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Con la reforma del Código del Proceso Penal (CPP) los defensores de oficio asumieron un rol mucho más activo en la protección de los indagados. La nueva ley los ubicó en “igualdad de armas” con los fiscales, los detenidos ya no hablan con la policía a menos que estén ellos presentes, y la Fiscalía debe ofrecer beneficios para conseguir una confesión o de lo contrario demostrar al juez que tiene suficientes pruebas. Es que un objetivo central del nuevo modelo era empoderar a la defensa para dar más garantías a los indagados. Posiblemente eso explique por qué, mientras el nuevo proceso recibe críticas desde varios ámbitos, el respaldo entre los defensores públicos es casi unánime.
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No obstante eso, los defensores de oficio —que asisten a más del 80% de los sospechosos de cometer delitos— tienen una larga lista de reclamos debido a las condiciones de trabajo y a la carencia de recursos suficientes para enfrentar en iguales condiciones a sus rivales, los fiscales.
“Nos tiene muy preocupados. La Fiscalía se fortaleció muchísimo para el nuevo código, mientras la Defensoría trabaja en condiciones vergonzosas”, dijo a Búsqueda la presidenta de la Asociación de Defensores de Oficio, Adriana Berezán. Desde principios de 2018 la asociación ha presentado varias notas —ante la Dirección Nacional de la Defensoría Pública y ante la Suprema Corte de Justicia— detallando las dificultades que enfrentan. Si bien la Defensoría depende del Poder Judicial, en muchos casos los reclamos apuntan contra la Fiscalía, ya que es en sus instalaciones donde ven a los detenidos.
Sin embargo, hasta ahora no han tenido ninguna respuesta, dijo Berezán. Ante la falta de reacción de las autoridades, la asociación de defensores junto a la de funcionarios judiciales evalúan presentar una denuncia ante la Inspección Nacional de Trabajo para que compruebe las condiciones del edificio de la Fiscalía. “Alguien tiene que hacerse cargo”, afirmó.
Fuentes del Poder Judicial dijeron a Búsqueda que las quejas de los defensores ya se pusieron en conocimiento de la Fiscalía, debido a que buena parte de los reclamos están relacionados con sus instalaciones. “No tenemos autoridad allí y es muy acotado lo que podemos hacer”, planteó una fuente. Agregó que en la Fiscalía “no cayeron bien” los reclamos de los defensores y que las autoridades adelantaron que “no los comparten”. El tema será tratado en la próxima reunión de la comisión de seguimiento del nuevo CPP, que se fijó para el 13 de mayo.
Desde la Fiscalía manifestaron que ya hubo una respuesta al planteo de los defensores, y que será tratada en la próxima reunión, aunque no añadieron más detalles.
Medidas urgentes.
Una de las notas presentadas a las autoridades fue redactada por los defensores públicos del área penal que trabajan en Montevideo. En el documento, con fecha de 25 de febrero y al que accedió Búsqueda, se sostiene que desde la implementación del nuevo código en noviembre de 2017 “se han suscitado —en el edificio de la Fiscalía sobre la calle Cerrito— diversos hechos que han puesto en riesgo la integridad física” de defensores y funcionarios.
Por ejemplo, relataron que dos imputados portaban dos armas durante la entrevista con su defensor: un corte carcelario y una navaja. Los detenidos, que estaban en el carcelaje de la Fiscalía, “lograron vencer los diferentes controles de seguridad”, advirtieron. En ese sentido, criticaron que no exista un recinto destinado a realizar una revisión corporal del detenido. También señalaron que en los boxes donde entrevistan a los detenidos no hay botones de pánico.
Asimismo, en el edificio donde funciona la Oficina Penal Centralizada, que depende del Poder Judicial, jueces, fiscales y defensores “han sido víctimas de agresiones físicas y amenazas por parte de imputados”, y la respuesta policial fue “tardía e ineficaz”, dice la nota.
Por otra parte, los defensores enumeraron problemas de “higiene y salud”: “La gran mayoría de los imputados sube a mantener la entrevista en condiciones higiénicas y de salud muy comprometidas, en forma indigna y vulnerable”. Muchos con heridas expuestas, sangrando, descalzos, sin aseo. Los portadores de enfermedades como VIH, tuberculosis o sarna, son entrevistados en boxes “pequeños, sin ventilación natural ni purificadores de aire”, describieron. “Si bien se otorga tapaboca y alcohol en gel, el lugar no es desinfectado posteriormente”.
Los defensores plantearon que si bien el espacio es utilizado también por los fiscales, estos solo van momentáneamente, ya que tienen sus despachos en los pisos superiores. Sin embargo, ellos permanecen allí durante toda la jornada.
Inundaciones, presencia de insectos y baños insuficientes y en “pésimas condiciones sanitarias” completan el panorama descripto por los defensores, que solicitaron a las autoridades que gestionen una inspección del Ministerio de Trabajo “a fin de cotejar las condiciones laborales denunciadas”. También pidieron que se solicite a la Fiscalía General la habilitación de Bomberos y de la Intendencia de Montevideo para el edificio, y que se adopten “urgentes y efectivas medidas” para poner fin a la situación, que menoscaba los “derechos laborales y la integridad física de los defensores”.
Más de 48 horas sin comer
Las quejas no se limitan a Montevideo. De hecho, en el interior del país la situación luce aún más complicada. Las oficinas de la Fiscalía “no están en condiciones de recibir a los detenidos y las que lo están, se niegan por razones de seguridad”, describe otra nota presentada por la asociación ante la Corte en noviembre, elaborada a partir de un relevamiento entre todos los defensores del interior. Los abogados deben circular por las seccionales, donde hay “nula seguridad” y “pésimas condiciones de higiene”.
Por eso pidieron que se defina un espacio específico para que los defensores vean a sus patrocinados, que puede ser una seccional en la que se adecuen las condiciones de seguridad e higiene, y donde tengan “las condiciones mínimas para realizar la entrevista”.
Otro problema que se agrava en el interior es la falta de alimentación para los detenidos, que pueden pasar “más de 48 horas” sin comer. Es que muchas veces llegan a la seccional sin haberse alimentado y no reciben nada durante la detención. El hambre, sumado a situaciones de abstinencia sin ningún tipo de atención, constituye, para los defensores, “una violación a los derechos” cercana a “una vía indirecta de tortura”. El problema sería de fácil solución, señalaron en la nota, si se realizara un acuerdo similar al que existe en Montevideo con el Instituto Nacional de Alimentación.
Estos planteos fueron reiterados el 19 de abril en un informe que la asociación presentó ante las autoridades del Poder Judicial.
