La ortopedia de las almas

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Nº2020 - al de Mayo de 2019
por Fernando Santullo

Hace unos días estalló uno de esos microescándalos capitalinos que amagan sacudir la modorra habitual. Y que, así es la modorra, una vez superado su impacto inicial pasan a perderse en la nebulosa de escandalitos similares pasados. El disparador en este caso fue un comunicado de la Comisión Asesora para el Control de Tabaco del Ministerio de Salud Pública (MSP), que decía: “El acto de fumar, aunque sea con cigarrillo apagado o con productos que simulen ser cigarrillos, está comprendido dentro de las prohibiciones establecidas”. El comunicado decía además que el MSP está a cargo de “los controles pertinentes y aplicará las sanciones previstas”. También que la comisión actuaba respondiendo a las quejas de algunos espectadores que se habían sentido incómodos con esas escenas que incluían la ficción de fumar. En resumen, se prohibía la representación del acto de fumar en los teatros de Uruguay.

La medida provocó una reacción inmediata de los teatreros, que salieron a pedir explicaciones, a tomarle el pelo a la medida y a señalar su talante absurdo y totalitario. Como resumía Javier Alfonso en Búsqueda, luego de la indignación en las redes y de una reunión entre el MSP y el sindicato de actores, el ministerio dio marcha atrás en un comunicado en el que se disculpó “por los inconvenientes surgidos a partir de las interpretaciones alejadas del espíritu original del texto”.

“Allí expresaron que la prohibición de fumar en espacios cerrados alude exclusivamente al tabaco” y que “de ninguna forma se plantea interferir en las interpretaciones o representaciones de obras de teatro”. Conclusión: no habrá sanciones. Gol de los teatreros, que celebraron la aclaración como un triunfo propio, decía Alfonso en su crónica.

Mas allá de que la reacción del mundo de las tablas era obvia (eran sus más bien magros bolsillos los que atacaba la medida), a mí el comunicado me recordó otras acciones que se han tomado desde distintos gobiernos (los saleros en las mesas de los bares, por ejemplo) y también una vieja campaña para reducir los accidentes de transito que se lanzó en España cuando gobernaba Rodríguez Zapatero, allá por 2005. La campaña mostraba una serie de accidentes de tránsito horribles, en donde se veían niños y adultos muertos y ensangrentados, una voz en off nos llamaba a la precaución y terminaba diciendo: “No podemos conducir por ti”.

El mensaje era claro: si el gobierno pudiera conducir por ti, esas cosas horribles no pasarían y vos ni siquiera tendrías que preocuparte por ser precavido. Papá Estado lo haría todo por vos. Pero dada la imposibilidad logística de hacerlo, el gobierno no tenía más remedio que pedirte que, al menos por un ratito, mientras estabas al volante, te comportaras como un adulto. La medida sobre los “no puchos” que el MSP dispuso y luego descartó en menos de 72 horas supone avanzar en un camino similar: dado que sí puedo mandarte inspecciones a los contados teatros que aún funcionan en este país, puedo hacer de cuenta que no existe diferencia alguna entre ficción y realidad y multarte si tu ficción rebasa alguno de los límites sanitarios reales que hemos dispuesto.

El mismo día que se dio a conocer la absurda disposición ministerial, se hizo público a través de Búsqueda que por primera vez en la historia del país habían aparecido rastros de agrotóxicos en el agua de lluvia: los contaminantes estaban por primera vez dentro del ciclo del agua. Pero eh, eso es más difícil de controlar, es real. Además, multar a quien incumpla la ley contaminando el agua afecta la economía y puede llegar a afectar los indicadores que vendemos como fortalezas económicas patrias. Ojo, no estoy diciendo que los mismos señores que redactaron el comunicado absurdo sean quienes deban actuar sobre quienes contaminan el agua. Digo que es el mismo Estado, el mismo gobierno, los mismos responsables. Esos a quienes pusimos allí para que se hagan cargo de esos aspectos de la realidad que afectan nuestra vida ciudadana. De la realidad.

Por supuesto, no es la primera vez ni será la última, en que un gobierno intente salvarnos de nosotros mismos, de nuestras “malas costumbres”. Y eso no deja de ser curioso: quien nos pide nuestro voto cada cinco años, es decir, quien nos considera adultos capaces de elegir lo que es bueno para nosotros y para el resto, nos dice que no somos capaces de tomar decisiones adultas sobre nuestra salud y que por eso, pavlovianamente, lo mejor es escondernos los saleros. En el caso que nos ocupa, la autoridad está asumiendo que no somos siquiera capaces de distinguir entre realidad y ficción a la hora de tasar qué es bueno o malo para nosotros.

No suena muy democrático ser tratado como un niño o como un incapaz, menos cuando al mismo tiempo se nos demanda tener la capacidad de tomar decisiones sofisticadas en otro montón de aspectos de nuestras vidas. La tarea del gobierno debería ser la de informarnos de manera adecuada sobre los efectos de esos hábitos en nuestra salud, poner impuestos para intentar reducir su prevalencia y, sobre todo, para pagar los tratamientos médicos extra que se deriven de esos hábitos. Poca cosa más.

Es verdad, en nuestro pacto ciudadano con el Estado se incluyen un montón de cláusulas que nos dicen, de manera más bien compulsiva, que debemos hacer esto y lo otro, en nombre del bien común, so pena de multa o cárcel. Pero lo cierto es que esas cláusulas se refieren, de manera inmensamente mayoritaria, al mundo real, no a la ficción. Por eso el ministerio podría haber dicho a los espectadores quejumbrosos: “si usted se siente afectado por la representación de fumar, quizá no debería concurrir a ver esas obras”. Porque una cosa es el derecho a la queja y otra muy distinta, pretender, prohibir o eliminar todo aquello que genera o puede generar una queja. Especialmente cuando eso que genera la queja pertenece al mundo de las representaciones, no de lo real.

Qué cosas están permitidas en la realidad y qué cosas no, es algo que es sujeto de debate constante en las sociedades abiertas y democráticas como la nuestra. Ahí está el porro sin ir más lejos. Pero esos debates no trabajan sobre las representaciones de la realidad sino sobre lo real. Aceptar que unos funcionarios decidan qué contenidos son buenos o malos para nosotros, en nombre de nuestra salud, es asumir un trato implícito muy jodido. Es asumir que, por el hecho de ser quienes somos y hacer lo que hacemos, somos portadores de una suerte de tara moral que puede y debe ser corregida por el gobierno. Aceptar eso es dar por buena la ortopedia de las almas que nos propone el poder.

En este caso, la medida del MSP afectaba a un sector de ciudadanos, los teatreros, que tiene un alto grado de organización y llegada directa a las altas esferas del gobierno. De allí la veloz marcha atrás ministerial. La pregunta entonces sería: ¿qué pasa cuando esta ortopedia de las almas se aplica sobre sectores de la ciudadanía que tienen menos acceso a los medios, menos llegada a los jerarcas y menos capacidad de estructurar y organizar su demanda?

✔️ La bestia durmiente

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