N° 1975 - 28 de Junio al 04 de Julio de 2018
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En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acáDe un tiempo a esta parte, los ciudadanos de las sociedades democráticas miran con ojos escrutadores la moral de sus gobernantes. Mejor dicho, miran con una perspectiva crítica los vínculos que siempre existen y siempre han existido entre quienes detentan el poder político y quienes detentan otra clase de poderes. Y cuestionan al poder político cuando esos vínculos huelen a corrupción, entendida esta como “el uso ilegítimo del poder público para el beneficio privado”, según la definición de Stephen D. Morris en su libro Corrupción y política en el México contemporáneo.
Esta mirada, que resulta útil a la hora de controlar con ojo avizor a quienes nos gobiernan, no siempre ha existido en estos términos. Es una idea que se ha construido en las democracias, en el entendido de que el señor que está en este cargo o en este otro, es una contingencia, una persona que ocupa un puesto de manera temporal y revocable. Cuando gobernar era tarea de nobles por mandato divino, la idea de corrupción simplemente no podía estructurarse: todo es obra de la mano de Dios, así que guárdese sus quejas para cuando cambie el régimen.
De hecho, la percepción de la corrupción y que exista un número importante de ciudadanos que escrute a sus representantes es cosa buena: esta mirada aguda logra que partidos y políticos se cuiden mucho a la hora de gestionar la cosa pública. O al menos así debería ser, que una cosa es el “debe ser” y otra, muchas veces distinta, el “es”. En cualquier caso, una ciudadanía activa verificando que los políticos, en acuerdo con sus satélites privados o semiprivados (la maraña de empresas contratadas por el Estado que existe en toda sociedad compleja) no hagan uso de los dineros públicos en beneficio propio, es algo saludable para las democracias.
En ese sentido, el límite acordado para definir aquello que es corrupción está en la ley: hacer algo que no permite la ley y que implica ese “uso ilegítimo del poder público para el beneficio privado” que define Morris. Los problemas pueden surgir cuando la frontera exigida al político deja de ser puramente legal (un límite legal que es trazado por un criterio social-moral, cierto) y pasa a ser pura exigencia moral. Y que además, se exige a lo largo del tiempo, siempre, todo el tiempo.
En ese sentido y parafraseando la célebre frase de Julio César sobre su mujer y la honestidad, solo importa parecer honesto, con independencia de haber cumplido con la ley. Quiero decir, parecer honesto no tanto en la arena de los hechos como en la arena donde de hecho se dirimen estos temas: en el mar de ruido que producen los medios y los hinchas políticos, esos que creen que ensuciando al rival a cualquier precio, consiguen un país mejor. Es decir, olvidando que es la ley la que marca el límite y canjeando la mirada moral, necesaria para trazar límites, por una mirada moralizante, una que cree que el aspecto que tienen las cosas es más importante que su contenido.
Por poner un ejemplo concreto y reciente, aunque no local: seis días después de haber sido nombrado ministro de Cultura y Deporte por el nuevo presidente español, Maxim Huerta tuvo que renunciar a su cargo. Si uno leía la prensa internacional, veía cosas como esta: “Ministro de Cultura de España renuncia tras admitir que defraudó al fisco”, o esta: “Ministro de Cultura de España renuncia tras ser acusado de evasión fiscal”. Luego las noticias abundaban en detalles como este: “Maxim Huerta renunció hoy de su cargo tras conocerse que defraudó por más de 200.000 euros a Hacienda”. Cosas parecidas y aún peores (en tono y en moralina) en los comentarios en medios y redes: “Huerta se iba porque era un corrupto que había defraudado a la Hacienda española. Por tanto, no era admisible como ministro”.
El problema es que Huerta, de quien nada sé y no podría importarme menos como político, no hizo exactamente aquello de lo que se le acusa. La cosa fue así: entre los años 2006 y 2008, el ministro más breve de la democracia española facturó sus ingresos a través de una empresa, como forma de pagar el Impuesto de Sociedades y no el IRPF: es menos plata a través del primero. Cuando la Hacienda española controló con lupa sus aportes, descubrió que en realidad debía pagar el IRPF y no hacerlo a través de una empresa que no tenía más tarea que la suya ni más funcionario que el propio Huerta.
Asesorado por algún gestor fiscal, Huerta decidió presentar batalla legal frente a Hacienda y perdió. Pagó lo que le debía y siguió adelante con su vida. Todo esto ocurrió cuando Huerta se desempeñaba en el ámbito privado como presentador de televisión y nadie, ni siquiera el propio Huerta, tenía en mente dedicarse a la política. Diez años más tarde, Pedro Sánchez decidió nombrarlo ministro y el caso estalló en los términos que muestran los titulares que se mostraron antes.
En resumen, un señor que hizo una maniobra fiscal para pagar menos impuestos (algo que no es ilegal en sí mismo), que Hacienda declaró ilegal dada la situación de la empresa del señor, decisión que el señor recurre ante la Justicia, que dictamina que el señor no tenía razón y que debe pagar, algo que el señor hizo. Todo esto 10 años antes de que a nadie se le pasara por la cabeza que ese señor fuera a ser ministro de algo.
¿Qué es exactamente entonces lo que hace que Huerta renuncie? Mi apuesta es la moralina, el haber pasado de la necesidad de tener unos políticos éticos a tener unos que posean un pasado impoluto según los términos que definimos en el presente. Y que para más inri no son definidos según el presente estrictamente legal, sino según el presente que define el dedo moral y puritano que señala buenos y malos en las redes y en los infames comentarios de la prensa digital. Huerta renunció porque dejaron de importar los matices y el ruido triunfó sobre los detalles.
Como bien apunta el analista español Tsevan Rabtan, Huerta no debería haber dimitido, porque “se trata de una ilegalidad concreta que no lo incapacitaba ni legal ni éticamente para ser ministro. Y es muy mala noticia que dé la razón a los que piensan otra cosa. Le ha faltado el valor —o quizás el convencimiento personal— de decir que ser ministro no lo obliga a ser buena o mala persona, o a haber sido en el pasado buen o mal ciudadano”.
El genial rosarino Roberto Fontanarrosa tenía un chiste deportivo que, creo yo, resume muy bien los peligros de trasladar las exigencias de una necesaria ética política al mundo de la moral y las buenas y malas costumbres. En el chiste se veía a dos personas, uno un DT de fútbol y otro un periodista. El DT decía que él buscaba un marcador de punta que fuera serio, responsable, trabajador, con buenas costumbres. Y el periodista le preguntaba si lo que buscaba era un marcador de punta o un yerno.
Si seguimos en esta línea que desprecia el límite legal como único punto que no debe ser franqueado y nos pasamos moviendo la barra moralista hacia arriba, más que políticos que sepan cumplir su tarea tendremos un equipo completo de yernos. Que serán vigilados por un grupo cada vez más exigente de Torquemadas 2.0. Va a ser muy difícil para cualquiera estar a la altura.