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Santiago Peña presentó su renuncia, pero sigue en el poder y se prepara para defenderse ante el Congreso
El presidente paraguayo quedó en el centro de una crisis política y financiera tras el colapso de Ueno Bank, que dejó a millones de clientes sin acceso a sus ahorros. La oposición impulsa un juicio político y cuestiona sus vínculos con la entidad, mientras el Congreso debe resolver si acepta su dimisión
Fotografía cedida por la Presidencia de Paraguay que muestra a Santiago Peña firmando su renuncia este jueves, en Asunción (Paraguay).
El presidente de Paraguay, Santiago Peña, aseguró que se presentará ante el Congreso para ejercer su derecho a la defensa en el proceso político que avanza en su contra por el escándalo de Ueno Bank. En un mensaje publicado en la red social X, afirmó que responderá con argumentos y pruebas, y que respetará la Constitución y las instituciones del país.
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El mandatario también prometió colaborar con las autoridades para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades. Dijo que aportará toda la información que le sea requerida y sostuvo que los responsables de eventuales delitos deberán responder ante la Justicia.
Peña insistió en que la devolución de los ahorros no puede quedar supeditada a su situación política. Según afirmó, el debate parlamentario sobre su renuncia no debe demorar las soluciones que esperan las familias afectadas por la crisis bancaria.
Queridos compatriotas:Sé que estamos viviendo horas de preocupación e incertidumbre. Quiero hablarles con claridad y serenidad.Ante la continuidad del juicio político, me presentaré y ejerceré mi derecho a la defensa. Lo haré con argumentos y pruebas, con respeto a la Constitución y a las instituciones de la República.Aun cuando ya hayan adelantado su decisión, voy a ejercer ese derecho. No por una cuestión de orgullo personal, sino porque rendir cuentas y dar explicaciones también es una responsabilidad frente al pueblo paraguayo.Colaboraré plenamente con las instituciones competentes para que se esclarezca lo ocurrido, se determinen las responsabilidades y quienes hayan infringido la ley respondan ante la Justicia. Aportaré la información que me sea requerida. La ciudadanía merece conocer la verdad, sin encubrimientos y sin que nadie esté por encima de la ley.Pero quiero dejar algo muy claro: el pago a los ahorristas no puede quedar pendiente de lo que ocurra conmigo. La discusión sobre mi continuidad en el cargo no puede paralizar las soluciones que necesitan las familias afectadas.Mi prioridad fue impulsar, dentro de la ley y en coordinación con las instituciones responsables, las medidas necesarias para que los ahorristas recuperen sus ahorros. Esclarecer los hechos y resolver los pagos son obligaciones que deben avanzar al mismo tiempo. Una no puede ser excusa para postergar la otra.Les pido que preservemos la calma y la paz. El reclamo de la ciudadanía merece ser escuchado y atendido con respeto, información clara y acciones concretas.Mi suerte personal no está por encima del Paraguay. Cualquiera sea el resultado de este proceso, actuaré con responsabilidad y respeto a la Constitución. Mi compromiso es con la verdad, con las instituciones y, por sobre todo, con las familias paraguayas.Que Dios bendiga al Paraguay.
La renuncia quedó pendiente y Peña continúa en la Presidencia
Aunque presentó su renuncia este jueves 5 de noviembre, Peña continúa al frente del gobierno porque el Congreso todavía no resolvió si acepta su dimisión. La sesión conjunta convocada para tratar el asunto debió suspenderse luego de que legisladores de su propio partido rompieran el quórum.
El vocero de la Presidencia, Guillermo Grance, confirmó que el mandatario permanece en Paraguay y desmintió versiones sobre una supuesta salida del país. “El presidente de la República está en el país”, afirmó ante periodistas desde la residencia presidencial.
La aceptación de la renuncia es necesaria para activar los mecanismos de sucesión. Mientras tanto, los legisladores deberán decidir si avalan la dimisión o continúan con el proceso de juicio político.
La oposición reclama que Peña sea destituido mediante el procedimiento parlamentario. Algunos legisladores sostienen que, si se acepta su renuncia, el mandatario podría acceder a los fueros correspondientes a su condición de senador vitalicio, lo que, según advierten, podría complicar una eventual investigación penal.
El colapso de Ueno dejó a millones de clientes sin acceso a sus ahorros
La crisis comenzó cuando el Banco Central de Paraguay resolvió intervenir Ueno Bank mediante un proceso de resolución, luego de que su índice de solvencia cayera por debajo de la mitad del mínimo legal exigido.
La medida implicó que funcionarios designados por el organismo regulador asumieran la gestión de la entidad para evaluar sus finanzas y proteger sus activos. Este mecanismo permite transferir los depósitos de un banco en crisis a otras instituciones antes de avanzar con la liquidación de los bienes restantes.
El impacto alcanzó a casi tres millones de clientes, cerca del 60% de la población adulta paraguaya, que quedaron imposibilitados de acceder a sus ahorros. Ueno también administraba entre 800 y 850 millones de dólares en fondos públicos, incluidos unos 380 millones del fondo estatal de pensiones y salud.
Para responder a los reclamos, Peña promulgó una ley que establece un mecanismo para agilizar la devolución del dinero. Cada depositante podrá recibir hasta 40 salarios mínimos mensuales, equivalentes a unos 20.000 dólares, dentro de los plazos previstos por la normativa.
Los vínculos del presidente con el banco alimentaron las sospechas
El escándalo adquirió rápidamente una dimensión política por la relación que Peña mantuvo con el Grupo Vázquez, propietario de Ueno Bank. El mandatario conservó su participación como socio comercial del conglomerado hasta marzo de 2025, cuando vendió sus acciones, según informaron medios paraguayos.
Las acusaciones contra el presidente incluyen presunto mal desempeño de sus funciones y conflicto de intereses. Durante su mandato, Peña había minimizado las advertencias sobre la situación financiera de Ueno y cuestionado a los medios que difundían preocupaciones sobre la entidad.
También quedó bajo observación el papel de Carlos Carvallo Spalding, quien había presidido la financiera Ueno antes de ser designado por Peña al frente del Banco Central en septiembre de 2023. Carvallo renunció al organismo el martes, en medio de la crisis. El Banco Central aseguró que no intervino en las decisiones relacionadas con Ueno.
Otro antecedente que alimentó las sospechas fue una advertencia del propio regulador, realizada en junio, sobre los préstamos que Ueno concedía a empresas vinculadas con sus propietarios. Estas operaciones están sujetas a límites para evitar que los dueños utilicen los depósitos de los clientes en beneficio de sus propios negocios.
La Justicia ordenó la prisión preventiva de ocho directivos
La investigación penal también avanzó sobre los responsables de la entidad. La Fiscalía ordenó la detención de diez ejecutivos de Ueno, entre ellos su presidente, Juan Manuel Gustale, y su director ejecutivo, Federico Miguel Vázquez Villasanti.
Este jueves, el juez penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, dispuso la prisión preventiva para Vázquez, Gustale y otros seis directivos. Las otras dos ejecutivas detenidas quedaron bajo arresto domiciliario.
Hasta el momento, la Justicia paraguaya procesó a 27 personas por presuntos delitos de lesión de confianza, tentativa de estafa, conducta indebida en situación de crisis y violación de la obligación de llevar libros de comercio.
En paralelo, un grupo de parlamentarios presentó una denuncia contra Peña ante la unidad especializada en delitos económicos y anticorrupción del Ministerio Público. La fiscal adjunta Nancy Salomón informó que analizará la presentación para determinar qué actuaciones corresponden.
Protestas, reclamos laborales e incertidumbre por los fondos públicos
La imposibilidad de acceder a las cuentas provocó movilizaciones de ahorristas frente a sucursales de Ueno en distintos puntos del país. También hubo protestas en las inmediaciones del Panteón Nacional de los Héroes, en Asunción. Algunas manifestaciones fueron reprimidas por la Policía.
La crisis alcanzó a los jubilados que cobraban sus haberes a través de la entidad. El fondo estatal de pensiones aseguró que los pagos continuarán y que unos 32.000 beneficiarios serán trasladados a otro banco.
También se movilizaron trabajadores de empresas tercerizadas que prestaban servicios para Ueno. El 5 de noviembre acudieron al Ministerio de Trabajo para denunciar la suspensión de sus contratos. La ministra Mónica Recalde anunció inspecciones y advirtió que podrían rechazarse las suspensiones temporales si las empresas no presentan sus balances y estados financieros.
El caso también genera preocupación por sus posibles efectos sobre la imagen económica de Paraguay y la confianza de los inversores. El colapso de Ueno volvió a poner bajo discusión los controles del sistema financiero y la relación entre el poder político y las entidades privadas. Según JPMorgan, el impacto sobre el conjunto del sistema bancario dependerá de la rapidez y la transparencia con que actúen las autoridades.