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    Presupuesto y género: más fondos para combatir la violencia y la trata, nuevas sedes especializadas, canasta menstrual y una dirección de Diversidad en las cárceles

    El Poder Ejecutivo asegura que en el proyecto de ley “priorizó el fortalecimiento de la perspectiva de género a lo largo de todo el ciclo presupuestario”

    La prevención y la mejora en la atención de la violencia basada en género son parte de las prioridades que estableció el Poder Ejecutivo en el proyecto de Ley de Presupuesto. El documento presentado al Parlamento el domingo 31 de agosto sostiene que “cerca del 73% de las mujeres manifiesta haber sufrido alguna forma de violencia a lo largo de su vida”. A partir de esta afirmación, apunta que “la violencia doméstica y sexual son un problema extendido que requiere respuestas específicas, inmediatas y sostenidas”.

    Con el fin de atacar estos asuntos, que “representan un problema estructural”, el Ejecutivo propone asignar —a partir de 2027— una partida anual de $ 55 millones a la Dirección Nacional de Políticas de Género del Ministerio del Interior (MI) para la compra de tobilleras electrónicas y otras tecnologías de localización, que serán destinadas a agresores y víctimas de violencia doméstica. También se implementará una aplicación y un centro de apoyo telefónico especializado para víctimas, se creará el Monitor de Género —que el MI había anunciado con el fin de “evaluar, transparentar y mejorar el servicio público”— y se capacitará a los efectivos policiales en la investigación de delitos sexuales.

    El proyecto también propone la creación de una Fiscalía Penal de Montevideo de Violencia Doméstica y Violencia Basada en Género que funcionaría a partir del 1 de enero de 2027 y de dos juzgados especializados en violencia basada en género en el interior. Además, plantea que las personas condenadas por “contacto o influencia sobre un menor de edad a través de tecnologías de la información y la comunicación con fines sexuales o de obtención de material pornográfico” sean incluidas en el Registro Nacional de Violadores y Abusadores Sexuales.

    Al comienzo de la administración, en un documento que detalla compromisos para el quinquenio relativos a la igualdad de género, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) se comprometió a “fortalecer los mecanismos de atención y asistencia a las víctimas” de violencia basada en género. Con ese norte, el Presupuesto asigna “los créditos presupuestales necesarios para la ampliación de la atención profesional a mujeres, apertura de servicios especializados, incorporación de equipos estatales, adecuación de infraestructura y funcionamiento sostenido del Portal de Ingreso a los Servicios de Atención a Mujeres en situación de violencia basada en género”.

    Además, asigna una partida anual de $ 30 millones para quienes trabajan en servicios de atención a mujeres en situación de violencia y trata.

    El Presupuesto también propone modificar la Ley 19.580, que establece la creación del Observatorio sobre la Violencia Basada en Género hacia las Mujeres. La administración pasada puso al observatorio a cargo de una “comisión interinstitucional honoraria” y eliminó la representación de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual. El proyecto nuevo establece que el observatorio estará a cargo de una “comisión interinstitucional” presidida por el Mides y conformada por el Ministerio del Interior, la Fiscalía General y la red contra la violencia.

    “Fortalecimiento de la perspectiva de género”

    El documento establece que para el armado del proyecto de ley “se priorizó el fortalecimiento de la perspectiva de género a lo largo de todo el ciclo presupuestario”. Más allá de eso, hay algunas carteras que detallan medidas concretas.

    En la órbita del Ministerio del Interior, además de lo relativo a la violencia basada en género, se propone la creación de un puesto de director de Género y Diversidad para el Instituto Nacional de Rehabilitación. Se trata de un cargo de confianza que deberá ser designado por el Poder Ejecutivo.

    En el apartado del Ministerio de Vivienda se reconoce que “las mujeres enfrentan barreras específicas en el acceso a una vivienda segura” y se propone la creación de dos cargos profesionales, un técnico y un administrativo para la Unidad Especializada en Género del Programa de Rehabilitación y Consolidación Urbano Habitacional.

    Otra medida propuesta es la asignación de partidas anuales de $ 5 millones para la implementación de políticas de género en el programa Fortalecimiento de la Base Productiva de Bienes y Servicios, del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

    Por otra parte, se establece la creación del Programa de Desarrollo Territorial-Espacios MEC, dependiente del Ministerio de Educación y Cultura, que enuncia como uno de sus objetivos “transversalizar la perspectiva de género y la inclusión ciudadana”.

    Embed - Ley de presupuesto: qué es y cómo se elabora

    Canasta higiénica menstrual

    En el anterior período legislativo el Parlamento había aprobado el proyecto de ley que reglamentaba la entrega de una “canasta básica menstrual” a usuarias de la Tarjeta Uruguay Social (TUS) del Mides, pero no se le habían asignado recursos.

    El Presupuesto recoge esta iniciativa y propone que, a partir de 2026, las “personas menstruantes de entre 12 y 50 años” de hogares beneficiarios de la TUS reciban $ 1.200 anuales para la adquisición de productos de higiene menstrual. Se estima que la medida alcanzará a unas 141.000 personas y el gasto se incrementará de manera anual.

    En el primer año de implementación, el Mides destinará $ 96 millones a esta iniciativa, que comenzará por atender a la “población beneficiaria de hogares que perciben TUS doble, abarcando alrededor de 80.000 personas” y avanzará ”hasta lograr la cobertura de todos los hogares beneficiarios de la TUS en 2029”, año para el cual se prevé que el gasto sea de $ 181 millones.

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