Juan Sartori. Foto: Nicolás Der Agopián

Al final del gobierno de Mujica, sin tener la licencia para proveer al Estado, el empresario comenzó a preparar la cotización de la compañía en una bolsa de Canadá; el gobierno busca restringir la “especulación” en el nuevo llamado

Sartori ganó más de US$ 50 millones con la marihuana

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Nº2019 - al de Mayo de 2019
escribe Guillermo Draper

Ten, nine, eight, seven… corean 15 personas mientras aplauden y sonríen. Six, five, four, three… En el centro, Juan Sartori exultante. Two, one… Y Sartori presiona el botón para que suene “la campana” y dar inicio a la jornada de la Bolsa de Valores de Toronto. Es 1º de diciembre del 2016, día de salida a la bolsa de International Cannabis Corporation (ICC), la primera empresa en vender marihuana en las farmacias uruguayas. Sartori aprieta el botón una y otra vez, mientras invita al resto a que lo hagan. Es el resultado de una idea que comenzó más de dos años antes y que le abrirá posibilidades millonarias.

Esa escena, registrada en un video oficial de la Bolsa de Toronto, quedó fuera de las memorias que divulgó el precandidato por el Partido Nacional en su libro Volver a crear futuro. De hecho, Sartori no hizo mención a la marihuana recreativa en su autobiografía, pese a que el negocio de ICC incrementó su patrimonio en por lo menos US$ 50 millones, dijeron a Búsqueda fuentes que trabajaron en sus empresas.

En algunas declaraciones públicas, el precandidato pretendió incluso reducir el rol que tuvo en esa compañía, la única de las que creó en Uruguay que dio ganancias a sus accionistas.

—¿No sos proveedor del Estado en este momento? —le preguntó el 21 de enero uno de los conductores del programa Fácil desviarse a Sartori.

—No, y nunca lo fui —respondió.

—Bueno, de alguna forma eras proveedor a través de ICC, ¿me explico? 

—Bueno, sí. Pero en ICC ahí siempre fui accionista minoritario también. Es diferente en las empresas donde yo participé en la gestión que en las que simplemente invertí, fui un accionista como otros; en ICC fui un inversor en una empresa cotizada en bolsa que era ICC (…).

Esas respuestas no reflejan el proceso que desembocó en que ICC ganara la licencia para proveer la marihuana y levantara millones de dólares en los mercados internacionales, según documentos de la compañía analizados por Búsqueda y las consultas realizadas entre sus exempleados y funcionarios de los gobiernos de José Mujica y Tabaré Vázquez.

El Parlamento aprobó en diciembre del 2013 la ley que reguló el mercado de cannabis y habilitó la venta de marihuana en farmacias. El gobierno de Mujica abrió, en julio del 2014, el llamado para seleccionar hasta a cinco empresas interesadas en ser las primeras en producir la marihuana que se vendería al público.

Meses antes de que el gobierno oficializara el llamado, Sartori había ordenado a su equipo que estuviera al tanto del tema, porque sí o sí quería obtener una de las licencias. Entre sus lugartenientes había dudas sobre el negocio, ya que la “escala” del mercado uruguayo lo hacía poco atractivo. Sartori les dijo que quería obtener una licencia, porque el mercado de cannabis era una “burbuja” que debían aprovechar, según la reconstrucción de Búsqueda.

Meses antes de que el gobierno oficializara el llamado, Sartori había ordenado a su equipo que estuviera al tanto del tema, porque sí o sí quería obtener una de las licencias. Entre sus lugartenientes había dudas sobre el negocio, ya que la “escala” del mercado uruguayo lo hacía poco atractivo. Sartori les dijo que quería obtener una licencia, porque el mercado de cannabis era una “burbuja” que debían aprovechar.

Los documentos que presentó ICC en la licitación indicaban que los directores eran Óscar Costa, mano derecha de Sartori en los negocios y ahora también en su campaña electoral, y Francisco Roque, un ejecutivo de Union Group International Holdings de la época. Cuando la Secretaría Antilavado requirió información complementaria, surgió que el beneficiario final de la empresa era Union Group, cuyo fundador y accionista mayoritario era Sartori (60%), mientras que el minoritario era el fondo canadiense Dundee Corporation (40%).

Cuando aún competía por la licencia y previendo un resultado favorable, Sartori ideó el próximo paso. El empresario ordenó a su equipo que preparara una compañía (que se llamaría Shogun) que les permitiera cotizar en una bolsa de valores canadiense.

En noviembre de 2014, todavía sin la licencia, Union Group ya tenía borradores de lo que sería su presentación a posibles inversores extranjeros.

Sobre el final del período, en el gobierno de Mujica las autoridades estaban divididas sobre cuándo otorgar la licencia. Mientras que el prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa, era de los que preferían que el sistema de venta en farmacias comenzara a funcionar antes del 1º de marzo, otros consideraban que era mejor esperar. Primó la postura de Julio Calzada, entonces secretario general de la Junta Nacional de Drogas, quien no quería “atar de manos” a la administración siguiente, dijeron a Búsqueda fuentes que participaron en esas discusiones.

Así, si bien había quedado al borde de conseguir el negocio, ICC recibió la licencia en octubre del 2015, ya con Vázquez en el poder, y comenzó a cotizar en bolsa recién en diciembre del 2016, el día que Sartori hizo “sonar la campana”.

Casi dos años después, Aurora Cannabis, una de las principales empresas canadienses del rubro, compró ICC por US$ 220 millones de dólares, a pagarse con acciones de la canadiense y no en efectivo. La empresa tenía entonces en Uruguay la licencia por marihuana recreativa, una plantación de cáñamo y un laboratorio a estrenar, y una licencia para producir cannabis medicinal en Colombia. Los datos del gobierno indican que, hasta noviembre del 2018, momento de la venta de ICC, se habían comprado poco más de US$ 2 millones de marihuana en las farmacias.

Cuando las autoridades aprobaron la transacción, Union Group tenía el 29% de las acciones de ICC, por lo que le correspondían US$ 63,8 millones en acciones de Aurora Cannabis. De ese total, Sartori debía recibir el 60%: US$ 38,3 millones.

El último enero, Sartori llegó a un acuerdo con Dundee Corporation, su socio histórico, para comprar su participación en Union Group, lo que incluyó sus acciones en el tema cannabis. El CEO del grupo canadiense dijo el 29 de marzo en una conferencia telefónica con inversores que Dundee recibió unos US$ 14,5 millones en efectivo para abandonar Union Group.   

Fuentes que participaron en la creación de ICC y que siguieron en la empresa hasta poco antes de la transacción con Aurora Cannabis, estimaron que, teniendo en cuenta esa venta y la salida a la Bolsa en 2016, Sartori ganó con los negocios cannábicos iniciados en Uruguay más de US$ 50 millones.

Sartori no pasó a efectivo todas sus acciones de Aurora, por lo que sigue como “proveedor” del Estado, según los informantes. Eso se debe a que, por contrato, tiene restringido por el momento vender todas las acciones que recibió.

Consultado acerca de la estimación de US$ 50 millones, Sartori respondió: “No voy a hacer comentarios”. Ante la repregunta de si podía ser una cifra superior, ya que otros cálculos ubican esa ganancia en US$ 70 millones, insistió en que no hablaría del tema. Antes de que Búsqueda le preguntara si todavía tenía acciones de Aurora Cannabis, el precandidato cortó el teléfono.

Especulación

El gobierno de Vázquez decidió que no quería repetir la experiencia de ICC. En el llamado a nuevas empresas productoras de marihuana para las farmacias, que vence este viernes, incluyó en el pliego la prohibición de vender la licencia en un plazo de dos años, relataron a Búsqueda técnicos que asesoran a posibles interesados y que discutieron el tema con el Instituto de Regulación y Control del Cannabis.

“Esto busca desalentar la especulación, una práctica común en el mundo del cannabis”, detalló uno de los informantes.

Consultada al respecto, una fuente del gobierno explicó: “Buscamos que el interés principal sea la actividad productiva en sí misma y el cumplimiento de las metas para abastecer el mercado regulado”.

Otra de las prohibiciones incluidas en el llamado de este año, que no estaba en el primero, es que ninguno de los interesados puede tener participación en las dos empresas que ya venden marihuana al Estado.

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