En los últimos 26 años, en el mercado de campos de Uruguay se transaron 10 millones de hectáreas, de las cuales 6,2 millones (62% del total) fueron vendidas por propietarios uruguayos y 3,9 millones (39%) fueron adquiridas por compradores de nacionalidad uruguaya, según datos del Anuario estadístico 2026, de Estadísticas Agropecuarias (DIEA), del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP).
Los datos indican que el grupo correspondiente a titulares que no son personas físicas, por lo cual no se conoce su nacionalidad, vendió 3 millones de hectáreas (30%) y compró 5,3 millones de hectáreas (53%) en el período de 2000 a 2025. Esta situación dificulta la identificación de la procedencia de los compradores de campos, algo que es advertido a la hora de analizar el grado de extranjerización de la propiedad de la tierra en Uruguay.
Argentinos vendieron 272.000 hectáreas y compraron 336.000 hectáreas, y brasileños enajenaron 320.000 hectáreas y adquirieron 196.000 hectáreas, según muestran los datos oficiales en el capítulo por nacionalidad. Y el renglón de otras nacionalidades vendió 175.000 hectáreas y compró 225.000 hectáreas.
Tras la epidemia de fiebre aftosa de 2001 y la crisis financiera de 2002, comenzó a reactivarse el movimiento de operaciones de compraventas de tierras en Uruguay, lo cual fue acompañado y seguido del ingreso al negocio de grupos empresariales y fondos de inversión procedentes principalmente de Argentina.
En ese contexto se registró el auge de la producción de soja en Uruguay, que impulsó las transacciones de campos, en valores y en extensión, mientras también hubo inversiones significativas en inmuebles rurales para las plantaciones forestales, especialmente destinadas a montes de eucaliptos.
En años más recientes comenzó a tomar fuerza un fenómeno de compras de campos en Uruguay por parte de familias y empresas de Brasil, lo que “no es considerado una fuga” de capitales del país norteño, sino más bien una “estrategia patrimonial” de diversificación del riesgo en cuanto a la colocación de fondos, según analistas y operadores del sector, como lo informó Agro de Búsqueda en junio de este año.
Condición jurídica
Del total de la superficie comercializada, el anuario señala que por condición jurídica, las personas físicas vendieron casi 7 millones de hectáreas y compraron 4,6 millones de hectáreas; mientras que sociedades anónimas enajenaron 2,3 millones de hectáreas y adquirieron el doble de lo que vendieron, cerca de 4,6 millones de hectáreas.
Otros tipos de sociedades vendieron 601.000 hectáreas y compraron 683.000 hectáreas. Además, el Estado uruguayo vendió 59.000 hectáreas y adquirió 119.000 hectáreas en esas 2,6 décadas. Este último dato refiere al accionar de las políticas públicas de la tierra, lideradas por el Instituto Nacional de Colonización.
El anuario de DIEA fue presentado el 27 de octubre por autoridades y técnicos del MGAP.
Para completar el cuadro referido a la condición jurídica del comprador y el vendedor de la tierra, ese trabajo muestra que hay otras situaciones, que comprende a entidades religiosas, previsionales, agentes financieros y otros, que enajenaron 160.000 hectáreas y adquirieron 99.000 hectáreas.
Estas informaciones cobran relevancia en momentos en que la Comisión de Ganadería de la Cámara de Senadores discute con organizaciones de productores rurales y académicos, entre otros actores, un proyecto de ley que dispone la regulación de la compra de tierras por parte de extranjeros.
La iniciativa, que es impulsada por el Frente Amplio (FA), generó reacciones a favor y en contra, y replanteó temas como la concentración de la propiedad y las excepciones otorgadas por el gobierno, en el marco de la normativa que restringe la titularidad de inmuebles rurales por sociedades anónimas.
En ese marco, el expresidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU) Gabriel Capurro planteó en entrevista con Agro de Búsqueda su postura “a favor de regular” en este tema y sugirió la posibilidad de establecer un tope para las nuevas compras de tierras por extranjeros, como puede ser fijar un “máximo de 1.000 hectáreas”, por departamentos y a escala país.
De 2000 a 2025 el mercado local de campos registró un total de 47.588 compraventas, por un monto de US$ 20.001 millones y una extensión de 10.096.000 hectáreas. Esa cifra equivale prácticamente al doble del monto anual de las exportaciones agroindustriales, al cotejar con datos de 2025 del MGAP.
En el período considerado hubo una amplia mayoría de operaciones de menos de US$ 1.000 por hectárea (17.899) que a su vez abarcaron una superficie cercana a 4,6 millones de hectáreas y un monto de US$ 1.914 millones, según DIEA.
Indica que en el otro extremo de precios, en el renglón de más de US$ 10.000 por hectárea, se registraron 1.625 compraventas por una superficie de 95.000 hectáreas y un monto de US$ 1.242 millones; mientras que en la franja de US$ 3.000 a US$ 4.000 por hectárea hubo 4.351 negocios por un monto de US$ 2.230 millones y una extensión de 1,1 millones de hectáreas.
Un campo ganadero en Artigas.
Ricardo Antúnez-adhocFOTOS
Área por departamento
En cuanto a las zonas del país donde se concentró la mayor cantidad de tierras transadas en el período considerado de la serie estadística, el anuario indica que Tacuarembó lidera con 954.000 hectáreas; seguido de Paysandú, con 928.000 hectáreas; luego figura Cerro Largo, con 880.000 hectáreas; Durazno, con 794.000 hectáreas, y Río Negro, con 682.000 hectáreas.
Entre los 10 departamentos con más extensión de campos comercializada también están Lavalleja, con 662.000 hectáreas; Salto, con 632.000 hectáreas; Treinta y Tres, con 593.000 hectáreas; Rocha, con 584.000 hectáreas, y Soriano, con 551.000 hectáreas.
La demanda de tierras se concentró mayoritariamente en actividades productivas vinculadas con la ganadería y la producción agrícola, de manera creciente en la búsqueda de una diversificación que permita una interacción entre ambos rubros agropecuarios, apuntando a la producción intensiva de carne.
En paralelo, el mercado de campos mantiene el interés de inversores, principalmente extranjeros, en las transacciones de patrimonio forestal, así como en la compra de tierras para forestar.
Esta situación revela la significativa participación de algunos departamentos en el total de hectáreas transadas en las últimas 2,6 décadas, como es el caso de Tacuarembó, Durazno, Cerro Largo y Lavalleja, donde se registraron negocios de compraventas de campos forestados y para instalar nuevas plantaciones.
Uno de los negocios destacados en este sector fue la compra de casi 20.000 hectáreas, en Rivera y en Tacuarembó, por parte de la empresa brasileña Braspine, que prevé instalar una nueva industria en suelo riverense, y el vendedor fue el fideicomiso forestal Bosques del Uruguay. El monto de esa compraventa fue de unos US$ 171 millones, con un precio promedio de US$ 9.000 por hectárea, según publicó Agro de Búsqueda en febrero de este año.
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