Guido Manini Ríos. Foto: Nicolás Der Agopián

En un plan concebido con detalle, Manini recibió la propuesta de ser candidato luego de ser cesado por el presidente Vázquez

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Nº2012 - al de Marzo de 2019
escriben Sergio Israel y Juan Pablo Mosteiro

La opinión de 10 magistrados contra la de tres generales. Así podría resumirse de forma asaz sintética el dramático caso judicial llamado “segundo vuelo”, en el que agentes del Estado desaparecieron a unos 28 militantes de izquierda en 1976.

Los 10 magistrados que recién pudieron actuar 30 años después de ocurridos los hechos son el juez Luis Charles, la fiscal Mirtha Guianze, los entonces ministros del Tribunal de Apelaciones en lo Penal N° 2 Daniel Tapié, William Corujo y José Balcaldi y los cinco ministros de la Suprema Corte de Justicia de la época.

Los jueces y la fiscal consideraron que los militares José Gavazzo, Jorge Silveira, Luis Maurente y Ricardo Arab, entre otros, son responsables del homicidio especialmente agravado de esos uruguayos que fueron trasladados desde Buenos Aires, aunque la Fiscalía pedía que se aplicara el delito permanente de desaparición forzada de estos militantes del Partido para la Victoria del Pueblo y de los Grupos de Acción Unificadora exiliados en Buenos Aires.

“Los encausados configuraron un grupo que operó al margen del control jurisdiccional de cualquier tipo, dentro y fuera del ámbito de la República, sin sujetarse a manuales de procedimiento ni regla alguna, en operaciones coordinadas tendientes al mismo fin, ya que en forma organizada y con carácter estable, se concentraron en emprender un accionamiento común de carácter político”, concluyó el magistrado en su sentencia.

Mientras José Mujica fue presidente y Defensa estuvo a cargo del también tupamaro Eleuterio Fernández Huidobro, las relaciones con los militares tuvieron el carácter de cierta camaradería entre excombatientes y no se instaló ningún Tribunal de Honor que juzgara, en forma paralela a la Justicia ordinaria, la actuación de los procesados como indican las normas.

La muerte de Fernández Huidobro en agosto de 2016 y la llegada a la oficina principal del Palacio Castro del socialista Jorge Menéndez representó un giro: finalmente llegó la orden de instalar los tribunales de honor.

Ya no se trataba de magistrados civiles del fuero penal, sino que los propios militares debían juzgar la conducta de quienes habían actuado en los primeros niveles durante la “guerra sucia”.

Mientras José Mujica fue presidente y Defensa estuvo a cargo del también tupamaro Eleuterio Fernández Huidobro, las relaciones con los militares tuvieron el carácter de cierta camaradería entre excombatientes y no se instaló ningún Tribunal de Honor que juzgara, en forma paralela a la Justicia ordinaria, la actuación de los procesados como indican las normas.

En 2005, durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez, la Fuerza Aérea había dejado en posición de fuera de juego al Ejército al admitir en un informe oficial la existencia del llamado “segundo vuelo”, mientras la fuerza de tierra, a la que le cupo mayor responsabilidad por el peso que tuvo en el Servicio de Información de Defensa (SID) y la Armada, seguía negando todo.

Los generales Gustavo Fajardo, José González y Alfredo Erramún estudiaron el año pasado el voluminoso expediente de la Justicia, interrogaron a los involucrados y llegaron a la conclusión, por unanimidad, de que los hechos “no están lo suficientemente aclarados”.

Fajardo es jefe de la División IV en Minas, González es el nuevo comandante en jefe del Ejército y Erramún fue designado jefe del Estado Mayor de la Defensa.

Los tres decidieron que, en el caso del coronel Maurente, existió “falta absoluta de culpabilidad” al “no hallar elementos que fundamenten la convicción de que hayan faltado a los códigos de honor de la institución militar, del cuerpo de oficiales, ni al suyo propio”.

Para Gavazzo y Silveira, en cambio, decidieron la “descalificación por falta gravísima”, que conlleva el pase a situación de reforma (que significa entre otras cosas la prohibición de usar el uniforme), no por los homicidios por los que fueron condenados, sino por haber dejado que uno de sus camaradas, el coronel Juan Carlos Gómez, estuviera preso tres años y medio por un delito que no había cometido.

Otros dos militares involucrados, Ernesto Ramas y Gilberto Vázquez, no fueron juzgados por sus pares. El primero por razones de salud y el segundo porque otro tribunal lo pasó a reforma después de una fuga del Hospital Militar protagonizada en julio de 2006.

Rodolfo Nin Novoa, Jorge Menéndez y Guido Manini Ríos en la Plaza de Armas del Comando General del Ejército. Foto: Javier Calvelo/ adhocFOTOS

Manini a escena

El comandante en jefe Guido Manini Ríos, que durante los cuatro años que estuvo en el cargo mantuvo un perfil alto pocas veces visto antes, elevó el 13 de febrero al ministro Menéndez los fallos y, como es de uso, los acompañó de un escrito que agrega sus propias consideraciones.

Algunos de los generales advirtieron al comandante que entregar un informe con esas características traería como consecuencia seguramente su cese. Es que en el documento, al que accedió Búsqueda, Manini no solo realiza consideraciones sobre el fallo del Tribunal de Honor, sino que a lo largo de ocho páginas expresa opiniones muy críticas acerca de diversas actuaciones judiciales que involucran a militares.

De hecho, días antes de que se reunieran, Vázquez transmitió a los principales dirigentes de su gobierno que había resuelto destituir a Manini.

El comandante, en informe reservado, cuestiona el fallo judicial que condenó a Ramas, Gavazzo, Silveira, Maurente, Vázquez y otros: “De haberse establecido que los encausados participaron de la muerte de los 28 ciudadanos que se enlista en la sentencia de la Justicia, es claro que el fallo del Tribunal hubiera sido condenatorio, por afectar un hecho de esta naturaleza seriamente el honor de una institución que debe guiarse en todo momento por el respeto a los derechos humanos, en este caso correspondientes a detenidos indefensos”.

En otra parte, Manini expresa que “la posición de los miembros del Tribunal refleja la posición generalizada entre los integrantes del Ejército Nacional de que en los temas referentes al juzgamiento a militares por violaciones a los derechos humanos ocurridas hace más de cuatro décadas, la Justicia uruguaya en muchas oportunidades se apartó de los más elementales principios del Derecho, no dando garantías a los acusados”.

Aunque operadores judiciales consultados por Búsqueda destacaron que la defensa pudo interponer sin cortapisas recursos de apelación, casación, reposición e inconstitucionalidad, Manini, tomando el uso dado por los abogados Carlos Curbelo y Miguel Langón al concepto de los funcionalistas alemanes, sostiene que “en definitiva se aplicó una suerte de Derecho para el enemigo” y que “el militar que es citado como indagado por la Justicia muchas veces es considerado culpable aún antes de ser juzgado, no tiene las garantías del debido proceso y es condenado en base a conjeturas o convicciones inadmisibles, sin pruebas fehacientes y en muchos casos fraguadas e inventadas” y que “se da por cierta la versión de cualquier testigo, se especula sobre los hechos y las declaraciones del acusado no son tenidas en cuenta”.

“Álvarez nunca lo tocó”

Luego Manini enumera nueve situaciones que considera irregulares. Entre ellas el procesamiento del coronel retirado Rodolfo Gregorio Álvarez por haber actuado como juez sumariante en Artillería 1º. “El propio denunciante manifiesta que Álvarez nunca lo tocó”, dice Manini, y afirma que “en el Ejército nadie duda de su inocencia y existe la convicción de que está preso por el nombre que porta”. sostiene el comandante cesado respecto al sobrino del exdictador Gregorio Álvarez.

Manini también hace referencia a los casos del procesamiento de dos exdirectores del Penal de Libertad por el suicidio de un preso, del general Miguel Dalmao por la muerte en una sesión de torturas de la militante comunista Nibia Sabalsagaray en una unidad de comunicaciones en 1974, el mencionado del coronel Gómez y del pedido de procesamiento del sargento retirado Leonardo Vidal, entre otros.

Sofía Dalmao, una hija del general que falleció en prisión, envió un mensaje de respaldo a Manini a través de las redes sociales.

Sobre el final, el escrito vuelve sobre los casos sometidos al Tribunal de Honor: “Además de la inexistencia de pruebas concluyentes,(…) los imputados niegan su participación en los hechos. Por otra parte se demostró que algunos de los supuestamente asesinados en Uruguay, según lo establecido en la sentencia, lo fueron en Argentina, donde aparecieron sus cuerpos”.

La “afectación al honor” para Manini se produjo en los casos de Silveira y Gavazzo por “eludir responsabilidades o callar ante la Justicia, cuando ésta, en base a falsos testimonios, procesaba a alguien que ambos sabían que era inocente”.

El presidente Vázquez, en cambio, decidió no homologar el fallo que exonera a Maurente.

Guido Manini Ríos en la Plaza Independencia de Montevideo. Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS

La “esperanza” militar

El miércoles 13, el Movimiento Social Artiguista presentó en el Hotel Ibis del barrio Palermo el lema “Cabildo Abierto” recién registrado en la Corte Electoral.

La presentación pública del nuevo partido cumple con los plazos para participar en las elecciones internas y la oportunidad de su lanzamiento parece ser una operación coordinada.

Fuentes militares dijeron a Búsqueda que la salida de Manini de la Fuerza antes del 30 de marzo se explica ante la posibilidad de presentarse como político tres meses antes de las elecciones internas, un asunto que despertó cierta controversia por presuntas limitaciones legales, aunque el artículo 77 de la Constitución lo habilita.

“Tu momento es ahora”, le dijeron hace unos meses al entonces comandante en jefe cuando este argumentó que quería terminar su carrera en febrero de 2020 y recién entonces pensar en política partidaria.

Luego del presidente Oscar Gestido, electo en 1966 por el Partido Colorado y fallecido meses después, los generales Mario Aguerrondo y Líber Seregni lideraron sectores o partidos.

Aguerrondo, que en 1964 fundó el grupo Tenientes de Artigas, fue candidato del Herrerismo y quedó segundo en el Partido Nacional después de Wilson Ferreira.

Fuentes militares dijeron a Búsqueda que la salida de Manini de la Fuerza antes del 30 de marzo se explica ante la posibilidad de presentarse como político tres meses antes de las elecciones internas, un asunto que despertó cierta controversia por presuntas limitaciones legales, aunque el artículo 77 de la Constitución lo habilita.

Hasta ahora, otros intentos de militares de liderar espacios políticos en la posdictadura han terminado en fracaso.

El año pasado, el Movimiento Unidos Podemos perdió al general Hebert Fígoli, que se plegó al Partido Nacional, mientras otro intento, el Partido Orden Republicano, discute si seguir el nuevo liderazgo o continuar un camino propio que defienda los intereses de la familia militar afectados por la ley de retiros, la reforma de la Ley Orgánica y otras medidas promovidas por el gobierno del Frente Amplio.

En el último mensaje como comandante, luego retirado de la página oficial del Ejército por orden superior, Manini dejó abierta la posibilidad de seguir el camino de sus antepasados colorados riveristas que en 1916 fundaron el diario La Mañana e incursionar en la vida política.

“Las banderas de lucha no se arrían en el puesto que nos toque ocupar”, dijo a la cámara con un retrato del prócer y la foto de los comandantes que lo antecedieron detrás y proclamó al Ejército y a sí mismo como “la esperanza de los más desesperados” y paladín de la lucha contra los “poderes bien pagos de los centros de poder mundial”.

Manini llegó al cargo de comandante en jefe luego de realizar una gestión exitosa en el Hospital Militar y seducir con sus argumentos y personalidad de líder a Fernández Huidobro, predispuesto a menudo a un mejor vínculo con los nacionalistas y católicos del Ejército que con los propios militares frenteamplistas.

Repercusiones

El martes 12, pocos minutos después de divulgada la destitución, el precandidato colorado Ernesto Talvi escribió en Twitter que el presidente Vázquez “ejerció su autoridad y se acata sin chistar”. “Pero hay que hablar de lo que medio país cuchichea: ¿tiene sentido con nuestro tamaño y en este tiempo tener FF.AA. convencionales teóricamente preparadas para la guerra?”, se preguntó.

El miércoles 13, en el marco de un almuerzo organizado por el Club Británico Uruguayo, Talvi fue consultado sobre el punto. El precandidato colorado reiteró que el presidente actuó dentro de la institucionalidad. Luego planteó que es momento de discutir sobre una de las “vacas sagradas” que hay en el país y que se refiere a qué tipo de Fuerzas Armadas se quieren. Puso como ejemplo la situación de la Armada Nacional cuya capacidad bélica es “inexistente”. Dijo que hacen las tareas de patrullar costas y ríos con “sacrificio”, pero con el “equipamiento más obsoleto”.

Durante un acto en el barrio Colón, Julio María Sanguinetti dijo que “no hay que darle más trascendencia desde el punto de vista institucional”, ya que “se trata de un relevo; la vida militar es eso”.

En el otro extremo, el sector del diputado Fernando Amado (La Alternativa) repudió “la flagrante violación a la Constitución” realizada por el excomandante al utilizar el sitio oficial del Ejército.

Por su parte, el senador y precandidato blanco Luis Lacalle Pou consideró injusto el cese de Manini Ríos. “Desde mi punto de vista, el general cumplió cabalmente su mandato, respetó la Constitución y la ley. Fue un digno comandante en jefe, reconocido por militares y civiles, entre los que está quien habla”, dijo a la prensa.

El también senador y precandidato nacionalista Jorge Larrañaga afirmó que si bien el Frente Amplio y el presidente Vázquez tienen “un prejuicio” contra los militares, los dichos del excomandante “no son de recibo”.

“Mi reconocimiento a los años de servicio. Estoy segura que desde una trinchera distinta seguirá sirviendo al Uruguay”, escribió en su cuenta de Twitter la senadora y precandidata blanca Verónica Alonso, para quien Manini Ríos sería un “estupendo” ministro de Defensa de un eventual gobierno suyo.

Mientras Manini reflexiona acerca de su futuro como eventual senador, ministro o hasta presidente como Jair Bolsonaro, o al menos catalizador del descontento de los integrantes de las Fuerzas Armadas y su entorno, su sucesor, el general González se prepara para asumir el lunes 18 y dar continuidad al funcionamiento de la Fuerza sin ruido a lata.

✔️ La reaparición de La Mañana y el nuevo partido Cabildo Abierto

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