Cuando lo caro es no ponerse de acuerdo

Pese a lo que nos hemos acostumbrado a ver y a lo que suelen reclamar los zumbados en redes sociales, nuestros políticos cobran para lograr ponerse de acuerdo en los temas sociales que más urgentemente necesitan atención. Cuando uno ve el tono en que se produce esa negociación entre nuestros representantes y sus más bien magros resultados, no es raro que se concluya que en realidad les pagamos para que escupan tonterías retoricas destinadas a agitar a la tribu propia antes que a intentar ponerse de acuerdo en esos asuntos.

Desde 2008, por lo menos, se sabe que, para asegurar la calidad y cantidad de agua que la capital necesita, hace falta al menos una obra. El gobierno de entonces, del Frente Amplio, llegó a la conclusión de que la obra era una represa sobre el arroyo Casupá. Y, de hecho, hasta consiguió el financiamiento para cubrir los US$ 130 millones que costaba hacerla. Cuando asumió el gobierno de Luis Lacalle Pou, ese proyecto fue dejado de lado con el argumento de que la represa se haría en la misma cuenca que ya había mostrado ser problemática para el abastecimiento. Así que planteó el proyecto Neptuno. Este costaba unos US$ 800 millones e incluía la participación de privados. Para cuando llega la crisis hídrica de 2023, los dos proyectos eran solo eso, proyectos. Y así seguimos hasta hoy, con proyectos.

En resumen, tras las idas y venidas, estamos como en 2008. Y eso después de una crisis hídrica que le provocó al país pérdidas de alrededor de US$ 2.000 millones. Solo en Montevideo, los hogares gastaron unos US$ 112 millones adicionales en agua embotellada durante esos meses. Además, OSE gastó millones en camiones cisterna, obras de emergencia (como la represa provisoria en Paso Belastiquí) y la mezcla de agua con mayores niveles de cloruro y sodio dañó calefones y tuberías. Por su parte, en su Anuario OPYPA 2023, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca estimó pérdidas directas de más de US$ 1.800 millones en el sector productivo del país. No es un exceso decir que este es el ejemplo reciente más claro de que, cuando se trata de infraestructura estratégica, lo más caro para un país chico y no demasiado rico es no ponerse de acuerdo.

Lo irónico es que, siguiendo su tradición de reacomodo de facto (es decir, por la vía de los hechos, sin reconocer errores y sin darles mucha pelota a los organismos de contralor), ahora el conjunto del sistema político parece haber asumido que son necesarias las dos obras. Y digo el conjunto del sistema político porque, más allá de los argumentos o coartadas circunstanciales, son gobiernos de todo signo los que han logrado que los proyectos queden solo en eso. Por un lado, sobre Casupá pende la duda de cuánto afectaría el monte nativo al inundar más de 1.000 hectáreas. Esto violaría varios de los acuerdos que Uruguay tiene firmados en la materia. Por el lado de Neptuno (y sobre esto se habla bastante menos que sobre Casupá), el gobierno de Yamandú Orsi (Frente Amplio) optó por una renegociación del contrato existente que había firmado la administración anterior en enero de 2025. Renegociación observada por el Tribunal de Cuentas, por cierto.

La pregunta es bastante clara: ¿se habría ahorrado Uruguay al menos parte de esos US$ 2.000 millones si existiera un pacto de Estado sobre infraestructura estratégica entre todos aquellos partidos que pueden llegar a gobernar? Algo parecido se puede argumentar en el caso de Cardama, en el que se optó por dinamitar el contrato. Es verdad que la existencia de un pacto le saca munición política a los partidos, que se han acostumbrado a hacer campaña y gestión en términos morales y no de bienestar ciudadano tangible. Colocarse como reserva moral de la patria es muy distinto a tener que rendir cuentas sobre los asuntos de la realidad que se concretan o no.

El daño o beneficio moral de una medida es mucho más ambiguo y difícil de tasar que los impactos de una crisis hídrica provocada por la falta de infraestructuras adecuadas. Por eso, esa parece ser la opción natural para los políticos del cachetazo: moralicemos que igual eso no se puede medir, mientras pateamos para adelante una inversión de infraestructura tangible y esencial. A menos, claro, que esa obra en cuestión pueda ser usada como maravillosa muestra de gestión. Pero para eso la obra no puede durar mas de cuatro o cinco años. Y ahí está el ouroboros específico de nuestra penillanura: en la medida en que la ciudadanía premie con su voto esta forma de hacer política, los políticos no tendrán el menor incentivo para cambiarla.

Sería deseable desplazar la mirada desde la autocomplacencia ideológica hacia el mundo material, que es donde se juegan las mejores o peores condiciones de nuestra existencia. Para eso es necesario dejar de premiar la política de los cachetazos. Porque lo cierto es que nos viene saliendo carísimo seguir jugando a ser solo un par de bonitos proyectos.