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Usuarios de ASSE de Salto reclaman el regreso de un cirujano enviado a “firmar recetas” a una policlínica local
La última derivación fue por una “medida cautelar”, tras una denuncia de acoso laboral que él impuso en 2024 y que la Institución Nacional de Derechos Humanos pidió cesar
Hospital Regional de Salto, entrada a la emergencia.
“Queremos en quirófano al dr. Salvatierra”. En naranja sobre blanco, así rezaba la pancarta de una movilización ciudadana frente al Hospital Regional de Salto, en la mañana del viernes 18 de setiembre. La protagonizaron algunas decenas de ciudadanos, usuarios de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), que reclamaban el regreso de un cirujano.
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El médico en cuestión es Martín Salvatierra. Está vinculado a ASSE desde 2005 y es cirujano presupuestado desde 2015. Fue jefe de Cirugía, especialidad en la que llegó a docente grado 3, y subdirector del Hospital de Salto hasta 2020. Desde entonces, durante la pasada administración, una sucesión de denuncias cruzadas y sumarios determinó su alejamiento de ese centro y su envío, en dos oportunidades, entre 2020 y 2021 y desde mayo de 2024 hasta hoy, a la Red de Atención Primaria (RAP) del departamento como “medidas cautelares”.
Esto último fue a raíz de una denuncia que el propio Salvatierra había formulado “por acoso laboral” contra el jefe del Servicio de Cirugía del Hospital de Salto, su superior, ante la división correspondiente en ASSE. La denuncia, de abril de 2024, fue archivada dos meses después; las cautelares se mantuvieron. El traslado fue perjudicial para sus intereses, porque “atendiendo a la naturaleza de la RAP es evidente que no existe ninguna función para un cirujano”, además de ver afectados sus ingresos en aproximadamente un 50%, según una notificación que él mismo elevó a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh), a la que accedió Búsqueda.
Si bien una resolución de la Inddhh constató el 12 de agosto de 2025 “la vulneración de derechos (de Salvatierra) por parte de ASSE” y recomendó al organismo “cesar la medida cautelar”, lo que significaría su reintegro al Hospital, esto sigue sin ocurrir. Según allegados a Salvatierra, la labor de este médico en el subsistema público “se limita a firmar recetas” para todo tipo de pacientes en la Unidad Básica de Atención (UBA) 7, en el barrio Cerro de la capital departamental. Mientras tanto, sí ejerce como cirujano en el Centro Médico de Salto, la mutualista local.
Respaldos
“Hace seis años que lo vienen persiguiendo a Salvatierra y jamás le pudieron probar nada. Para mí que le hicieron una ‘cama’. Hay mucha gente que da fe de su profesionalidad y de su humildad. Es un cirujano que se ha especializado en temas oncológicos. Es un lujo para Salto y lo tienen tirado en una RAP haciendo recetas”, lamenta Carmen Pereira, una profesora de yoga salteña, vocera de los ciudadanos movilizados.
Pereira —cuyo hijo fue operado exitosamente por Salvatierra 10 años atrás— dice a Búsqueda que representa a un colectivo “que no responde a ninguna organización ni partido”, y que incluye a gente de la capital departamental y de otras localidades, como Belén y Constitución, así como a pacientes suyos, funcionarios públicos, maestras y jubilados bancarios.
El desencadenante de la movilización, dijo, fue una nota publicada en el diario La Prensa, el 14 de setiembre, referida a la “paradoja del sistema de salud de Salto”. En este se indicaba que, mientras en el departamento “se advierte sobre la falta de profesionales especialistas”, el hospital “podría estar a punto de perder los servicios de un médico formado en esa institución y cuya experiencia resulta necesaria para los usuarios” del subsistema, en referencia a Salvatierra. Se recuerda que la resolución de la Inddhh concluyó que ASSE “vulneró sus derechos al trabajo, a la honra, a la dignidad y a la integridad psíquica”. El artículo deslizaba que el médico “podría alejarse” del Hospital de Salto.
El artículo fue firmado por el periodista Pedro Rodríguez, quien siguió la situación de Salvatierra desde el primer choque con las autoridades de ASSE, en la anterior administración, cuando en junio de 2020 fue denunciado por “acoso laboral y maltrato” por tres residentes de cirugía del hospital. En diálogo con Búsqueda, Rodríguez sostiene que los problemas que tuvo son “por ser muy exigente, por haber sido discípulo de (Néstor) Campos, uno de los cirujanos más prestigiosos de Salto”. También insiste en que su actuación en una RAP “es un desperdicio” y una “contradicción” para ASSE, ya que es “el mejor cirujano de la mutualista privada”, donde “hay que esperar tres o cuatro meses para tener una hora con él”.
Consultado por Búsqueda, Salvatierra no quiso formular declaraciones, aludiendo a que no quiere que se vean afectados los sumarios todavía en curso.
Complejo
Fuentes de ASSE calificaron a Salvatierra como un profesional “de una personalidad compleja” y destacaron el hecho de que ningún médico o funcionario del Hospital Regional de Salto se ha manifestado pidiendo su regreso.
Los problemas del médico comenzaron con las anteriores autoridades del prestador público, de otro signo político. En setiembre de 2021, Búsqueda publicó de sus cruces con el entonces gerente general, Eduardo Henderson, y la directora de la Región Norte, Ivonne Bruno. Este semanario también recogió otra denuncia de Salvatierra quien afirmó que Henderson lo había “extorsionado” y que sufría “persecución política”.
El vínculo reciente de Salvatierra con ASSE se puede resumir como un cruce de denuncias mutuas con sus respectivos sumarios que no han cesado con el cambio de autoridades. Desde el entorno del cirujano admiten que haber cuestionado duramente la actuación de un residente en 2020, lo que motivó la queja inicial, no fue feliz. Sin embargo, resaltan que ninguna de las otras acciones administrativas impulsadas por el prestador llegó a puerto alguno.
“Hay varios expedientes abiertos, sin definir. Una vez que se resuelvan, se va a evaluar la situación”, dijeron a Búsqueda desde ASSE sobre la situación de Salvatierra. Según explicaron fuentes del organismo, el prestador se basó en su “potestad de organización del servicio” para mantener al médico trabajando en la RAP y alejado del hospital, más allá de la conclusión “no vinculante” de la Inddhh.
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