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Informe jurídico recomienda denunciar en Fiscalía posible estafa durante la administración anterior del Casmu
Se detectaron balances irregulares, negocios claramente ruinosos para la institución, tasas de interés de 3.400% y conflictos de intereses en la contratación de empresas proveedoras
Tasas de interés de 3.400% a préstamos parabancarios, posibles transferencias patrimoniales indebidas, contratos opacos con empresas proveedoras cuyos dueños eran funcionarios jerárquicos, arrendamientos por montos cuatro o cinco veces superiores a los precios del mercado y repetidas irregularidades en los balances contables. Estos son los principales hallazgos de una auditoría realizada sobre la administración anterior del Casmu y que, a juicio de un estudio jurídico, ameritan ser considerados por la Fiscalía.
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Un informe de los abogados Pablo Donnángelo y Eduardo Sasson, al que accedió Búsqueda, detalla cuatro situaciones que “presentan indicios objetivos suficientes para considerar la existencia de eventuales riesgos de naturaleza penal”.
Los profesionales entienden que la información analizada, proporcionada por el Casmu, justifica “investigar si determinadas personas, en ejercicio de funciones de dirección, administración o contralor, pudieron haber actuado conscientemente en perjuicio” de la institución, “favoreciendo intereses propios o de terceros”.
El informe, con fecha 27 de octubre, está en conocimiento de las autoridades del Ministerio de Salud Pública (MSP) y disponible para lectura de los médicos capitalizadores de la mutualista. Fue realizado en cumplimiento de lo ordenado por la Asamblea General en la sesión del 17 de marzo de 2026, cuando se discutió acerca del estado de la intervención que comenzó en 2024 y que se extiende hasta hoy.
Las autoridades del Casmu cambiaron en setiembre de 2025, cuando Domingo Beltramelli derrotó en elecciones a Raúl Rodríguez.
Balances irregulares
Donnángelo y Sasson encontraron “irregularidades en la elaboración y presentación de los balances”, tanto en el cerrado el 30 de setiembre de 2024 como en ejercicios anteriores.
Según los informes de las auditorías de RSM Uruguay y KPMG, “se aplicaron criterios contrarios a las normas contables obligatorias, cuyo efecto fue presentar resultados y una situación patrimonial significativamente más favorables que los reales”.
Se indica que partidas que debieron reconocerse como gastos o pérdidas fueron mantenidas en la contabilidad y que unos $ 368 millones fueron fraccionados en tres partes idénticas, restándolos de distintas cuentas de pasivo, “procedimiento que impidió advertir claramente su existencia”.
La magnitud de estas irregularidades quedó de manifiesto cuando la nueva administración hizo un “asiento de sinceramiento contable por más de $ 545 millones”, advierten los abogados.
Agregan que existe la posibilidad de que quienes conocían las irregularidades hayan usado deliberadamente información inexacta “para inducir a error a los órganos institucionales o a terceros, procurando obtener aprobaciones, financiamiento u otros beneficios”, lo cual podría configurar un delito de estafa.
Negocios ruinosos
La segunda situación irregular corresponde a un contrato entre el Casmu y una empresa proveedora “cuyo objeto consistió en el arrendamiento de una camioneta y un camión sin conductor, por un plazo de tres años y un precio mensual de $ 405.000 más IVA”.
“Los precios pactados resultaban entre cuatro y cinco veces superiores a los valores de mercado”, indica el informe, “circunstancia que llevó a calificar el negocio como una contratación ruinosa para Casmu”. Se menciona la ausencia de estudios económicos sobre la conveniencia del arrendamiento y de comparación de ofertas. También se destaca la “aceptación de condiciones contractuales especialmente desfavorables”.
El contrato fue firmado por el exgerente general Marcelo Gilard el 1 de abril de 2025, cuando la institución ya estaba intervenida. Los abogados creen que esta segunda situación también podría configurar una estafa.
Tasas imposibles y transferencias indebidas
La tercera irregularidad refiere a los “préstamos parabancarios” que el Casmu habría obtenido entre julio de 2024 y setiembre de 2025.
Según el informe de KPMG, se identificaron operaciones con tasas de interés “de niveles manifiestamente desproporcionados, superando en determinados casos el 3.400% anual equivalente”. Además, no se aplicó la cláusula contractual que disponía sustituir las tasas pactadas por las máximas legales, lo cual redundó en pagos de intereses en exceso estimados por la empresa auditora en $ 77 millones y US$ 632.900.
“Pero la irregularidad de mayor relevancia radica en la existencia de importantes discordancias entre los capitales consignados en determinados contratos y los desembolsos efectivamente identificados en las cuentas bancarias de Casmu”, advierten los abogados. “En algunas operaciones se reconocieron obligaciones financieras sin que fuera posible verificar el correspondiente ingreso de dinero, mientras que en otras se detectaron períodos superpuestos que podrían haber determinado la duplicación de intereses sobre una misma deuda”, agregan.
Ante la posibilidad de que se hayan “reconocido o ejecutado conscientemente obligaciones de pago carentes de justificación económica suficiente, permitiendo transferencias patrimoniales indebidas en beneficio de préstamos parabancarios”, se podría determinar el delito de estafa o insolvencia societaria fraudulenta.
Conflicto de intereses
La cuarta situación refiere a contratos celebrados entre el Casmu y una empresa proveedora durante 2023 y 2024 para el arrendamiento de vehículos y la prestación de servicios de mantenimiento.
El informe señala la existencia de un “conflicto de intereses particularmente grave”, ya que dos funcionarios jerárquicos de la institución, Luis Laxalt y Osvaldo Barrios, figuraban como presidente y vicepresidente de la contratada.
“Esta circunstancia adquiere especial relevancia al constatarse que el propio Barrios intervino en representación de Casmu en la celebración del contrato de mantenimiento de marzo de 2024, cuando continuaba figurando como vicepresidente de la empresa proveedora”, advierten los abogados.
Y “la gravedad de esta situación se acentúa al advertir que los contratos atribuyeron a los propios funcionarios vinculados con la empresa proveedora funciones esenciales de control, incluyendo la conformación de facturas, la recepción de planillas de trabajos y la autorización de determinadas prestaciones extraordinarias”.
Además, el informe asegura que uno de los contratos contenía una declaración de inexistencia de vinculación societaria entre las personas jurídicas contratantes, sin transparentar la participación de los funcionarios en la empresa proveedora.
Según los abogados, la eventual relevancia penal de esta última situación dependerá de comprobar si estas vinculaciones fueron deliberadamente ocultadas y si, como consecuencia, se obtuvo un provecho indebido o se perjudicó al Casmu.
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