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La Fiscalía de Costa Rica acusa al presidente Chaves de financiamiento electoral ilegal
La Fiscalía de Costa Rica acusó este lunes al presidente Rodrigo Chaves y a otros seis altos funcionarios y diputados oficialistas de presunto financiamiento ilícito de la campaña electoral de 2022, informó la institución.
La Fiscalía de Costa Rica acusó este lunes al presidente Rodrigo Chaves y a otros seis altos funcionarios y diputados oficialistas de presunto financiamiento ilícito de la campaña electoral de 2022, informó la institución.
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La acusación contra el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, y su entorno, por usar supuestamente "dos estructuras paralelas" para financiar la campaña del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), fue presentada en medio de una pugna entre poderes del Estado.
El mandatario acusa a la Fiscalía, a la Corte Suprema y al Congreso de frenar sus iniciativas de gobierno, mientras los jefes de estas instituciones le atribuyen derivas autoritarias.
La Fiscalía presentó ante la Corte Suprema "una acusación con solicitud de levantamiento de fuero y apertura a juicio contra siete funcionarios miembros de los Supremos Poderes por su presunta participación en delitos relacionados con financiamiento político ilícito", indicó la entidad en un comunicado.
Entre los denunciados figuran el primer vicepresidente, Shephan Brunner, y el canciller Arnoldo André
Los otros son cuatro diputados del PPSD: Pilar Cisneros, Luz Mary Alpízar, Paola Nájera y Waldo Agüero.
Según la acusación, el PPSD usó ilegalmente para financiar la campaña de los comicios generales de 2022 "un fideicomiso privado y las cuentas bancarias personales de una mujer de apellido Agüero". Ésta enfrenta un proceso penal aparte por carecer de fuero.
"Ambas vías de financiamiento operaron al margen del control del Tribunal Supremo de Elecciones y de la Tesorería del partido", lo cual infringe el Código Electoral, indicó la Fiscalía.
Ahora, la Corte deberá conocer la acusación y decidir si pide al Congreso "el levantamiento del fuero constitucional de los funcionarios imputados", quienes arriesgan penas de entre dos y cuatro años de prisión, según el Código.
El 7 de abril, la Fiscalía presentó ante el máximo tribunal de justicia otra acusación contra Chaves por supuesto abuso de poder para favorecer a un excolaborador con dinero de un contrato financiado con fondos internacionales. La Corte todavía no se ha pronunciado sobre esta causa.
Chaves, un economista conservador de 64 años, exfuncionario del Banco Mundial, no puede aspirar a la reelección, pero políticos cercanos no descartan que busque un escaño legislativo.
Su perfil de líder populista de mano dura le favorece en los sondeos.
El mandatario ha dicho que espera que su partido obtenga una mayoría calificada en el Congreso en las elecciones generales de febrero de 2026 para realizar una serie de reformas.
