican sanciones” con que “no hubo dumping”, y no son lo mismo.
“Para festejar, no festejo absolutamente nada”, dijo Valles. “Lo que se festejó erróneamente es que no se nos está cobrando. Pero lo que se hizo fue confirmar la existencia de dumping, confirmar el daño, confirmar el vínculo causal. Congratularse, sí. Agradecer, absolutamente nada”, afirmó el diplomático.
Qué confirmó Brasil
Valles explicó que en un procedimiento antidumping deben confirmarse tres elementos: que existió dumping —es decir, exportaciones a precios por debajo del valor normal en el mercado de origen—, que el dumping causó daño a la rama de producción nacional y que existe un vínculo causal entre ambos. La autoridad brasileña, según el exembajador, confirmó los tres.
“Lo que la autoridad brasileña hizo fue homologar la investigación” del Decom, “confirmar que hubo un margen de dumping, confirmar el daño a la producción nacional y, por lo tanto, determinar que existen derechos antidumping para cada una de las empresas involucradas”, detalló.
Los derechos, además, son distintos para cada empresa, tanto uruguayas como argentinas.
¿Y por qué entonces no se cobran? Porque todas las empresas afectadas presentaron un recurso solicitando un examen de interés público. Ese examen analiza si la aplicación de los derechos antidumping causaría efectos negativos sobre el conjunto de la economía brasileña —por ejemplo, un efecto inflacionario— que superarían los beneficios de proteger a la producción nacional.
“No es una decisión política”, aclaró Valles. “Este es un procedimiento legal, reglado, en el que tienen que establecerse causales y explicaciones fundadas”, agregó.
El proceso tiene plazos definidos: puede extenderse hasta un año, con posibilidad de prórroga por otro año más como máximo. “Acá no se archivó nada. El procedimiento sigue”, insistió.
Tres errores técnicos del caso
Valles fue más lejos y cuestionó la validez del procedimiento desde su base. El primer problema es quién presentó la denuncia. Las normas de la OMC y la legislación brasileña establecen que solo puede iniciar un procedimiento antidumping el representante de la rama nacional de producción del producto idéntico o similar.
En este caso, la Confederación Nacional de Agricultura (CNA) presentó la denuncia en representación del sector agrícola en general. Pero el producto investigado es la leche en polvo, y quienes producen e importan leche en polvo en Brasil son, en buena medida, los propios industriales que la necesitan como insumo.
“La CNA no tiene lo que se llama legitimidad activa en términos jurídicos. No tiene capacidad para presentar un recurso de este tipo, porque no representa la rama de la producción nacional del producto investigado”, sostuvo.
El segundo problema es la comparación entre leche fluida y leche en polvo. Valles señaló que los ciclos de precios de ambos productos son claramente diferentes y están documentados en estudios disponibles en Brasil.
Son dos mercados distintos, con dinámicas distintas, y usar la situación de la leche fluida para justificar daño causado por importaciones de leche en polvo es técnicamente cuestionable.
El tercer elemento que mencionó, y que calificó de “disparate mayor”, es el argumento esgrimido por el Frente Parlamentario para la Agricultura, que sostuvo que el volumen exportado por Uruguay era imposible y que respondía a una triangulación de leche neozelandesa.
“Es absolutamente infundado, pero es un tema que políticamente Uruguay va a tener que atender en su momento”, consideró.
Factores y ciclo electoral
Más allá del análisis técnico, Valles realizó una explicación política del origen del conflicto. En 2023 las exportaciones de leche en polvo de Uruguay y Argentina hacia Brasil alcanzaron niveles récords.
Al mismo tiempo, los productores lecheros brasileños —especialmente los de la agricultura familiar, los más vulnerables— vivieron un año muy difícil, ya que la sequía redujo la producción, el maíz —principal alimento del rodeo lechero en Brasil— subió fuertemente su precio, mientras que los valores internacionales de la leche en polvo cayeron.
El resultado fue una reducción simultánea de ingresos y un aumento de costos, que golpeó fuerte a los productores menos eficientes.
“Siempre sucede lo mismo: las importaciones se convierten en el enemigo, cuando en realidad hay otras causas profundas, en este caso la muy baja productividad de un número importante de productores lecheros brasileños”, analizó.
“La leche extranjera se convierte en el chivo expiatorio”, según Valles. Y cuando a esos tres factores se les suma el cuarto —el ciclo electoral— el resultado es predecible. “Esto comenzó hace dos años, cuando se aproximaban las elecciones municipales en Brasil. Siempre, desde 1999 en adelante, esta es la historia de las exportaciones uruguayas hacia Brasil”, afirmó.
El exembajador fue crítico en particular con la propuesta del FPA de una ley de administración del comercio internacional, que calificó como “absolutamente contradictoria con el abecé del Mercosur y con todas las normas de comercio internacional”.
Aunque entiende que esa ley no tiene viabilidad real, la considera una señal preocupante de la demagogia que rodea al tema en un año electoral.
