De burbujas, reparaciones históricas y prohibiciones

Otros respiran dentro de la burbuja del síndrome de hubris y promueven, de forma discrecional, la construcción de oficinas para alojar más burócratas que sirvan al Poder Legislativo, mientras se caen a pedazos las plazas públicas con sus respectivas fuentes y monumentos. Cada tanto, estos funcionarios alzan la voz por una rendija de la burbuja para defender a alguna ordinaria anónima cuyo único mérito visible consistió en insultar a quienes piensan distinto.

Y luego aparecen los promotores de la cuota forzada, convencidos de que toda desigualdad histórica se resolverá mediante porcentajes reglamentarios. Una iniciativa titulada “Ley de mujeres y disidencias en la música” propone cupos obligatorios del 50% para artistas mujeres y disidencias en espectáculos subvencionados con dinero público. El proyecto parte de una premisa aparentemente noble y plausible, aunque desemboca en situaciones que podrían llegar a rozar el absurdo administrativo. No todos los géneros musicales poseen idéntica distribución de intérpretes ni responden a las mismas tradiciones culturales. Imaginemos por un instante un festival de rock, de jazz o de payadores, obligados a cumplir una cuota rígida bajo amenaza de sanción financiera (no payadores a la vieja usanza, sino “los nuevos payadores, que serían los reguetoneros”, como expresó Lucía Topolansky). La cuota la podrán llevar adelante o bien delimitando la cantidad de intérpretes, o bien renunciando al título del festival (“de jazz”, “de blues”, “de rock”, etcétera). Como dijo alguien, todo esto financiado naturalmente con los impuestos que tributa el obrero que se levanta las seis de la mañana para descargar cajones en el Mercado Modelo mientras escucha que el verdadero problema estructural de Uruguay es que en La Trastienda hay demasiados hombres tocando la batería. Más allá de esta ocurrencia, resulta difícil no advertir cierta desproporción entre la épica discursiva de algunos colectivos y las preocupaciones materiales de buena parte de la población.

Hace pocas semanas, un reconocido y premiado cineasta español, que no quiso divulgar su nombre, le confesó a una periodista: “¿Te puedes creer que cada vez que mi productora va a pedir una subvención —porque, si no, no hay manera de hacer cine en España— tengo que buscar dos o tres mujeres para incorporar a mi equipo? Y mientras tanto, a mi equipo —con el que tengo la más absoluta confianza— lo tengo que poner a trabajar en negro”. Es decir, si el cineasta agrega a su propio equipo a la plantilla y declara los aportes correspondientes, se le desbalancean los porcentajes exigidos por el gobierno con relación al sexo de los contratados.

A propósito de las “disidencias”, una activista fustigó en un programa de streaming a quienes todavía insisten en discutir la relación entre idoneidad y cuota. “Primero debemos darles visibilidad a los invisibilizados; luego se podrá pensar en el valor de su producción artística” (sic), afirmó. En buen romance: no reviste interés alguno el colocar en primer lugar el conocimiento del oficio que el sujeto dice cultivar, siempre y cuando se trate de un militante que les conceda visibilidad —desde su impronta corporal— a las disidencias. (Y acá la palabra visibilidad debe tomarse en su acepción más radical). Por ejemplo: un cantante aficionado, pero queer, de “orientación sexual o identidad de género no normativa” al que se le abrirán las puertas, escenarios y micrófonos. Sin embargo, imponer un equipo de trabajo en el que haya una cantidad predeterminada de mujeres o valorar una obra por el simple hecho de que el artista sea homosexual (o de cualquier otra identidad categorizada, lo cual incluye, por supuesto, a hombres heterosexuales) es un criterio empobrecedor. Desde que el paradigma “lo privado es político” (sic) se transformó en la regla de todas las cosas, es lógico que se reduzca la obra artística a la genitalidad, a la orientación sexual, a los antepasados indígenas o al color de piel de los protagonistas.

Todo esto sucede en el mismo contexto de un país cuyos funcionarios públicos dilapidan 1,6 millones de dólares en catering (mientras merendaron los sándwiches, ¿habrán pensado en la pobreza infantil?), hacen un show de transformers en la Torre Ejecutiva, llevan murgas al Palacio de las Leyes (dejando en evidencia que distinguen muy bien los significados simbólicos del populismo), juegan al TikTok desde la intimidad de una cama matrimonial, como si el ejercicio del poder fuese una extensión guaranga de la intimidad doméstica, o prolongan una medida gremial que impide la presentación en el Teatro Solís de uno de los cornistas más importantes del mundo.

Detrás de este paisaje de prohibiciones, regulaciones, subregulaciones, burocracia expansiva, intromisión estatal, empobrecimiento del lenguaje y paros municipales indolentes, la Agencia del Cine y el Audiovisual del Uruguay, la Presidencia de la República y la Intendencia de Montevideo anunciaron el rodaje de la ficción El futuro es nuestro, de la productora K&S Films, que se está desarrollando en Montevideo. El rodaje comenzó el sábado 9 de mayo en Ciudad Vieja y tiene prevista una duración de 27 días. Más de una vuelta de tuerca se le puede dar al significado de haber elegido como locaciones algunas zonas de la ciudad para ambientar una historia distópica que transcurre en el año 2047. De acuerdo con la escenografía instalada (carpas en las que parecen sobrevivir marginales en situación de calle), se podría decir, sin temor a exagerar, que no faltan tantos años para llegar a ese grado de deterioro. Bien podría ser La Habana del año 2026 o varias zonas de Montevideo dentro de cinco años. Siempre se ha dicho que todo tarda en llegar a Uruguay, pero en escenarios distópicos como los señalados nos adelantamos a nuestro propio futuro.

Varios periodistas y la casi totalidad de los politólogos locales cierran filas alrededor de este escenario con el vano intento de mantener algunas apariencias. Al mismo tiempo, siempre existirá algún burócrata dispuesto a seguir mirando la realidad desde el interior de su burbuja, acompañado por asesores, comisiones, viajes al exterior, protocolos inclusivos y servicio de catering. Después de todo, nada tranquiliza más a una administración consumida por su apatía que la multiplicación de oficinas destinadas a diagnosticar las derivaciones de su propia incompetencia.

Especial para Búsqueda.

Oscar Larroca es artista visual y ensayista.