En el ámbito político-médico se entiende que el Instituto Nacional de Cirugía Cardíaca (INCC) del SMI (en las instalaciones de la antigua Impasa) sería el principal perdedor porque buena parte del flujo de pacientes del Casmu actualmente se atiende allí. El otro gran perjudicado sería el Círculo Católico, donde funciona un IMAE del mismo grupo empresarial de la Española y que también resuelve parte de la demanda asistencial del Casmu.
De acuerdo con los datos de 2025 del Fondo Nacional de Recursos (FNR) procesados por Búsqueda, de los 770 procedimientos de cateterismo, angioplastia, cirugía cardíaca de adultos y TAVI realizados a afiliados del Casmu, el 64% se realizó en el IMAE de la Española y del Círculo Católico, es decir, bajo la dirección de Mallo y Lluberas; el 6,5%, en el Americano y sus extensiones; el 16%, en el INCC del SMI y el Británico; el 10,3%, en el ICI de la Médica Uruguaya; y el 3,2%, en el Hospital de Clínicas y su extensión en Tacuarembó.
En una hipótesis de traslado de todos los procedimientos de afiliados al Casmu a la nueva extensión del IMAE de la Española, el Círculo Católico perdería 327 procedimientos anuales, equivalentes al 22,9% de su actividad; el INCC del SMI, 123 procedimientos, el 8,5%; y el ICI de la Médica Uruguaya, 79 procedimientos, el 5,4%.
En términos económicos, el cambio implicaría unos $ 90 millones anuales adicionales para el grupo de Mallo y Lluberas.
La reunión de la Junasa no tuvo como objetivo aprobar la nueva sede del Casmu, sino “tomar conocimiento de la solicitud”, explicó Pradere a Búsqueda. Todos los trámites de habilitación de servicios de los prestadores pasan por la junta por el artículo 17 de la Ley 18.211. “El ministerio es el que habilita. La junta solo brinda una opinión sobre el final del trámite. Y es el FNR el que aprueba la financiación”, describió la presidenta de ese organismo.
Aunque el acta de la sesión de la Junasa aún no está disponible, las fuentes adelantaron que la posición adoptada fue “neutral”. Un informante del mutualismo coincidió en que “la junta puede debatir y hablar, pero su opinión no será determinante” y por eso se prefiere “evitar el desgaste” de marcar una postura tajante: “Es un acto administrativo que ya viene resuelto por el sistema”.
De todas formas, lo manifiesto en el acta de la Junasa oficiará de “recomendación” para la ministra Cristina Lustemberg, que preside la Comisión Honoraria Administradora del FNR. Dicha comisión, integrada por nueve miembros (tres del ministerio, tres de las instituciones, uno de Economía, otro del Banco de Previsión Social y uno de los IMAE), será la que finalmente decida si se aprueba la cobertura financiera.
Santiago Mazzarovich / adhocFOTOS
Sobran los motivos
“El IMAE para el Casmu es lógico”, sentenció Raúl Rodríguez, expresidente del Casmu y principal impulsor del proyecto. A su juicio, la mutualista con 170.000 usuarios, 30% de los cuales tienen más de 65 años (y, por ende, alta proporción de enfermedades cardiovasculares), es la que más necesita este tipo de servicios (junto con la Española). El argumento principal es atender a los pacientes en el lugar y evitar posibles demoras derivadas de un traslado. “Es un tema técnico”, fundamentó sin más.
“Nunca nos dieron lo que nos correspondía. Lo pedimos en todos los gobiernos y, por razones políticas y económicas, no nos lo dieron”, aseguró Rodríguez en diálogo con Búsqueda.
En 2023, cuando cerró Casa de Galicia, Rodríguez llegó a pedir públicamente apropiarse del IMAE cardiológico de esa institución, pero las autoridades sanitarias de entonces se lo denegaron y quedó bajo la órbita del Círculo Católico.
En esa misma época, cansado de fracasar, Rodríguez visualizó que podía “facilitar la cosa” mediante un “camino alternativo” que tenía antecedentes en otras instituciones: la extensión de otro IMAE. Así fue como se llegó a un acuerdo con la Asociación Española, institución con la que había “buen relacionamiento”.
El expediente entró al MSP ese mismo año, pero no avanzó. Las autoridades de la Española y el Casmu lo presentaron en conjunto también en instancias presenciales ante las autoridades del MSP del momento.
Fuentes del gobierno anterior dijeron a Búsqueda que ellos habían definido que, antes de estudiar el IMAE para el Casmu, había que “ordenar la institución, equilibrar las finanzas y que se ofrecieran servicios de calidad antes de habilitar nuevos”.
Este gobierno, en cambio, resolvió darle trámite.
Según Pradere, en los procesos como este no hay una deliberación política previa, sino que los prestadores de salud presentan sus solicitudes de habilitación y “se va a la planta física, se ven los servicios, que tengan las habilitaciones correspondientes”, entre otras cosas.
Respecto al avance del proceso en este caso, no se brindó información.
Otras fuentes políticas dijeron a Búsqueda que al comienzo del trámite participa una junta de pertinencia que evalúa si el sistema precisa un nuevo servicio y si es costo-efectivo, con lo cual se hace un primer filtro. “Si no, los prestadores presentarían proyectos todo el tiempo”, dijeron.
Agregaron que, una vez que la ministra firme la habilitación, será “muy difícil” que el FNR rechace el financiamiento.
Pradere insistió en que lo que se presentó en este caso no fue “un IMAE”, sino la habilitación de “un servicio como puede ser cualquier otro”. Si bien “es probable que después ellos quieran solicitar financiamiento del FNR, formalmente nosotros como ministerio no lo podemos aprobar”, dijo.
Por su parte, Rodríguez afirmó: “Siempre fue un IMAE. Es la historia del Casmu”.
Caprichos y suspicacias
En los últimos años, los IMAE de las distintas áreas han sido un mecanismo propicio para el negocio de la salud. Los visionarios que lograron entrar en él en un inicio se han consolidado como los empresarios más poderosos del ambiente médico.
En el caso de la cardiología, el FNR no paga montos abultados por los procedimientos, de modo que la rentabilidad se logra con escala: con un mismo equipo médico disponible para operar en varias instituciones, se abarca un número importante de potenciales pacientes sin grandes inversiones. En criollo, es poco probable tener que atender dos infartos a la misma vez; y en caso de que esto ocurra, hay un “equipo B” de guardia, explicaron fuentes médicas.
Ese modelo ha llevado a la consolidación de “oligopolios” o grandes grupos de poder, que se profundizaría con la decisión de abrir una extensión del Cardiocentro.
Una fuente de un prestador que no se vería fuertemente afectado por este cambio consideró que el enojo de sus competidores se debe a que “se está haciendo una cosa innecesaria para mejorar el flujo de instituciones que están en mala situación, empeorando los números de otros sin razón sanitaria, y privilegiando la situación económica de un tercero privado”.
“Algunos se sienten legítimamente dañados. Además, se introduce un desequilibrio para quienes están funcionando bien, y lo que más molesta es que hay una sensación de que el ganador no es el Casmu”, agregó.
El dinero del FNR se reparte de distintas formas según el acuerdo que haya hecho el prestador con el proveedor del IMAE. Son contratos entre privados cuyos detalles se desconocen, pero, de acuerdo con las fuentes, el acuerdo entre Mallo y Lluberas con el Círculo Católico seguramente sea menos beneficioso que el que mantienen con la Española, con lo cual se entiende el interés por llevar pacientes de una mutualista a la otra.
En medio de un nido de especulaciones y suspicacias respecto a por qué el MSP está avanzando en este camino, algunos reflotan el argumento que durante años se repitió para no habilitar nuevos IMAE en la capital: más médicos operando a un mismo número de pacientes significa menos expertise y, en consecuencia, pérdida de vidas; además, en una ciudad como Montevideo, que se recorre en media hora, no aplica el argumento de la afectación del tiempo de distancia.
Así, mientras algunos hablan de “capricho” y “decisión forzada”, en el MSP se limitaron a afirmar: “La prioridad son los usuarios siempre”.
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